México, noviembre (SEMlac).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, reconoció ante la ONU que, en México, en estos últimos tres años se agudizó la desaparición forzada en el país, por la conjunción de corrupción e impunidad, las condiciones de desigualdad, la pobreza extrema y la falta de presupuesto.
Urgió a que las autoridades y la sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda, que afecta principalmente a niñas y mujeres, lo que significa restituir recursos a las instancias que prevengan y atiendan el flagelo.
Reconoció que el Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas - más de 90.000 según datos oficiales, 30 por ciento más que hace tres años-, deuda también con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, que hace necesario dotar de presupuesto a las instancias que pueden prevenir y atender, una situación que bien puede definirse crítica e imparable.
Así lo dijo en la reunión que sostuvo con integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de visita en México.
Luego Piedra Ibarra admitió que en el país existe una crisis de desapariciones que viene de muy atrás, pero que "se ha recrudecido en los años recientes debido, principalmente, a la conjunción de corrupción e impunidad y se agudiza por las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social".
Durante el encuentro, celebrado en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también afirmó que existe debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones y afirmó que para superarla es necesario cambiar los esquemas heredados - hace ya tres años- y establecer un marco normativo mínimo idóneo, la realización de un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
En la reunión, a la que asistieron los miembros del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU Horacio Ravena, Juan Pablo Albán Alencastro y Sergio Giuliano, así como Alán García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la presidenta de la CNDH consideró urgente abordar, de manera seria y responsable, la deuda histórica que se tiene con las víctimas de la represión política del Estado y el esclarecimiento del periodo conocido como "la Guerra Sucia", a fin de ubicar en su tiempo-espacio de investigación todas las violaciones a derechos cometidas desde mucho antes de los años sesenta y hasta fechas muy recientes.
Asimismo, propuso lograr el adecuado funcionamiento de los servicios médicos forenses de todo el país; continuar con la construcción de centros regionales de identificación humana y priorizar la toma de acciones que materialice, en los ámbitos federal y local, las estructuras creadas para la búsqueda en vida de personas desaparecidas en los plazos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También planteó canalizar recursos presupuestarios para la atención de este grave problema; fortalecer la capacitación y certificación de ministerios públicos, policías, peritos y de todo el personal que participe en labores de búsqueda; garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas y procurar un trago digno para ellas; así como establecer lineamientos para la participación de los familiares, de las organizaciones de la sociedad civil y la propia CNDH, en actividades de investigación, entre otras propuestas.
Al subrayar que para la Comisión Nacional la desaparición forzada de personas es un asunto de particular interés y atención, Rosario Piedra Ibarra explicó que durante su gestión se han emitido nueve Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, relacionadas con el delito de desaparición forzada, dirigidas a diversas autoridades federales y estatales; además de que se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, que trabaja con víctimas señaladas en la Recomendación 26/2001, emitida por este Organismo, cuya reparación del daño está pendiente y con nuevas víctimas, no incluidas ni identificadas.
Por otro lado, afirmó que "la propia Comisión Nacional que presido, fue en muchos sentidos corresponsable de este círculo vicioso de impunidad-repetición. Y por eso estamos transformándola", de ahí que actualmente se encuentra reformando su Programa de Personas Desaparecidas (PERDES) con el objeto de que cumpla su función de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas desaparecidas, así como de sus familiares y allegados.
Finalmente, destacó que el fenómeno de las desapariciones es una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de manera integral y resaltó que "no podremos hablar de ser una democracia sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, mientras no se dé una respuesta integral a este flagelo".
En la reunión, la presidenta Rosario Piedra Ibarra estuvo acompañada por el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, la coordinadora general de Seguimiento a Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, Luciana Montaño Pomposo, y el director general de Asuntos Internacionales, Daniel Velasco Macías.