México, mayo (SEMlac).- La exigencia de las sobrevivientes de feminicidio en México de ser nombradas, visibilizadas y que se legisle para la garantía de seguir vivas fue el reclamo de Carolina Ramírez, defensora de derechos humanos hace 35 años, pero que fue una víctima.
Dijo que es muy importante que los agresores feminicidas no sean liberados, a veces con multas risibles. El pasado 25 de noviembre, con un emocionado y documentado discurso, pidió garantizar la prisión preventiva oficiosa en todo proceso.
Tras conocerse el acuerdo de la Cámara, para tipificar el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, señaló que la lucha ha dado frutos y desde Xalapa, Veracruz, reconoce que todavía falta camino y llamó al Senado de la República a aprobar el dictamen y lo mejore.
Ramírez es una de las sobrevivientes más activas y contribuyó a que ahora se aprobara, en la Cámara de Diputados, reformas que reconocen el feminicidio como delito y condenan hasta con hasta 40 años de cárcel la tentativa de feminicidio.
Ella dice que el camino ha sido largo de exigencia, que la aprobación ahora del dictamen es un avance, pero aún falta.
Ramírez, víctima de tentativa de feminicidio, es solo una de las historias de los intentos de feminicidio que quedan desamparados por la justicia en México.
Por ejemplo, en los últimos ocho años, las fiscalías de todo el país abrieron 595 investigaciones diarias en promedio por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres, es decir, más de 1,7 millones en total. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo solo se iniciaron 781 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa.
Son datos tomados del texto Sobrevivientes de feminicidio, olvidadas por la justicia, publicado por la UAM Cuajimalpa del trabajo de investigación de Gloria Piña.
Ella sostiene que los vacíos legales en México permiten esa cifra de mujeres que sufren ataques violentos sin ser vistas y agrega que de esas investigaciones, se desconoce cuántos casos de extrema violencia llegaron a juicio porque considerados como lesiones o violencia familiar, debieron ser clasificados como tentativa de feminicidio, y no fue así por falta de perspectiva de género en la administración de justicia.