Ciudad de México, agosto (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) La prisión preventiva oficiosa afecta más a las mujeres que a los hombres, considera la organización EQUIS Justicia, pues a partir de 2019 el número de mujeres sin sentencia ha crecido en 23 por ciento, y tres de cada 10 mujeres han esperado dos años o más para tenerla.
De acuerdo con los censos nacionales penitenciarios, dados a conocer en julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 39 por ciento de la población privada de la libertad en el país no tiene sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49,3 y para los hombres, de 38,4.
Por ello fue motivo de celebración que, el pasado 14 de julio, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte resolviera una contradicción de criterios sobre el uso de la prohibición de la prisión preventiva, determinando que mediante un juicio de amparo todo imputado por la comisión de un delito al que se le dicte prisión preventiva oficiosa, podrá solicitar la imposición de otras medidas cautelares.
Advierten que no implica que se dejará de usar la prisión preventiva oficiosa, pero sí abre una puerta para que las personas privadas de su libertad, bajo esta figura, puedan ampararse y tener derecho a una audiencia, donde el juez de control resolverá qué medida cautelar es más adecuada. Un ejemplo es que la persona vaya a firmar periódicamente, llevando su proceso en libertad.
EQUIS Justicia enfatiza: "Esto representa un paso importante en favor de su eliminación porque, una vez que se publique la sentencia, ¡será de carácter OBLIGATORIO para los tribunales penales de la región centro-norte del país!".
Asimismo, reafirman su posición de que la prisión preventiva oficiosa resulta una medida desproporcional que ha causado estragos en México. ¡#No Es Justicia si se basa en el castigo y es contraria a los derechos humanos! #PunitivismoNoEsJusticia
La resolución del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte retoma las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los casos Tzompaxtle, Tecpile y otros contra México; García Rodríguez y otro contra México, en las que se condena al Estado mexicano y se declaró la convencionalidad de dicha medida.
La prisión preventiva automática, mejor conocida como oficiosa, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen "grave", sin un juicio y sin sentencia.
La prisión preventiva oficiosa es un tema no sólo polémico, sino de gran relevancia en el marco del Estado de derecho del país, ya que su implementación conlleva un gran debate entre los ordenamientos legales que acuerdan los criterios y procesos de la prisión preventiva oficiosa, frente a lo que se establece en los ordenamientos legales de los derechos humanos.
De igual forma, el tema es de interés, pues actualmente el sistema penitenciario cuenta con un alto porcentaje de presos sin sentencia condenatoria, lo cual también se encuentra en el supuesto de la violación a derechos fundamentales de los imputados y, de manera adicional, ha generado una sobrepoblación en tal sistema en todo el país, como especifica el Centro de estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Más de 226.000 personas privadas de la libertad; 5,6 por ciento mujeres
Al cierre de 2022, en los ámbitos federal y estatal la población privada de la libertad se conformó por 226.116 personas: 94,4 por ciento eran hombres y 5,6 por ciento, mujeres. Con respecto a 2021, se registró un aumento de 2,6 por ciento.
Cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad (39%) no cuentan con una sentencia; están en prisión de manera preventiva.
A nivel estatal, ellas van a prisión por robo, secuestro, homicidio; y, a nivel federal, por delitos contra la salud, señala EQUIS Justicia, lo que pudieron comprobar en el "Taller de análisis de sentencias", que realizaron junto a mujeres ex privadas de la libertad.
En Baja California Sur, el Estado de México y Michoacán, todas las mujeres en prisión sin sentencia están en prisión preventiva oficiosa.
En casi la mitad del país (14 estados), la proporción de mujeres sin sentencia que está en prisión preventiva oficiosa supera 70 por ciento.
La saturación de las cárceles con personas sin sentencia ocurre pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de despresurizar el sistema penitenciario.
En abril de 2020, el gobierno promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6.000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
De diciembre del 2020 a mayo pasado, sólo un total de 332 personas han sido beneficiadas de la Ley de Amnistía, según el Poder Judicial de la Federación.
Las sentencias de la CIDH
El pasado 27 de enero, la Corte IDH ordenó al gobierno dejar sin efecto el arraigo y adecuar la prisión preventiva a estándares internacionales, en el caso TzompaxtleTecpile y otros vs. México, tras determinar que el Estado mexicano era responsable de diversas violaciones a derechos humanos por la detención de tres personas por parte de la policía en 2006.
Sin embargo, en dicha ocasión, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó la sentencia, la cual consideró una "falta de respeto al Estado mexicano".
El 12 de abril, la Corte IDH se pronunció nuevamente sobre el tema, pero ahora sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva durante más de 17 años sin sentencia; ordenó dejar sin efecto el arraigo pre-procesal y adecuar la medida de la prisión preventiva oficiosa a las normas internacionales.
Para tal resolución, el gobierno mexicano dijo que la resolución serviría para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.
Equis: Justicia para las Mujeres es una organización feminista que trabaja a favor del acceso a la justicia para todas las mujeres. Entre sus investigaciones destaca la situación de las mujeres acusadas o sentenciadas por la comisión de delitos.
Desde 2014 ha desarrollado varias investigaciones y acciones dirigidas a visibilizar a las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. Asimismo, ha participado en esfuerzos a niveles latinoamericano y nacional para incidir en políticas públicas encaminadas a este grupo.