"Las mujeres sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada", señala el informe de esa organización.
En este estudio, un centenar de mujeres recluidas en prisiones federales contaron que habían sufrido tortura u otros malos tratos, algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina.
Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero solo en 22 casos se habían abierto investigaciones.
"Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso, que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
"Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico' de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles".
La mayoría de las mexicanas encarceladas que hablaron con AI dijeron que habían sufrido tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales, así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio.
Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como "criminales" inmediatamente después de haber sido obligadas a "confesar" los delitos. La mayoría procede de entornos de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que puedan costearse una defensa efectiva.
Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, solo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres.
Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
"Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.
De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales", señala el documento.
A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a AI de que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.
Según informó la Marina, sólo cuatro de sus miembros fueron suspendidos en el mismo período. Un marino condenado a prisión por abusos sexuales fue apartado temporalmente del servicio, lo que le permitiría reincorporarse a su puesto una vez cumplida la pena de cárcel.
Las autoridades negaron a la organización internacional el acceso a información crucial en el curso de su investigación.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de AI el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario.
Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de AI para tener reuniones.