Taller aboga por inclusión social de personas con discapacidad intelectual

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15 de Abril de 2024
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Taller aboga por inclusión social de personas con discapacidad intelectual. Foto: Ilustrativa/ SEMLAC Cuba.
Taller aboga por inclusión social de personas con discapacidad intelectual. Foto: Ilustrativa/ SEMLAC Cuba.

La Habana, abril, (SEMlac).– Cuba ha logrado avances en el reconocimiento jurídico y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual gracias a la implementación de nuevas leyes, pero aún quedan múltiples retos en relación con los derechos de este grupo poblacional.

Así lo reconocieron expertos, representantes de organizaciones civiles y gubernamentales, activistas, personas con discapacidad intelectual y familiares durante el taller “Discapacidad intelectual en Cuba. Avances y desafíos para la inclusión social”, celebrado el 8 de abril en La Habana.

Participantes en el encuentro, organizado por la Asociación de Naciones Unidas para Cuba (Acnu) y la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual (Acpdi), coincidieron en la necesidad de que autoridades, organizaciones civiles, academia y sociedad en general aúnen esfuerzos para construir un país más respetuoso de la diversidad.

Para el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, de la Unión de Juristas de Cuba, se ha avanzado en el reconocimiento de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo tras aprobarse el Código de las Familias, que ha llevado a la adecuación de otras normas, como el Código Civil.

Sin embargo, queda un largo camino por recorrer para que quienes operan el Derecho comprendan que los asuntos relacionados con las personas con discapacidad intelectual, les competen, en primer lugar, a ellas mismas, apuntó.

Para el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, queda un largo camino por recorrer para que quienes operan el Derecho comprendan que los asuntos relacionados con las personas con discapacidad intelectual les competen, en primer lugar, a ellas mismas. Foto: SEMlac Cuba

“Hay que escucharlas”, dijo el jurista, “y si tienen la capacidad de expresarse y decidir, la operación ante la ley debe hacerse en primera persona”.

En estos casos, las terceras personas serán un apoyo, estarán para asistir, para facilitar la comunicación, pero no para sustituir la voluntad, remarcó.

Pérez Gallardo resaltó que, en este sentido, una de las funciones estratégicas de la Acpdi debe ser la de educar a sus asociados para ampliar su cultura jurídica, que conozcan sus derechos y, a la vez, se puedan convertir en educadores.

La organización, creada oficialmente en junio de 2023, se ha convertido en actor clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, subrayó su presidenta nacional, Mayelín Oliva Rodríguez.

En su opinión, entre los mayores retos que enfrentan destacan la falta de sensibilización y conocimiento sobre la discapacidad intelectual, las barreras físicas y de actitud que dificultan la participación social de estas personas, así como la necesidad de fortalecer las políticas públicas y los servicios de apoyo.

Pérez Gallardo remarcó como hitos importantes el reconocimiento de la autonomía de la persona, elemento central de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Cuba en 2007.

Sin embargo, consideró que la sociedad cubana todavía discrimina a las personas en situación de discapacidad. “Muchas veces hablamos de protegerlas, y sí, se protege a la persona, pero la finalidad debe ser proteger los derechos de las personas”, explicó el jurista, y sostuvo que el ejercicio de la capacidad jurídica es un derecho humano.

Con el experto coincidió Johana Pereira Pérez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien enfatizó que la reforma legislativa cubana “ha puesto el foco en el respeto a las voluntades y preferencias de las personas en situación de discapacidad”.

La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Johana Pereira Pérez, enfatizó en que la reforma legislativa cubana “ha puesto el foco en el respeto a las voluntades y preferencias de las personas en situación de discapacidad”. Foto: SEMlac Cuba

“No solamente se trata de un derecho está en una norma, sino que luego lo que está en la norma tú lo puedas ejercer por ti mismo, disfrutar y, si es vulnerado, defenderlo”, explicó.

Pereira Pérez destacó la importancia de “los apoyos y ajustes razonables y las salvaguardas” como herramientas para garantizar el ejercicio autónomo de los derechos; pero también la accesibilidad. Ello es lo que va a permitir que la persona pueda, en ciertos entornos y ambientes, ejercitarlos, pero también, en otros entornos, defenderlos”, dijo.

Inclusión laboral: un desafío para la autonomía

De acuerdo con Oliva Rodríguez, la Acpdi cuenta con más de 150.000 personas afiliadas en la nación caribeña, cifra que la convierte en la organización de personas con discapacidad más numerosa de Cuba, y ya tiene filiales en varias provincias del país.

A su juicio, un desafío urgente para la organización es lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual después de los 18 años.

“Cuba tiene una fortaleza en los pilares de la salud y la educación, que las personas con discapacidad intelectual reciben desde que nacen”, afirmó.

Pero, “a los 18 años, muy pocos pasan al vínculo sociolaboral y la mayoría quedan restringidos al vínculo sociofamiliar. Esto significa que Cuba pierde en materia laboral dos cubanos: el potencial de la persona con discapacidad y el de la que brinda el apoyo familiar, generalmente la madre”, precisó la presidenta de la Acpdi.

Agregó que, como una propuesta de solución a esta problemática, la asociación propone la creación de centros ocupacionales en los municipios, que ofrecerían la oportunidad de desarrollar habilidades, participar en talleres de manualidades, deporte, cocina, huerto, pantomima, danza y psico ballet, entre otras actividades.

“El objetivo es que estas personas puedan seguir su autonomía, aprendizaje y tengan un espacio donde estar mientras sus madres se incorporan a la vida económica”, explicó Oliva Rodríguez.

Insistió en que debe conocerse más lo que plantea la legislación cubana en materia de discapacidad intelectual y destacó que la Acpdi prioriza el trabajo desde la comunidad y el empoderamiento y participación de sus asociados.

“No podemos seguir viendo la discapacidad centrada únicamente en la persona”, dijo Omar Torres, profesor de Psicología Especial en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.

“Muchas veces quien discapacita es la propia sociedad, a partir de prejuicios, estigmas, de patrones que se han ido configurando sobre la persona con esta condición y sobre la discapacidad en sentido general”, subrayó el también presidente de la Cátedra de Estudios sobre Discapacidad, de la casa de altos estudios capitalina.

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