La directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, Ana Dulce Aguilar García, señaló que en “el sistema anterior se violaban garantías sistemáticamente”. En eso coincidieron las ponentes de la mesa sobre el debido proceso penal, la abogada defensora Sayuri Herrera Román, y la integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Yuteita Valeria Hoyos Ramos, quienes expusieron que el enfoque de género queda fuera de los procesos y pone en desventaja a las mujeres.
Herrera Román mencionó un caso en el que trabaja actualmente de 12 mujeres que denunciaron violencia por un violador serial. Dos de ellas, menores de edad, no se sintieron psicológicamente dispuestas a declarar ante el Tribunal, el cual decidió reponer las audiencias.
“Pero el Tribunal dice que se repone para todas las víctimas, de modo que no sólo se tendrían que presentar las dos menores de edad, sino las otras diez que sí se presentaron, que sí expusieron los daños que habían causado estos hechos, lo que resulta del todo victimizante”, narró la abogada.
Al interponer un amparo contra esta decisión, continuó, en el Tribunal le dijeron: “¿Sabe usted que si promueve el amparo se va a dilatar el proceso tres meses? ¿No sería mejor que comparecieran ellas de nuevo y se resuelve rápido?”. Herrera se negó a asumir la responsabilidad, ya que argumentó que es el Tribunal quien tiene que garantizar un proceso con perspectiva de género según los estándares nacionales.
En opinión de Yuteita Hoyos, “el nuevo sistema carece de una perspectiva de género en cada una de sus etapas. Son los prejuicios, la misoginia que persiste en los Ministerios Públicos, dijo y recordó que la mayoría de las víctimas no llega a un proceso, sino que su caso queda atrancado en la investigación inicial. Desde su experiencia, “son tan mermadas psicológicamente en las entrevistas, que se desaniman.”
Relató que el debido proceso se creó para limitar el poder del Estado y darles garantías a todas las personas implicadas, tanto imputadas como denunciantes. Sin embargo, la abogada identificó varios problemas que afectan seriamente los derechos de la víctima. Por ejemplo, en muchos casos, las mujeres no tendrían una asistencia jurídica antes de declarar.
En cambio, el inculpado al tener acceso y leer la declaración, “el sí va tener las herramientas, y la asesoría previa para defenderse.” Hoyos siguió con su crítica de la primera etapa judicial y cuestionó: “¿qué integra una carpeta de investigación? dictámenes periciales, médicos, psicológicos… seguimos aplicando pruebas que no están orientadas a víctimas de violencia”, dijo.
Según su experiencia, en las Fiscalías “se sigue utilizando la misma metodología en piscología que se usaba en el sistema inquisitivo.” Hoyos observó que en muchos exámenes se constató que la víctima no tenía afectación psicológica, cuando la abogada considera lógico que una mujer que ha sido violentada durante años, necesita acumular alguna fuerza para denunciar.
Este fortalecimiento o empoderamiento, se volvería una desventaja: “mujer con carácter agresivo”, diría el examen psicológico al final, concluyó la abogada. Por lo tanto, consideró necesario que otras áreas académicas se involucren en la etapa de investigación, como la victimología o la psicología con perspectiva de género.
Hoyos consideró que los avances que se dieron en el derecho se lograron a través de movilizaciones de feministas, y que ese sería el camino a seguir. Para ella es importante que se apliquen las normas que ya se lograron, por ejemplo, que se implementara el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todas las materias.
Sin embargo, dijo que el debido proceso sigue siendo necesario. Mencionó los casos de mujeres privadas de libertad que no pudieron defenderse en el pasado, por ejemplo, acusadas de abandono de menor de edad, por salir a trabajar. Ana Aguilar agregó que en el caso de ser acusadas, las mujeres siguen enfrentando violencia estructural. “Normalmente, las sanciones que reciben tienen en su base estereotipos como ‘no es una buena madre’”, dijo.
Sayuri Herrera insistió en que habría que refundar el derecho, desde la teoría, hasta la enseñanza en las facultades, y la presencia de mujeres en posiciones de decisión. Un aumento de penas, en cambio, sólo sería una propuesta populista y no una solución dada la cifra de 99.3 por ciento de impunidad.
Agregó que la reparación integral del daño que se está implementando cada vez más, no debe de concentrarse en el inculpado, sino también en sanciones a instancias y funcionarias omisas. Un ejemplo de eso serían las disculpas públicas de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y del servicio forense en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
Sin embargo, “la sanción a servidores públicos, siempre nos falta”, opinó. Puede haber muchas capacitaciones a operadoras y operadores del sistema judicial, dijo, pero sin sanciones sería difícil saber cómo tratar a personas funcionarias que actúan de manera indebida.
Ana Aguilar concluyó: “No podemos aspirar a que los funcionarios del sistema judicial sean mejores personas. Pero sí podemos aspirar a que cumplan con sus obligaciones, y entre esas está aplicar la perspectiva de género.” (Sonia Gerth)