Ciudad de México, junio (SEMlac).- (Imagen Ilustrativa/depositphotos) La profesión periodística en México sigue en alto riesgo, peor si se es mujer, según el reporte del Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras del primer trimestre de 2023, generando zonas de silencio.
El reporte anota el asesinato en este periodo de la concejala Marleni del Carmen Reyes, por defender a las mujeres de la violencia machista, el 18 de marzo, en el cantón Lagunetas del municipio de Cintalá, en el departamento de Chalaengo, en El Salvador.
El recuento señala que sucedieron más de mil agresiones a personas defensoras de los derechos humanos en esta región mesoamericana, que abarca desde la zona meridional de México hasta la provincia de Guanacaste en Costa Rica; abarcando toda Centroamérica.
En México, se anota, las periodistas reciben amenazas, denuncian desapariciones y agresiones físicas, todo como una constante; peligran las periodistas que hacen coberturas en la calle o investigan a personajes de la clase política o del crimen organizado. México ocupa el primer lugar como país donde crecen las zonas de silencio, donde se deja de informar mientras se mantiene la impunidad.
Destaca que, en marzo, como algo dirigido, en el mes considerado de las mujeres, estas fueron particular y mayormente agredidas en calidad de defensoras de los derechos humanos.
El reporte señala que, en el primer trimestre, sucedieron 11 agresiones diarias a personas y colectivos identificadas como defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica.
En México, más de la mitad de las agresiones (57%) fueron a periodistas y a quienes defienden la libertad de expresión.
Todo ello según el Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras en la región de Mesoamérica.
Durante el primer trimestre de 2023, el conteo informa 1.028 agresiones contra 274 defensoras; 703 se produjeron en el marco de acciones colectivas; 289 fueron ataques individuales y 36 estuvieron dirigidas contra organizaciones.
En primer lugar, la violencia física, psicológica o verbal con una de cada cinco; siguió el hostigamiento, hasta 15 por ciento; y limitación, impedimentos y/ o ataques por ejercer el derecho a la libertad de expresión, con siete por ciento.
Los agentes del Estado, el funcionariado público y las fuerzas policiacas y militares siguen siendo los principales agresores; en cuatro de cada 10 agresiones se identificaron como responsables a autoridades públicas y fuerzas de seguridad.
Llama la atención que México se distingue por las limitaciones o impedimentos para ejercer la labor periodística. Especialmente se agrade a las y los profesionales en las coberturas en la calle e investigaciones sobre casos que involucran al funcionariado público, así como amenazas y señalamientos de estar ligadas al crimen organizado.
Las y los periodistas reportan casos sobre desaparición y amenazas, lo que se relaciona con el alto riesgo que siguen enfrentando las defensoras que buscan a sus familiares desaparecidos. Al respecto, cabe recordar que desde enero de 2022 hasta la fecha han sido asesinadas al menos seis defensoras buscadoras.
Este año, nuevamente, el mes de marzo presenta un aumento significativo de agresiones en relación con meses precedentes, con casi la mitad (43%) de las registradas durante el trimestre. Este incremento se relaciona con acciones derivadas, principalmente, del destierro y despojo de nacionalidad de defensoras y activistas en Nicaragua; los ataques contra las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador; los desalojos contra defensoras de tierras y territorios y sus comunidades en Honduras; y las agresiones contra buscadoras de familiares desaparecidos en México.
Una instantánea de la violencia contra defensoras en cada país
En El Salvador, las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han sido las más agredidas en este período (68%), seguidas de quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión (10%).
En este trimestre destacan las agresiones derivadas de ataques de grupos antiderechos, muchas de estas perpetradas en el ámbito digital y en el marco de la audiencia del caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual puede establecer un precedente muy importante para El Salvador y para el resto de la región en materia de interrupción legal del embarazo.
En Honduras, siguen como principales agredidas las defensoras de la tierra y el territorio (70%), con 282 agresiones en acciones colectivas de defensa de derechos. El estado de excepción, que se volvió a ampliar en febrero, conlleva la militarización y está respondiendo a una estrategia sistemática de despojo del territorio que se expresa en múltiples desalojos.
En el departamento Colón se produjo un despojo violento de la Cooperativa El Chile, así como en Comayagua y en la Paz, dos comunidades indígenas lencas que llevaban a cabo recuperaciones de tierras y donde los desalojos conllevaron la destrucción de casas y cultivos. Más recientemente, en el departamento de Atlántida, el de 60 defensoras de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas ha supuesto persecución judicial y amenazas.
En México, destaca que más de la mitad de las agresiones (57%) fueron contra quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión. Son cada vez más las llamadas "zonas silenciadas", territorios en los que no se está pudiendo llevar a cabo la labor informativa por temor a ser agredidas.
Limitaciones o impedimentos para ejercer su labor durante la realización de coberturas en la calle e investigaciones sobre casos que involucran al funcionariado público, así como amenazas y señalamientos de estar ligadas al crimen organizado, han sido las principales agresiones registradas en este contexto.
Las periodistas que reportan casos sobre desaparición de personas también están siendo amenazadas, lo que se relaciona con el alto riesgo que siguen enfrentando las defensoras que buscan a sus familiares desaparecidos. Al respecto, cabe recordar que desde enero de 2022 hasta la fecha han sido asesinadas al menos seis defensoras buscadoras.
En Nicaragua, las principales agresiones en este periodo fueron el destierro y despojo de ciudadanía (15%) y el desplazamiento forzado (15%), relacionadas con la expulsión ilegal del país de 222 personas presas políticas y el despojo de la nacionalidad a 36 defensoras y mujeres activistas y periodistas, después de que la Asamblea Nacional aprobara ad hoc una reforma constitucional que establece retirar la nacionalidad nicaragüense a las personas acusadas de traición a la patria. A algunas de ellas se las calificó de prófugas de la justicia.
Los Estados siguen siendo nuestros principales agresores
Cuatro de cada 10 agresiones registradas durante el primer trimestre de 2023 fueron perpetradas por personas vinculadas al Estado: autoridades públicas (23%) y policías y fuerza armadas (21%); tras estos destacan los agresores desconocidos, tanto personas físicas como del ámbito virtual (18%).
Agresiones digitales durante el trimestre
Cada vez es más frecuente la violencia contra las defensoras en el ámbito digital. A nivel regional resaltan las siguientes agresiones en este primer trimestre:
A nivel personal registramos 20 agresiones de carácter digital (7%). Entre las más significativas destaca el ciberacoso o ciberbulling y la vigilancia y rastreo digital.
En acciones colectivas registramos 46 agresiones digitales, entre las que destaca la vigilancia, monitoreo de las prácticas y acecho; y el odio viral (denunciar en redes sociales detona una ola de violencia en línea).
Organizaciones o grupos: en este trimestre se registraron la incautación y robo de insumos básicos para ejercer la labor de defensa de derechos humanos: equipos de comunicación audiovisual, computadoras, servidores, medios de transporte, entre otros (9%); hackeo, acceso no autorizado a las cuentas o red del sistema de la organización (6%); y la suplantación, usurpación y robo de identidad electrónica (3 %).