Este miércoles 15 de enero, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, presentó formalmente una propuesta de reforma que anunció la semana pasada: modificar el artículo 5 de la Ley General para nombrar esta norma como “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, en referencia a una víctima de feminicidio.
Abril fue asesinada en la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre de 2019, día que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A ella le dispararon cuando se dirigía al aeropuerto para tomar un avión de regreso a Nuevo León, donde vivía. El día del crimen acudió a una audiencia por un juicio por la custodia de sus hijos.
Mientras se presenta esta iniciativa en el Congreso para cambiar el nombre a una ley; las y los legisladores han dejado pendiente reformas como aquella para reconocer la violencia política contra las mujeres o la propuesta para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación a nivel federal, entre otros temas.
Por ejemplo, el pasado 5 de diciembre, la Cámara de Diputados modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Estas reformas fueron para definir la violencia política de género, un tema que se ha discutido desde 2012 sin legisladoras y legisladores tengan un acuerdo sobre si sólo se debe reconocer, si se debe tipificar o cuáles son las sanciones que hay que imponer.
Esta falta de consenso en ambas Cámaras ha hecho que ninguna reforma entre en vigor. Hoy, el tema está de nuevo en el Senado, donde se podría aprobar el paquete de reformas, rechazarlo o modificarlo para que regrese, una vez más, a la Cámara de Diputados.
Por otro lado, hace un año, en enero de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el ámbito federal.
La propuesta fue presentada el 8 de noviembre de 2018 por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, para reformar el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de aborto.
Esta iniciativa no fue aprobada y durante el año pasado se sumaron otras propuestas en el mismo sentido. Hasta ahora el Congreso ha rechazado legislar al respecto. Incluso otra propuesta que no pasó fue la presentada el 23 de octubre de 2018 por el diputado de Morena y entonces presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo para modificar el Artículo 4 de la Constitución federal para garantizar el “derecho a decidir sobre tener hijos o no” y la “autonomía reproductiva”, lo que abría la puerta a la despenalización del aborto.
Legislar para cambiar nombres a las leyes
En este contexto, un caso de feminicidio hizo que el senador y fundador de Morena se interesara en modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Batres es el único integrante de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, posición que obtuvo después de que el pasado 15 de octubre pidió ser integrado porque, dijo, “hasta ahora ese órgano ha estado integrado sólo por mujeres, pero el tema de igualdad compete a mujeres y hombres”.
La semana pasada, cuando Batres anunció su intención de cambiar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres publicó un documento en la plataforma change.org para solidarizarse con la familia de la víctima y anunciar su rechazo a este cambio debido a que el proceso de creación de esta ley, incluido el nombre, fue resultado de una amplia investigación, encabezada por mujeres especialistas en el tema.
“Quitar el nombre a la ley, sería invisibilizar el trabajo realizado por todas ellas”.
En 2007 esta norma fue producto del cabildeo de legisladoras y de la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien ocupó un escaño como diputada federal respaldada por el Partido de la Revolución Democrática, que en ese momento tenía la tradición de otorgar espacios de elección popular a ciudadanas feministas sin partido político, a fin de empujar la agenda de derechos de las mujeres.
Marcela Lagarde llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, pero coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
Esta investigación fue uno de los ejes que dio elementos al equipo de investigadoras para crear la norma, una que hicieron “general” para todo el país, donde colocaron el centro del problema “una vida libre de violencia para las mujeres” y la obligación del Estado de garantizarles el “acceso” a ese derecho.
En el escrito de las defensoras, ellas argumentaron que el proceso de creación, metodología aplicada y resultado de esta ley fue profundamente feminista.
“El nombre está justificado por una razón política, representa la lucha de miles de mujeres y explica claramente la función de la misma, es decir busca que todas vivamos una vida libre de violencia”.
Para quienes analizaron y fueron testigos del proceso para convencer al Congreso de aprobar esta legislación, utilizar el nombre de las víctimas solo es recordar que el estado ha fallado en garantizar la seguridad de las mujeres y entonces debería llevar a un nombre largo e interminable ya que todos los días asesinan mujeres por la ineficacia de los gobiernos.
“Estamos conscientes de que las legislaciones deben ser modificadas y adaptadas a las nuevas necesidades para que no sean obsoletas, pero eso no justifica un cambio de nombre que parece ser a capricho e innecesario”.
De acuerdo con la iniciativa de Martí Batres, el objetivo de cambiar el nombre de una ley que costó años de trabajo al movimiento feminista, en un hecho simbólico es modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que lleve el nombre de Abril como “un modesto homenaje a esta mujer asesinada en la Ciudad de México”.
Según el senador, el homenaje en esta ley es porque se trata del ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
“Es por ello, que de hoy en adelante las mujeres deberán reivindicar la aplicación de la “Ley Abril” para exigir el cumplimiento de sus derechos”.
Otras iniciativa del senador Batres Gudarrrama han sido para cambiar el lenguaje que se usa en la Ley Federal del Trabajo a fin de que fuera incluyente; implementar la rotación por género en la presidencia de la Mesa Directiva; sustituir la palabra “varón” por la de “hombre”; y modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los hombres, y no sólo las mujeres, accedan al derecho de guarderías, entre otras.