Ciudad de México.- Tras la represión de la marcha feminista del 9 de noviembre de 2020, en Quintana Roo, ninguna autoridad ni persona ha sido castigada ni por el uso de armas de fuego ni por los tres casos de feminicidio que motivaron la protesta social.
Así lo evidenciaron defensoras y periodistas durante la presentación del podcast “Defender derechos significa manifestarse en libertad”, que forma parte de la campaña “Conocerles es reconocerles”, impulsada por Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), Casa del Migrante, Artículo 19 y la Unión Europea.
El podcast “Defender derechos significa manifestarse en libertad” trata de los hechos ocurridos el 9 de noviembre (9N) de 2020, en el municipio de Benito Juárez, en la paradisiaca ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, cuando decenas de policías dispersaron a balazos una manifestación que se desarrollaba afuera del Palacio de Gobierno.
Es de recordar que ese día, cientos de mujeres, jóvenes, estudiantes, y ciudadanía en general, protestaban para exigir justicia para las víctimas de feminicidio, entre ellas Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, una joven de 20 años de edad, conocida como “Alexis” , asesinada un día antes.
En la mañana del 9N, previo a la manifestación, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que se respetarían las movilizaciones de mujeres; sin embargo, durante la manifestación los uniformados, encapuchados, con chalecos antibalas y armas largas persiguió, disparó y golpeó a quienes trataban de grabar lo que sucedía, incluyendo reporteras y reporteros. Así hirieron de bala a dos periodistas y una manifestante: Wendy Galarza. La policía también detuvo a ocho personas que se manifestaban, siete de ellas mujeres. Los reporteros heridos de bala fueron Cecilia Solís Martín, corresponsal de Diario Quintana Roo y periodista en Iformedia TV y Roberto Becerril, del medio local La Verdad.
Luego de los balazos, el gobernador señaló en redes sociales al director de Seguridad Pública Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría, como uno de los probables responsables. Por su parte, la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, informó que Eduardo Santamaría fue separado de su cargo. Un día después el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella Ibarra también se separó del cargo. Al final el gobierno estatal y el municipal se deslindaron de responsabilidades.
Al respecto de estos hechos, durante la presentación del podcast –conducida por la periodista Fernanda Tapia– la periodista Cecilia Solis acusó que, a 15 meses de los hechos, los policías y altos mandos implicados han recibido la protección del gobierno del estado y federal para mantenerse impunes, ya que la Fiscalía de Quintana Roo exoneró a Capella de cualquier cargo.
Las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló Solis, estuvieron centradas en la responsabilidad de la alcaldesa y no así en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en el gobierno del estado, además de que se han cumplido pocas y “a modo”.
La periodista aseguró que en su caso, fue herida de bala durante la protesta, no ha habido acceso a la justicia pero que los hechos que detonaron la protesta social de ese día (el feminicidio de Alexis, así como de otras dos mujeres cuyos casos fueron menos visibles) tampoco han sido investigados.
Solis detalló que en el caso de Alexis, la Fiscalía del estado de Quintana Roo detuvo a tres presuntos responsables pero que, de acuerdo con lo que ella ha investigado, son personas que fueron inculpadas con la única prueba de poseer un teléfono celular implicado en el caso. Y señaló que el 9N será un referente de impunidad para México. Los otros dos casos han sido prácticamente ignorados por las autoridades.
Por su parte, la defensora Wendy Galarza, quien también resultó herida de bala durante la protesta, lamentó que las autoridades gasten tanto dinero en reprimir la protesta pero no así brindar seguridad para las mujeres.
Galarza, que actualmente integra una colectiva para exigir justicia por las víctimas de esa protesta, recordó que en su caso hubo muchas irregularidades en la atención e investigación, por ejemplo que se perdió su dictamen médico y que en la primera revisión no se identificó que ella tenía dos balas.
Por falta de pruebas, las autoridades tuvieron que dejar en libertad al único policía aprehendido hasta entonces por accionar las armas de fuego. En total, de 80 policías que hubo ese día en la protesta, solo 14 siguen con un proceso abierto. En contraste, precisó Galarza, la víctimas de ese día no han podido rehacer sus vidas, por lo que ahora exigen justicia, verdad y una reparación integral que considere el impacto emocional.
Al respecto de la situación de la protesta social en México, Nicteel Garibay, una integrante del bloque negro, observó que durante las protestas se criminaliza más a las mujeres manifestantes, además de que se utiliza a policías mujeres para que se confronten con ellas, incluso dijo que muchas integrantes del bloque negro han recibido citatorios a sus casas después de haberse manifestado.
La defensora dijo que si bien se reconoce en México el derecho a la libre manifestación, la realidad es que nadie garantiza que después de ejercerse las personas no tengan daños a su integridad. Por ello, Galarza alertó sobre la importancia de que, en caso de detener a las manifestantes, las autoridades respeten el debido proceso.
Miguel Barrera, de Brigada Marabunta (una organización civil que interviene a través de la mediación durante connatos de violencia), observó que las personas que se manifiestan son muchas veces víctimas de la violación a algunos de sus derechos, por lo que criminalizarlas o reprimirlas significa revictimizarlas. El defensor señaló que México tiene protocolos policiales de actuación en casos de protesta que son efectivos para la protección de los derechos de las personas pero que en realidad no los lleva a cabo, además de que entre los policías persiste un pacto de impunidad que los protege cuando cometen abusos.
La campaña nacional “Conocerles es reconocerles” busca defender el derecho a defender Derechos Humanos, porque es un derecho en sí mismo que se fundamenta en las fallas del Estado que no garantiza condiciones de vida digna. Retrata 5 casos con los que visibiliza y reivindica el aporte de las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas (PDDHyP) para la democracia en las realidades locales: migración, Coahuila; libertad de expresión y feminicidio, Oaxaca; defensa de la tierra y el territorio, Chihuahua; criminalización de la protesta, Quintana Roo; y radios comunitarias, Morelos.