Red de Defensoras condena uso de Poder Judicial contra enfermeras

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó que el Gobierno de Chiapas use el Poder Judicial para fabricar delitos y criminalizar las enfermeras de Chiapas que exigen sus derechos laborales y denuncian la corrupción entorno a los servicios de salud en su entidad.

En diciembre de 2017 la Fiscalía General de Chiapas liberó cuatro órdenes de aprensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Humberto Gutiérrez Medina y Líbano Domínguez, acusados de motín por el secretario de Salud de la entidad, Francisco Ortega Farrera.

Estas acusaciones derivaron de las huelgas de hambre que realizaron las enfermeras y los trabajadores del sector salud entre abril y mayo de 2017 con el fin de exigir condiciones dignas de empleo combatir la crisis de salud en el estado.

La movilización cesóen abril del año pasado cuando el gobierno local se comprometió a abastecer de medicinas y equipo a los hospitales estatales, mejorar las condiciones de trabajo y no tomar represalias laborales, administrativas ni jurídicas contra el personal en huelga. Sin embargo la mayoría de las medidas no fueron cumplidas.

Ejemplo de ello, es la demanda interpuesta así como el acoso judicial constante en los domicilios y centros de trabajo de María de Jesús, quien ha jugado un papel importante como vocera del movimiento de enfermeras, y los otros tres integrantes, quienes encabezan una de las plantillas que aplicará apara el revelo sindical de los y las trabajadores de salud en Chipas, la cual será emitida en marzo de este año.

La Red de Defensoras consideró que las órdenes de aprehensión son una forma de limitar el derecho legítimo de las y los defensores de aplicar a cargos de dirección sindical. Por ello, la organización, conformada por 225 mujeres defensoras, demandó a la Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado, el cese definitivo de persecución y criminalización contra María de Jesús y sus compañeros.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Gobierno y al Ejecutivo local cumplir con los acuerdos firmados en abril y mayo del año pasado y asegurar un ambiente donde las personas puedan hacer uso pleno de su derecho a proteger sus Derechos Humanos.