Pero aunque a nivel local no esté tipificado el delito, a nivel federal la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) reportó cuatro casos de violencia política en el estado durante 2017 y siete desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016.
Con ello Puebla se ubica entre las cinco entidades donde más se violenta a las mujeres en los contextos políticos y electorales.
Para la integrante del Observatorio de la Paridad de Género en Morelos, Ariadna Urbina Ayala, el hecho de que no se tipifique la violencia política de género es una forma de invisibilizarla y obstaculiza su erradicación.
PUEBLA SIN LEGISLACIÓN
La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.
En el “Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”, de la CNDH, se indica que en Puebla la violencia política no está contemplada ni en la Constitución estatal, ni en la Ley electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal.
A nivel nacional cinco estados incluyen este tipo de violencia en su Constitución, otras 18 en su Ley electoral, 21 en la ley general de acceso y cuatro en el Código Penal.
La CNDH destacó el caso de Oaxaca, donde no sólo está tipificada la violencia política, sino que también impone dos a seis años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien o a quienes la cometan en contra de las mujeres.Para Ariadna Urbina la ausencia de tipificación de la violencia política de género es una forma en la que el patriarcado oculta o minimiza este tipo de violencias estructurales, esto con la finalidad de limitar la participación de las mujeres en la vida política y pública.
“La violencia política contra las mujeres por rasgos de género (…) es sistémica e histórica arraigada en la cultura, que tiene muchos años y se ha manifestado de muchas formas. (…) Esto al final del día se vuelve un factor trascendental que limita las intenciones de que las mujeres queramos participar en el ámbito de lo público”.
Aunque si bien es importante que haya una legislación, no basta con ella, ya que se debe modificar el Código penal para que allí se diga cómo, a quiénes sancionar y bajo qué criterios.
En su diagnóstico la misma CNDH considera necesario “que se reconozca jurídicamente que la violencia política ejercida por razones de género contra las mujeres menoscaba sus derechos y desincentiva la participación de las mujeres, pese a que el marco normativo prevea la paridad y reconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.
DETECTAN VIOLENCIA POLÍTICA
La tipificación de la violencia política de género en Puebla es necesaria pues según estadísticas de la FEPADE es uno de los estados del país con más casos.
El “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2012-2017” menciona que ya con el nuevo sistema penal –que entró en vigor a mediados de 2016- se abrieron siete carpetas de investigación en Puebla.Por arriba de la entidad sólo se encuentran: Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13, y Oaxaca, con ocho.
En total de 2012 a agosto de 2017, la FEPADE abrió 610 expedientes por violencia política de género, las cuales derivaron en 193 investigaciones. Sin embargo, sólo ha consignado seis averiguaciones, después de lo cual se liberaron cuatro órdenes de aprehensión y dos más están en proceso de judicialización.
La Fiscalía especializada reconoció en ese mismo periodo a 37 víctimas, de las cuales se solicitaron órdenes de protección para 28, otras ocho cuentan con medidas de protección especial y seis han obtenido acompañamiento ministerial en sesiones públicas.Las denuncias por violaciones a sus derechos político-electorales que recibió la FEPADE fueron principalmente de: mujeres en el ejercicio de algún cargo público (42), candidatas en procesos electorales (23) y funcionarias electorales (18).
Uno de los casos relevantes que la dependencia señaló en su informe 2012-2017 es el de la regidora María Ruth Zárate Domínguez, de Tecamachalco, a la cual el edil Inés Saturnino López Ponce le retuvo su dieta y humilló públicamente durante la sesión de Cabildo.
Recientemente la exdiputada federal y posible aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres, debido a que el columnista de “Contraparte”, Fabián Gómez la agredió verbalmente.
OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA
Algunas de las recomendaciones sobre violencia política que hizo la CNDH en su diagnóstico son:
Atacar los estereotipos y roles de género que limitan las posibilidades de las mujeres, y vulneran sus derechos.
Promover la capacitación sobre la violencia política por razones de género en las instituciones vinculadas con el tema.
Promover la obligación de los partidos políticos de procurar igualdad de oportunidades para sus candidatas y candidatos.
Hacer partícipes a los medios de comunicación de la erradicación de los estereotipos de género que constituyen violencia política contra las mujeres.
Continuar con los esfuerzos de la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
Impulsar el fortalecimiento de los observatorios para que coadyuven a la identificación de buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género y en el impulso de la participación de las mujeres en la vida política.
La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres.
A nivel nacional desde el 14 de octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo en Puebla el observatorio estatal se instauró el 30 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no tiene datos respecto a la violencia política contra las mujeres en el estado.
El pasado jueves 22 de febrero se presentó el “Observatorio 33 Mujeres”, para monitorear los casos de violencia política que se presenten en el estado con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero también para promover que se tipifique la violencia política de género y hacer conciencia de la gravedad de este tipo de violencia.
La presidenta del Observatorio, Edurne Ochoa, dijo que desde hace cinco semanas están realizando un monitoreo de medios de comunicación. Aunque al momento no tiene datos preliminares sobre los casos de violencia política de género, sí detectaron que 60 por ciento de las agresiones provienen de otras mujeres y 40 por ciento de los hombres.
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* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx (Samantha Páez)