El jueves pasado, en un evento a puerta cerrada, se reunieron el gobernador Antolio Gali; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Carlos Martínez, y Marcela Eternod; la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para hacer oficial el compromiso de "igualdad" entre hombres y mujeres en los procesos, programas y políticas del ámbito judicial.
Marcela Eternod, quien fue testigo de la firma, reconoció el compromiso del Poder Judicial y pidió que esta firma se haga válida en la realidad y en la vida cotidiana de las poblanas.
"El acceso a la justicia para las mujeres es imprescindible y este debe garantizarse a través de instancias que respeten los derechos humanos, que actúen pronta y expeditamente, libres de pautas patriarcales, discriminación y exclusión", dijo Eternod en su turno al micrófono.
Refirió que la igualdad en el siglo XXI es un imperativo categórico y condición indispensable para que se construya una realidad de derechos.
"Las mujeres queremos tener una instancia donde podamos exigir nuestros derechos, libre de prejuicios y que garantice que podamos acceder a la justicia de manera pronta y expedita", dijo la representante de INMUJERES, quien destacó que sólo una sentencia y el fallo de un juez con perspectiva de género "puede cambiarlo todo".
Se refirió al fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó por unanimidad otorgar un amparo para reabrir y revisar el caso de la muerte de Mariana Lima Buendía, cerrado sólo con la declaración de su marido, un policía judicial, que sostenía que ella se había suicidado.
"Debo explicar el impacto que la sentencia con perspectiva de género en el amparo que se le dio a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, la sentencia es una joya, una decisión histórica. Jueces reconocen en el fallo: "Se violentaron todos los procesos, no se actuó con debida diligencia para investigar el caso de la muerte de Mariana", dijo.
Explicó que al reconocer que se violaron estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, se llegó a la determinación de que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos deben realizar su investigación con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho.
"La sentencia ha logrado que la Comisión Nacional de Seguridad llegue al acuerdo de investigar los asesinatos de mujeres bajo los protocolos de perspectiva de género. Este fallo no sólo impactó en el Estado de México donde sucedieron los hechos, sino en todos los tribunales del país y tiene ya efectos concretos en muchos casos", destacó.
La Secretaria Ejecutiva del INMUJERES también aseguró que hablará de la firma de esta Declaratoria durante el IX Informe Periódico al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres, a celebrarse el 6 de julio, en Ginebra Suiza.
"Esto estará presente en las cuentas que rinda el Estado Mexicano, Puebla es el ejemplo al firmar esta declaración".
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Héctor Sánchez, reconoció que hay una deuda con las mujeres y con el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Destacó que a esta firma se llegó luego de un proceso en el que jueces y juezas discutieron la importancia de la igualdad y los derechos en tribunales y hubo un compromiso para que las brechas que históricamente han existido, sean removidas.
"Con esta Declaratoria contribuimos a la no discriminación y garantizamos a las mujeres recursos judiciales que resulten efectivos y eficaces para reclamar cualquier vulneración", dijo.