Cumplir las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el matrimonio infantil es un reto para el Estado mexicano, pese a la legislación que lo prohíben, como el Artículo 45 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con datos de 1990, de 642.000 niñas que se habían casado, el 10 por ciento lo hicieron con cónyuges de 13 a 20 años mayores que ellas; en lo que va de 2018, de las más de 589.000 niñas casadas, el 9,2 por ciento lo hicieron con cónyuges 13 a 20 años mayores que ellas, señaló Cynthia Galicia.
La investigadora hizo tal afirmación al participar en los "Foros de Trabajo sobre las recomendaciones del Comité CEDAW 2018", que comenzaron la semana pasada con el tema "Los matrimonios infantiles" por la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Galicia indicó que en comunidades indígenas de Quintana Roo, las niñas que ahora son mujeres, al preguntárseles si hubieran podido decidir sobre casarse, contestaron que se hubieran negado.
En el marco de la IX sustentación del Estado mexicano ante el Comité CEDAW y las recomendaciones emitidas en la materia, presentado en el mes de junio en Ginebra, la doctora Gloria Ramírez, titular de la Cátedra Unesco y promotora de los derechos humanos, precisó que el objetivo es dar a conocer las recomendaciones del Comité CEDAW 2018 sobre matrimonio infantil, mujeres trabajadoras del hogar y el papel de las mujeres en la construcción de la paz, así como analizar el seguimiento y acciones para su cumplimiento.
Estas recomendaciones deben regir las políticas públicas de los Estados miembros durante cuatro años, ya que compromete al Estado mexicano a rendir un informe sobre el grado de cumplimiento del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres.
Complicidad de autoridades y jueces
Las participantes coincidieron en que el matrimonio infantil forzado, pese a la legislación, cuenta con la complicidad de las autoridades y jueces, al poner como excusa los "usos y costumbres" de las comunidades. Además, tiene que ver con las condiciones de pobreza.
En su intervención, Liliana Lomelí del Observatorio de Campeche, aseguró que el matrimonio infantil no es un hecho aislado, tiene que ver con diversos problemas como los embarazos adolescentes que han ido en aumento, la trata y explotación de niñas y, sobre todo, impunidad y corrupción, tienen que ver con delitos como estupro e incesto. En muchos delitos de violación contra las niñas, las autoridades, las resuelven aconsejando a los perpetradores solicitar el perdón de las familias con el matrimonio.
Lomelí aseguró que el matrimonio infantil es un problema estructural, ya que responde a una realidad política, económica y cultural, tanto a nivel nacional como internacional, que tiene dos grandes causas, como la normalización con la que se ve la violencia hacia el cuerpo de la mujer, y la enorme pobreza y desigualdad de las comunidades rurales y también urbanas.
Al respecto, hizo hincapié que a las niñas se les ve como objetos, como mercancía, no como sujetos de derechos, sino como sujetos de posesión del padre o la familia, y que pueden disponer de ellas desde el momento que empiezan a menstruar, que ya pueden concebir.
La norma no va a modificar la práctica
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras afirmar que la norma no va a modificar la práctica, dijo que es muy vergonzoso que a México se le ubique todavía como uno de los países donde a las niñas se les violan sus derechos, al permitir en la práctica los matrimonios infantiles forzosos, en los 50 municipios de mayor pobreza, ya que las niñas se ven casadas por motivos de sobrevivencia.
Cuando los Derechos Humanos no se respetan en una democracia, algo está fallando y se viola la autonomía y libertad de las niñas y niños, agregó.
Cruzvillegas Fuentes dijo que 164 legislaciones tienen que modificarse para llevar a cabo las recomendaciones de la CEDAW, ya que están relacionadas con los matrimonios infantiles forzosos.
La CNDH se comprometió con la Cátedra Unesco de los Derechos Humanos de la UNAM, para hacer el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, en específico la Número 31 de la CEDAW, respecto al matrimonio infantil.
Las participantes coincidieron que no pueden permitirse las dispensas que usan las autoridades para no cumplir con la prohibición de los matrimonios infantiles y que esta decisión no debe dejarse a los jueces.
También hacen falta campañas efectivas de educación sexual, así como estadísticas específicas de matrimonios infantiles, embarazos infantiles, que no permiten el desarrollo integral a que tienen derecho.
Entre las asistentes, María Reyna Aguilar, del estado de Guerrero, dijo que, en esa entidad, a propósito de las recomendaciones de la CEDAW, se tuvo información sobre la venta de niñas, a pesar de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Agregó que existe un abismo entre lo legal y la realidad, y que a pesar de que el Estado hace campañas, estas no llegan a quienes tienen que llegar o no son efectivas.