Persisten deudas del Estado mexicano con hijas e hijos de mujeres asesinadas

Ciudad de México. A un año de que el gobierno de México se planteó saldar el desamparo que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, la cifra real de estas víctimas indirectas aún es desconocida y no existen programas sociales que les garanticen la protección plena que requieren tras la pérdida de sus madres.

En marzo de 2019, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, presentó el “Plan de emergencia para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”.

El anuncio proponía atender de manera más amplia el impacto del feminicidio en México, un delito que ocurre al menos 10 veces al día. Este plan buscaba atender la deuda histórica que tiene el Estado con estas víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres.

Como muchas otras políticas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, ésta es el resultado de las demandas de abuelas y hermanas quienes, además de exigir justicia por sus víctimas, cuidan a las niñas y niños a quienes les fueron arrebatadas sus madres.

El reto de estas mujeres no es menor, ya que estas niñas y niños viven con las secuelas de estos crímenes y violencia contra sus madres, de la cual fueron testigos en muchos casos.

Cimacnoticias retrató estas historias hace tres años en la investigación periodística, “Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio”, que dio cuenta por primera vez que no existía ninguna política pública para la protección de esta niñez, a pesar de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano respecto de laviolencia contra las mujeres.

Esta investigación también sirvió de base para algunos estados crear programas de reparación del daño a la niñez en condición de orfandad por feminicidio.

Sin registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio
Como documentó Cimacnoticias en 2017, uno de los principales obstáculos del gobierno federal para hacer realidad una política para la atención de la niñez en condición de orfandad por feminicidio era que desde los años noventa, cuando comenzaron a registrarse los asesinatos de mujeres por razón de género en Ciudad Juárez, Chihuahua, se desconocía la magnitud de esta problemática.

Tres años después, el Estado mexicano sigue sin tener un mecanismo claro para registrar a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad tras la muerte violenta de sus madres.

El “Plan de emergencia para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”, que se anunció en 2019, incluía la creación de un registro de las niñas y niños en orfandad por el asesinato de sus madres, así el Estado podría brindarles atención y acompañamiento integral.

No obstante, actualmente el Inmujeres sólo tiene información de 26 entidades federativas que identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019. Los estados de Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no compartieron información sobre las solicitudes hechas por la instancia rectora de la política de género en el país. Tampoco se tiene información de años previos.

Otras niñas, niños y adolescentes seguirán sin ser visibilizados y escuchados, pues el registro no contempla a las mujeres asesinadas cuyos casos fueron clasificados como homicidio o las que se encuentran desaparecidas.

Sólo este año, de enero a mayo de 2020, se cometieron mil 608 asesinatos de mujeres, entre feminicidio y homicidios dolosos.

A estos casos se suman las hijas e hijos de quienes se encuentran entre las cuatro mil 305 mujeres de entre 20 y 30 años de edad que se encuentran desaparecidas en el país, según el último reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Por todo esto, la cifra de las posibles víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres en México, específicamente de las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, aún es desconocida.

Inmujeres proyectó en 2019 una primera cifra de estas víctimas hasta ahora invisibles. Sólo de diciembre de 2018 a abril de 2019, unas 3 mil 400 niñas y niños estarían en esta condición.

La estimación se obtuvo de multiplicar el número de víctimas de feminicidio en este periodo, mil 564, con el número de hijas e hijos que en promedio tiene una mujer de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 2.2 descendientes.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) conocía de 65 casos entre 2014 a febrero de 2018, mientras la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, únicamente reportó uno hasta 2017.

Apoyos a cuenta gotas
El pasado 20 julio de 2020, el Inmujeres informó finalmente de los avances en la política para atender a la orfandad por feminicidio. Junto al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) adelantaron la creación del Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio (PNNAOF).

El protocolo que aún es un borrador, prevé publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que los estados queden obligados a garantizar el acceso a la justicia a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención a la infancia en orfandad por feminicidio, pues hoy son contados los estados que buscan reparar el daño a estos niños y niñas en condiciones vulnerables.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las únicas entidades del país que regulan de manera específica en sus normativas la reparación del daño a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Nuevo León y Veracruz.

Otras entidades como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, prevén de manera general la reparación del daño para el delito de feminicidio en sus Códigos Penales.

El resto del país no tiene regulaciones específicas en la materia; no obstante, las autoridades tienen la obligación de atender a la orfandad por feminicidio por que la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación

inmediata con la víctima directa son víctimas indirectas y por tanto pueden recibir ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades federativas.

Tras la investigación de Cimacnoticias, algunos estados crearon programas de reparación del daño a la niñez en condición de orfandad por feminicidio. En Jalisco, por ejemplo, se creó el “Apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio”.

A cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres entregan a las personas responsables del cuidado un recurso de tres mil pesos de manera bimestral por cada niño o niña. El programa tiene para 2020 un presupuesto de seis millones 300 mil pesos.

Otro ejemplo es el Estado de México, que en 2020 etiquetó 43 millones 200 mil pesos para el programa “Reparación a víctimas o víctimas indirectas u ofendidos del delito de feminicidio”.

Mientras se crean los mecanismos de protección para la niñez en orfandad en todo el país, el número de víctimas indirectas sigue en aumento.

En cinco años, las denuncias por presuntos delitos de feminicidio en México se han incrementado 129.3 por ciento según el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados; en 2020 se calcula un total de 10.53 de mujeres asesinadas al día, en 2015 se contaban en promedio 6.