Persisten barreras para ejercer derechos sexuales y reproductivos

Ciudad de México.- Más de 200 millones de mujeres en el mundo desean evitar el embarazo pero no usan métodos anticonceptivos modernos; más de 45 millones recibe atención prenatal inadecuada o carecen de ella; y más de 30 millones no da a luz en una institución de salud.

Esto a pesar de que el acceso a la salud sexual y reproductiva, y la libertad de tomar decisiones sobre el cuerpo sin estigmas, discriminación o coerción, es un derecho que debe estar garantizado para todas las personas.

Este es el mensaje de la campaña “Acelerar el Avance”, que presentó este 9 de enero de 2020, en la Ciudad de México, la organización Balance A.C, en colaboración con el Consejo Nacional de Población (Conapo) y REDefine México.

Los datos forman parte del informe ACELERAR EL AVANCE salud y derechos sexuales y reproductivos para todos, que elaboró entre 2016 y 2018 la Comisión Guttmacher-Lancet, integrada por representantes de 16 países.


¿Cuáles son los retos en México y cómo se enfrentarán?

En nuestro país, la edad mediana de la vida sexual de las mujeres es de 17 años, pero 59 por ciento de quienes dijeron tener prácticas sexuales no usaron ningún método anticonceptivo en su primera práctica sexual.

Entre las barreras estructurales para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos está la falta de acceso a la salud, ausencia de educación sexual; desigualdades económicas, políticas y sociales; violencia de género; la violencia contra las mujeres; y la falta reconocimiento de la sexualidad como fuente de bienestar y placer, informó la cocoordinadora de programa en Balance, Lizbeth Adriana Quezada, al presentar la campaña.

Estos obstáculos, dijo la experta, afectan más a niñas, adolescentes, jóvenes, lesbianas, bisexuales, personas que viven con VIH, indígenas y otras poblaciones.

A esto se suma que, en México, una de cada cinco mujeres ha abortado alguna vez en su vida, pero sin que se garanticen servicios de aborto libre y seguro en todo el país; es decir, con información, opciones, el control de la experiencia, personal capacitado e instalaciones adecuadas.

La situación es peor en los estados. La provisión de servicios sexual y reproductiva en nivel estatal no cuenta con una perspectiva de género, juventudes e interculturalidad; la capacitación del personal es insuficiente; prevalece el desabasto de anticonceptivos en unidades de primera atención; y las consejerías no promueven la responsabilidad masculina en el uso anticonceptivos, entre otros retos, aseguró el coordinador de REDefine, Alessio Robles, con base en una investigación que elaboraron jóvenes promotores indígenas en sus entidades.

Por su parte, la directora de coordinación intergubernamental de la Secretaría General de la Conapo, Nashelli Noriega Izquierdo, también presente en el evento, aseguró que tras el cambio de gobierno, la dependencia que representa tiene una nueva política de población.

Esa nueva política consiste –según explicó la funcionaria– en descentralizar la política de población y trabajar directamente en los municipios e incluir el enfoque de los Derechos Humanos y desarrollo sostenible.

Noriega afirmó que la nueva política de población está basada el Consenso de Montevideo, un instrumento internacional que obliga a los Estados a, entre otras cosas, dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro.

El objetivo de esta campaña es dar difusión al informe en México para que, con base en esos datos, las personas activistas y tomadoras de decisiones incidan en la generación de políticas y leyes que incluyan a poblaciones con mayores barreras en la atención sexual y reproductiva. Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/CIMAC