México, junio (SEMlac).- La Secretaría de Hacienda tiene retenidos al menos 900.000 millones de pesos (45.000 millones de dólares), etiquetados en el anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), mandatado por la Cámara de Diputados, fondos destinados a la política pública de género, a promover liderazgos de las mujeres, apoyar proyectos productivos en el campo y prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Pese a que más de 177 millones (8 millones 850.000 dólares) de ese monto ya fueron concursados para el programa de transversalidad que administra el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y que se destinan a las instancias de la mujer -institutos o secretarías- de los estados y los municipios, aún ese rubro no se cubre.
De igual forma, no han bajado los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federales y la atención de la Violencia de Género, conocido como Paimef, cuyas reglas de operación fueron publicadas desde el 27 de febrero y ya concursaron las instancias, incluso ya se evaluaron y aprobaron. No se entiende cómo es que el dinero no se entrega.
Adicionalmente, desaparecieron los recursos hasta de 90 millones de pesos (4 millones 500.000 dólares) para las acciones en favor de indígenas y campesinas, que antes se destinaban a las entidades del país; no hay dinero para la elaboración de estadísticas y, al parecer, despareció de cualquier documento la Ciudad de las Mujeres, creada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) primero y luego por la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Tlapa, Guerrero, con personal que no cobra salarios desde octubre de 2018.
La parálisis hace que no tenga trabajo el personal -en algunos casos, como San Luis Potosí, el gobierno del Estado cubre plazas-, pero están sin operar las 411 unidades de atención, centros de mujeres, alojamiento y becas para campesinas; los centros telefónicos de emergencia trabajan con personas voluntarias, como sucede en Sinaloa.
El retraso en la entrega de los recursos tiene paralizada toda la política de género en los estados de la República, aunque paralelamente las responsables de las instancias de las mujeres están trabajando en propuestas para lo que será el Programa Nacional de Igualdad, Proigualdad, que se alineará al Plan Nacional de Desarrollo, como acordaron con Inmujeres el 21 de mayo.
El retraso en ese programa, que debe planificar la cooperación y el trabajo de todo el gabinete, hará un alto en la política de género que se implementó en los últimos 18 años.
Adicionalmente, fueron destinados los recursos en 30 por ciento y el mayor porcentaje del Anexo 13, para el empoderamiento de las mujeres, se canalizó a las becas para adultas mayores y no para política de género. Según el PEF, es de aproximadamente 37.000 millones de pesos (1, 850 millones de dólares); al Paimef se destinaron 278 millones 535.043 pesos (13 millones 926.752 dólares), menos el 30 por ciento, esto es, no hay comparación entre la cifra para atender la violencia y lo destinado para las mujeres mayores de 68 años.
Para otros rubros el dinero está etiquetado, no se sabe si hay porcentajes ya entregados: de 38 millones (un millón 900,000 dólares) para los Derechos Humanos de las Mujeres; 343 millones (17 millones 150.000 dólares) para proyectos productivos en el campo, que según las reglas de operación publicadas en la web del ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se tienen etiquetados más de 3.000 millones de pesos (150 millones de dólares) para la igualdad entre hombres y mujeres.
Las modificaciones a las reglas de operación señalan que solo se canalizarán recursos a representantes de las comunidades y no a organizaciones sociales o civiles; la mayor parte de los recursos, además, son para proyectos productivos. Pero nada se ha entregado todavía y, según la web, se está en el período de asambleas en las comunidades y ahí se verá si solicitan y cómo solicitan los recursos.
Existe un programa denominado Fortalecimiento para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Indígenas y Afro mexicanas, que hasta 2018 se canalizaba a los institutos de las mujeres; ahora no se sabe a dónde irá, a pesar de estar en el PEF.
Según las funcionarias estatales consultadas por SEMlac, al llegar los recursos a la mitad del año, se corre el peligro de no cumplir con los proyectos cabalmente, y también el del subejercicio que se convertirá en "ahorro" para la federación.
Se recordará que el Inmujeres en 2019, según su programa de trabajo -hecho público en su portal oficial-, trasladará más de 700 millones de pesos (35 millones de dólares) a las entidades federativas para el fortalecimiento de las secretarías o institutos de las mujeres, estatales y municipales, para transversalizar la perspectiva de género. En promedio, 21 millones de pesos (un millón 50.000 dólares) por entidad, para lo estatal y lo municipal.
El Programa anual de trabajo de Inmujeres deja claro que el programa de prevención de la Violencia y seguimiento de políticas públicas al respecto es el área con más acciones y más dinero, dentro del gasto. En total, más de 100 millones de pesos (cinco millones de dólares). Incomparable con lo etiquetado para toda la política que es 64.000 millones de pesos (3,2 millones de dólares)
en el PEF original, sin recorte. Esto es, Inmujeres solo vigila, propone, supervisa, opina, pero no hace nada concreto.
Mientras tanto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), desde la Secretaría de Gobernación, es la responsable de la operación y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por lo que en Inmujeres solo se harán asistencias técnicas a los estados con una inversión de un poco más de un millón 500 mil pesos (75 mil dólares).
También planea participar y dar seguimiento al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (SNPASEVM) que, por ley, preside Olga Sánchez Cordero y hará otros seguimientos en Derechos Humanos, política migratoria. Hará estudios y recomendaciones.
Se propone elaborar un catálogo de delitos contra las mujeres, interseccional y de derechos humanos, cuidar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 y realizar la Jornada de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas, jornada que calcula costará 200.000 pesos (10.000 dólares).
