Oportunidad histórica del gobierno para que indígenas obtengan justicia

A 25 años de que las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez fueron violadas y torturadas sexualmente por militares mexicanos en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, las tres hermanas exigieron que las autoridades desempolven el expediente, investiguen y castiguen a los culpables.

La historia parecía olvidada porque fueron ignoradas por cinco presidentes de la República, hasta que en 2018 Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un partido de izquierda, asumió el poder, un momento histórico que las hermanas buscarán aprovechar para que las instituciones del Estado demuestren que pueden esclarecer lo que les sucedió el 4 de junio de 1994.

Aquel día, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, las indígenas iban a su casa después de ir a un poblado vecino a vender productos agrícolas. En su camino pasaron por un retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano. Allí, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y su madre Delia Pérez fueron interceptadas por militares.

Con el pretexto de interrogarlas y saber si pertenecían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas el 1 de enero de 1994, los soldados las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.

El recuento de los hechos fue publicado en julio de ese año, en el suplemento Doble Jornada, del periódico La Jornada, donde se señalaba que 30 elementos del ejército mexicano, incluido un sargento, violaron a las indígenas. Un caso donde las mujeres fueron tomadas como botín de guerra por habitar en una zona estratégica sitiada por el ejército y el EZLN.

Aunque agrupaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiapas aseguraban que no fue el único caso, sí fue el primero en ventilarse públicamente y alcanzar revuelo nacional e internacional, en parte por mantenerse vivo en los medios de comunicación y gracias a que en 1996 fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El testimonio de las hermanas Gonzáles dio pie a que otras agrupaciones y mujeres rompieran el silencio sobre la violencia sexual y exigieran justicia. Así fue que las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, originarias del estado de Guerrero, denunciaron ante la CIDH que en 2002 integrantes de las fuerzas armadas las violaron y las torturaron sexualmente.

Con el ejemplo de las indígenas tzeltales, Inés y Valentina mantuvieron firme sus denuncias y en 2010 consiguieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera dos sentencias contra el Estado mexicano por tortura sexual; sin embargo, Ana, Beatriz y Celia González Pérez no han obtenido justicia y hoy vuelven a poner en la opinión pública el tema de las violaciones cometidas en contextos de militarización.

Una de las razones para que las mujeres chiapanecas no lograran llevar su caso a la Corte Interamericana, y por tanto no obtuvieran una sentencia, fue porque México aceptó la competencia contenciosa de este organismo hasta 1998, cuatro años después de la violación ocurrida en el municipio de Altamirano.

Hace 25 años el suplemento Doble Jornada decía que la zona donde las indígenas tzeltales fueron atacadas era un punto débil en la frágil paz de Chiapas y un lugar donde se sabía de incursiones militares a comunidades para amedrentar a la población. “El ejido Morelia divide a La Lacandona de La Cañada, donde se asientan 17 comunidades. Todas ellas, según propios y extraños, de efectiva militancia zapatista”, señalaba la publicación.

De acuerdo con la información periodística, el ataque a las hermanas González fue denunciado ante el Ministerio Público federal de San Cristóbal de las Casas, Francisco Félix Sánchez, el 30 de junio a las 15:20 horas por representantes de las organizaciones Conpaz-Chiltak y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, e ingresado bajo la averiguación previa 64/94.

La denuncia fue por los delitos de violación tumultuaria, abuso de autoridad, intimidación y amenazas y se presentó contra elementos del Ejército mexicano y contra Carlos Reyes “N”, entonces representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien el día de los hechos llegó con las hermanas, se presentó con nombre falso y las hizo firmar una hoja, sin que ellas supieran español; a él lo acusaron de difamación, variación de nombre y lo que resultara.

El 2 de julio de 1994, cuando el caso se hizo público, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó un boletín donde negó las imputaciones contra los soldados de Altamirano y amenazó a quienes difundieron los hechos con proceder legalmente por difamación, pero el 11 de julio la Sedena localizó a los miembros del retén donde sucedieron los hechos y los envío a otras entidades a trabajar.

Meses después, el 3 de septiembre de ese año el Ministerio Público se deslindó del caso y lo pasó a la justicia militar; el 13 del mismo mes fueron presentados cuatro solados que negaron haber participado. En la Procuraduría General de Justicia Militar, encargada de investigar delitos de soldados, la investigación se archivó y hoy el caso sigue en la impunidad.

Con la esperanza de que un nuevo gobierno las escuche, este año las hermanas y su defensa legal de las hermanas, integrado por el “Comité Hermanas González Pérez” y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han comenzado una campaña pública para que su caso se resuelva.

El pasado 7 de mayo, durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH, que se realizó en Jamaica, el Estado mexicano y representantes legales de las indígenas tzeltales tuvieron una reunión para dar seguimiento al cumplimiento del informe de fondo 53/01 en el caso 11.565, publicado en 2001 por la CIDH. En el encuentro se acordó que la Segob recibiría a las mujeres en persona en la Ciudad de México.

Desde 2001, cuando se publicó el informe, el organismo internacional recomendó al Estado realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones cometidas y, en su caso, aplicar las sanciones y reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez.

En seguimiento, la semana pasada las indígenas solicitaron una reunión al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, pero a la fecha no han recibido respuesta. La reunión es para revisar el cumplimiento del informe de fondo, es decir, dar curso a la investigación congelada.

La carta con la solicitud fue entregada el pasado 13 de junio en la Secretaría de Gobernación y aunque las hermanas esperaban una respuesta a más tardar esta semana, a la fecha no han recibo ninguna comunicación, por lo que se mantienen a la espera, informó a Cimacnoticias la abogada Gloria Flores Ruiz. Anayeli García Martínez