México, mayo (SEMlac).- A un mes de que México firmó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y se discutieron en el Senado de la República modificaciones amplias en la Ley Federal del Trabajo para atender y enfrentar a violencia laboral que afecta a más de ocho millones de trabajadoras, en la Cámara de Diputados se proponen reformas.
Según la gaceta parlamentaria, Cristina Ruiz y Marco Antonio Mendoza, congresistas federales del Partido Revolucionario Institucional, propusieron reformas a la Ley Federal del Trabajo, en favor de mujeres trabajadoras para garantizar condiciones de trabajo dignas y decentes, sin mencionar lo ya aprobado en el Senado.
Señalan que incluso, cuando se trate de algún despido laboral, el juez debe juzgar con perspectiva de género. Y que cuando exista violencia, acoso u hostigamiento sexual contra las mujeres, se debe garantizar su derecho a participar en el juicio laboral, para defender su derecho al trabajo.
La iniciativa plantea que el secretario instructor de un Tribunal laboral podrá solicitar al patrón que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora que haya sido despedida durante el embarazo, el alumbramiento o el puerperio.
Los argumentos de la iniciativa y sus promoventes dicen que se busca atender un aspecto sensible de la realidad de las mujeres en México, a través de la creación de la acción judicial, es decir, que las trabajadoras puedan exigir a un juez que garantice condiciones dignas y decentes, sin perder su trabajo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 8.8 millones de mujeres en México han declarado violencia en el ámbito laboral; es decir, 27 de cada 100 mujeres han sido violentadas, 22 han padecido discriminación, 12 reportaron algún tipo de maltrato físico o sexual y 11 declararon violencia de tipo emocional.
A lo largo de la vida laboral, las mujeres reportan que 31,8 por ciento de las veces el agresor fue un compañero de trabajo, 23,8 fue el patrón o jefe y en 10,5 de los casos las mujeres declaran a un supervisor, capataz o coordinador.
En cuanto a la discriminación, a nivel nacional 13 de cada 100 mujeres declararon haber vivido alguna situación de discriminación por razones de embarazo en los últimos cinco años.
Por embarazarse, 277.792 mujeres fueron despedidas injustificadamente, a 246.618 ya no les renovaron el contrato y 145.363 mujeres tuvieron una disminución del salario o las prestaciones.
Se trata de un agregado a las modificaciones hechas en el Senado, y se espera una reacción favorable en la diputación, para el cumplimiento del convenio 190.
En su oportunidad, la senadora Patricia Mercado Castro propuso la iniciativa, con dictamen favorable, para introducir en la Ley Federal del Trabajo todas las medidas necesarias para terminar con el acoso laboral.