El dictamen fue adoptado con 25 votos a favor y 10 en contra en sesión ordinaria de la LXIV Legislatura.
Con esta aprobación mayoritaria, la entidad oaxaqueña se suma a otras 17 donde se realizaron modificaciones al Código Civil, aunque desde hace un par de años se llevan a cabo una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció al respecto.
El dictamen aprobado reformó los artículos 143 y 143 bis del Código Civil del Estado para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también reformó el segundo párrafo del artículo 166, los artículos 171, 176, 212, 214, 228, 229, las fracciones I y II del artículo 744, 405, 501 y 1538.
Asimismo, adiciona el tercer párrafo al artículo 39, el párrafo segundo del artículo 136, la fracción III al artículo 137, 137 bis, 1237 quáter y 137 quáter, también del Código Civil.
Dichas reformas tienen como propósito instaurar el reconocimiento de la identidad de género, es decir, si una persona desea cambiar su sexo en su acta de nacimiento, lo pueda hacer cumpliendo con algunos requisitos, y el caso del articulado que menciona las palabras esposo o esposa reformarlo para quedar simplemente como cónyuges.
También plantea reformas al primer párrafo del artículo 143 del Código Civil del Estado que "el matrimonio es un contrato civil celebrado entre dos personas, que se unen para realizar una vida en común y proporcionarse respeto, igualdad y ayuda mutua".
Por lo que el matrimonio es "la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en la que ambos se procuran respeto y ayuda mutua".
La sesión de Congreso se realizó en un ambiente tenso, con una tribuna divida entre el grupo religioso y miembros de la comunidad LGBTTI+Q, colectivos y defensores de los derechos humanos, donde unos y otros defendieron sus derechos.
La decisión provocó polémica entre los grupos parlamentarios de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue evidente el apoyo del Partido del Trabajo y las Mujeres Independientes (MI), y en contra, por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES).