Ciudad de México.- La nueva ley para proteger a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, que redactará la Secretaría de Gobernación (Segob), incluirá la creación de un Sistema Nacional de Protección, un Registro Nacional de Agresiones, un Modelo Nacional de Prevención y un Protocolo Nacional de atención.
Sin embargo, durante las dos primeras jornadas para debatir la nueva ley, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque Palazuelos y el titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Erick Javier Martín Salas, aseguraron que la institución no tiene un anteproyecto y la reforma se va a redactar desde cero con los aportes de la sociedad civil.
En los diálogos que se realizaron este 17 y 18 de enero, en los que participaron personas defensoras y periodistas, algunas que están en riesgo y cuentan con medidas de protección, pidieron que su seguridad siga siendo tarea de la federación, mientras que otras se mostraron a favor de que los estados sean corresponsables en esta tarea.
Es de recordar que este Mecanismo de Protección, que derivó de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en 2012, se encarga de analizar la situación de cada persona y otorgar medidas de protección. Además cuenta con una unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; otra de Evaluación de Riesgos, y una más de Prevención, Seguimiento y Análisis.
A 10 años de la creación de esta ley, este 17 de enero el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, expuso que es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que ha afectado a quienes defienden Derechos Humanos y la libertad de expresión e información. Agregó que la nueva ley definirá competencias y concurrencias de los distintos órdenes de gobierno y de las instituciones públicas.
En las dos primeras jornadas, las y los participantes señalaron que la nueva norma debe establecer los alcances de las responsabilidades de los estados y municipios en la protección de la población en riesgo por su labor; se debe implementar una alerta de agresiones y garantizar que en el nuevo Sistema Nacional participen autoridades de alto nivel.
También señalaron que en caso de tener un Modelo Nacional de Prevención éste debe tener un mapa de contextos de violencia y riesgos y una metodologías para reconocer el impacto diferenciado. Además debe ser transparente, reconocer la labor de periodistas y personas defensoras y atender riesgos específicos derivados de la violencia digital.
En el caso del Registro Nacional de Agresiones, las y los participantes señalaron que se debe definir qué se considera como agresión y quiénes son víctimas, por ejemplo si también se tomará en cuenta a generadores de contenido en plataformas como Facebook y YouTube, si debe combinarse con registros como el Registro Nacional de Víctimas y con registros de personas desplazadas.
Sobre el Protocolo Nacional de Personas Defensoras y Periodistas se pidió que se vea a las personas como sujetas de derechos y no como objeto de protección, que considere necesidades de pueblos y comunidades indígenas, mujeres y personas jóvenes y debe tener en cuenta perspectiva de género.
En los diálogos, donde participaron más de cien personas de forma virtual y presencial, también se dijo que la ley y el Protocolo deben considerar amenazas digitales y medidas para que las personas puedan seguir realizando su labor, así como planes de retorno para personas desplazadas por la violencia ejercida en su contra.
En este primer encuentro, el titular del Mecanismo de Protección, Erick Javier Martín Salas, afirmó que la finalidad es mejorar las respuestas a las necesidades que actualmente viven personas defensoras y periodistas. Durante febrero y marzo se realizarán otros encuentros en Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. Se planea que el último diálogo se realice el 15 de marzo.