No se investigan los feminicidios y existe omisión de las autoridades

México, 11 Febrero (SEMlac).- La urgente revisión de las 18 Alertas de Violencia de Género en los 17 estados de México, analizar su implementación para ver qué no está funcionando, y que se vea al feminicidio también como un delito de la delincuencia organizada y no solo del ámbito de la pareja, novio, o conocido fue la exigencia del Observatorio Nacional del Feminicidio (ONFC) a las autoridades del país.

Además de que el feminicidio también se plasma en las desapariciones de mujeres y niñas que derivan en otros delitos como agresiones sexuales, tortura, trata de personas, entre otras, como han ido documentando, desde hace muchos años, las organizaciones del Observatorio.

La conferencia de prensa titulada "Violencia feminicida en México: ni un paso atrás. Omisiones, retrocesos y desafíos de las autoridades a nivel nacional", se da en el marco de la celebración de la XV Asamblea Nacional del Feminicidio, en la que participan 43 organizaciones integrantes de las defensoras de los derechos de las mujeres de 23 estados del país.

La maestra María de la Luz Estrada, fundadora del ONCF, hizo hincapié en que a cuatro años de haberse aplicado la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) en el 2015 Estado de México, la implementación no ha avanzado en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Las alertas son mecanismos que pueden materializar, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero requiere de voluntad política para ir tras el fondo de lo que está generando esta violencia extrema contra las mujeres.

Insistió en que la falta de implementación de este mecanismo, requiere de una revisión urgente, ya que se da en un contexto donde las autoridades han demostrado negligencia, falta de voluntad política, incapacidad gubernamental para tomar acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad de la violencia contra las mujeres en el territorio nacional.

Actualmente 56 por ciento del territorio nacional se encuentra en alerta. El 70 por ciento de los homicidas se encuentran en estatus de desconocidos; el 30 por ciento son personas conocidas por la víctima, 24 por ciento se radican en el ámbito familiar, dejando de lado que hay feminicidios cometidos por bandas de criminales, lo cual las autoridades estatales y municipales invisibilizan o minimizan.

Otro problema grave es la falta de datos, pero que las organizaciones del Observatorio han podido documentar cómo estas agrupaciones delictivas desaparecen de maneras inhumanas a las mujeres; sepultándolas ilegalmente hasta en sus propios domicilios, o abandonadas en las vías públicas o ríos, cocinadas e incluso arrancando a sus hijos de su vientre, sin poder localizar a esos niños.

Al respecto entre las propuestas del observatorio está la creación de Banco de Datos Violencia contra las Mujeres, actualizados y desagregados que permitan realizar diagnósticos apegados a la realidad, así como que el Gobierno Federal actúe de manera urgente en los lugares en los que se han identificado patrones criminales, en donde los cuerpos de las mujeres son encontrados en espacios públicos como los ríos (con el objetivo de desaparecer toda evidencia, etc.).

La autoridad niega feminicidios por delincuencia organizada
Los feminicidios en México no están siendo investigados como tal, existe una omisión y ocultamiento de las autoridades al respecto, ya que los catalogan como suicidios u homicidios.

Sin reconocer los criterios de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso Mariana Lima Buendía que señala que "todas las muertes violentas de mujeres tienen que ser investigadas como feminicidio", a la autoridad no le gusta reconocer estos criterios que están en la Constitución y en los tratados internacionales.

Además, la autoridad niega la existencia de estos grupos delictivos en el territorio nacional. Solo un estado, el de México, en 2008 registró datos oficiales de 3.260 mujeres desaparecidas, y de esa cifra siguen desaparecidas 946 mujeres sin saber si están vivas o muertas.

También señaló omisiones y acciones de las autoridades estatales como no vincular el feminicidio con otros delitos como en Tlaxcala con la trata de niñas, ya que el protocolo de búsqueda no se activa de manera inmediata.

Hizo hincapié en que otra manera de ocultamiento es adjudicar los feminicidios a monstruos seriales, para no reconocer que operan grupos delincuenciales, en lo que calificó de crisis de derechos humanos de las mujeres.

El Observatorio se ha acercado al gobierno para apoyar con sus propuestas las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, desde la campaña y en el período de transición, por lo que están esperando una respuesta.

De estas propuestas destacan que se fortalezcan la figura y la autonomía del eje rector de las políticas de las mujeres en cada uno de los estados, específicamente los Institutos o Secretarías de las Mujeres, y que en los cambios estructurales a las instanciadas para prevenir y garantizar los derechos de las mujeres, sean considerados las organizaciones, mujeres feministas, y expertas en el tema, para que los procesos sean más democráticos.

Igualmente, que sean retomadas las propuestas legislativas para erradicar la discriminación de las mujeres y el avance de sus derechos que se encuentran congelados.

También propone que se genere una estrategia integral de seguridad, vinculada y coordinada de manera efectiva a nivel municipal, regional, estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos contra las mujeres, y se creen y fortalezcan las Unidades de Análisis y Contexto a fin de identificar cómo, dónde y por quién están siendo asesinada las mujeres y, a partir de ello, se fortalezcan las investigaciones, se sancione a los responsables y se evite la propagación de nuevos feminicidios.

Ante la presencia de los familiares de algunas víctimas de feminicidio destacaron la propuesta de crear un Consejo ciudadano de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como expertas en evaluación que permita supervisar el funcionamiento de los mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Sugiere que la desaparición se mire también regionalmente y los protocolos se apliquen de manera coordinada en regiones con alto índice de desapariciones y se sancione a las y los funcionarios que por acción u omisión contribuyan a la prevalencia de la violencia contra las mujeres y obstaculicen su acceso a la justicia. (Elda Montiel)