El pasado 18 de febrero, presionados por una jornada de cinco días consecutivos de protestas feministas en todo el país, el pleno del Congreso federal aprobó la propuesta del Partido Encuentro Social de aumentar de 60 a 65 años la pena de cárcel y una multa de 130 mil pesos para quien cometa el delito de feminicidio: asesinar a una mujer por razón de género.
Sin embargo, al participar este 19 de febrero en la conferencia “La violencia feminicida y el feminicidio” en el Instituto Nacional Electoral (INE), la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, y la abogada Andrea Medina Rosas, coincidieron en que aumentar las penas no sirve, lo que se requiere es cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) creada desde 2007.
Tanto Lagarde como Medina Rosas son impulsoras del marco normativo que se creó en México para entender y generar acciones encaminadas a erradicar el feminicidio. La primera es la creadora de ese término y principal impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres; la segunda, fue litigante del caso Campo Algodonero, que sentenció al Estado mexicano como responsable del asesinato de mujeres en Chihuahua.
Al respecto de la reciente reforma para aumentar la sanción a agresores, la antropóloga Marcela Lagarde, exdiputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que elevar penas a los agresores no sirve porque las autoridades no han respondido a los mandatos y acciones que ellas estipularon en la también llamada Ley de las Mujeres para erradicar el feminicidio; de hecho, esa ley no es punitiva ni establece sanciones.
La Ley General de Acceso, detalló, define, delinea y propone la política democrática de Estado. Lo que plantea son mecanismos de coordinación y obligaciones específicas para cada autoridad y para cada orden de gobierno, expresó en su turno la abogada Andrea Medina.
La abogada dijo que precisamente la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno y el cumplimiento de lo que les toca hacer para erradicar el feminicidio es precisamente en lo que ha fallado el gobierno.
Por ello, dijo, si el Congreso quiere legislar al respecto, en lugar de aumentar las penas deberían garantizar recursos para la igualdad y no para más armas, vigilar el cumplimiento de la Ley y pedir a las autoridades la información que no han dado a la ciudadanía. También llamó a revisar las condiciones laborales de quienes operan la Ley General.
Medina Rosas explicó que la Ley General de Acceso armoniza lo que establece la Convención Belém do Pará, un instrumento internacional sobre violencia contra las mujeres que es de cumplimiento obligatorio para México.
Esa Convención, ratificada por nuestro país hace 20 años, contieneindicadores de cumplimiento muy puntuales para evitar la simulación y avanzar en la erradicación de la violencia. Por ejemplo, dice que para poner fin a la violencia antes debe haber igualdad y no discriminación para todas las mujeres, acceso a la justicia, información y mecanismos de participación. Si no hay información, por ejemplo, no podemos decidir y entonces no puede haber libertad real, dijo Medina.
Los indicadores para evitar la simulación son de estructura, de proceso y de resultado, pero en México –observó la abogada– nos siguen dando datos que sólo son de estructura y lo que estamos experimentando son los resultados.
La abogada llamó a las mujeres a conocer esta norma para hacerla exigible y justiciable. “Nosotras creamos las leyes, hicimos todo un proceso de consenso, de pacto, de densidad para comprender todos estos elementos, pero si no le damos vida a esa ley y dejamos que quienes la operan pongan ahí su subjetividad y valores que no corresponden con la Constitución, entonces sí hay un conflicto (de valores). El conflicto es de ellos, que no comprenden cuál es la Constitución que tenemos, que estamos buscando la igualdad, que estamos buscando la libertad”.
La Ley de las Mujeres se creó en 2007 durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión como parte de las acciones de la Comisión Especial que se conformó para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relaciones con los feminicidios en la República mexicana.
La presentaron conjuntamente las exdiputadas Lagarde y de los Ríos, Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum bajo el argumento, de acuerdo con su exposición de motivos, de que “ningún Estado que se considere democrático debe ignorar que la violencia contra las mujeres es muestra clara de la falta de civilidad y desarrollo de un país, dado que las limita a ejercer con plenitud su ciudadanía y su desarrollo”.