Niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sin acceso a ILE

Ciudad de México. En 2020 en el contexto de la pandemia por Covid-19, se registraron cerca de 280 mil nacimientos en madres menores de 20 años que residen en México; de estos, más de 8 mil corresponden a menores de 15 años y en 50 por ciento de los embarazos en niñas de 10 a 14 años los progenitores superaban la edad de las menores de edad, detalló la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, (CNEGySR) Karla Berdichevsky.

Al participar en el evento virtual “Niñas jugando, no gestando”, organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, especialistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, alertaron que pese a ello, continúa sin garantizarse el acceso pleno a la interrupción legal del embarazo a causa de una violación, la revictimización y violencia contra este grupo poblacional, situación que se agravó con el Covid-19 lo que pone en riesgo su acceso a la justicia y el cuidado de su salud.

Destacaron que la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) describe los criterios para la atención y prevención de la violencia sexual y familiar contra las mujeres. “Es obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para prestadores en el sector público y privado y su incumplimiento debería dar origen a una acción penal, civil o administrativa. Todas las personas víctimas de agresiones sexuales tienen derecho a atención oportuna de servicios de salud como terapia psicológica, anticonceptivos, la interrupción segura del embarazo, entre otros”, dijo la directora de Arkali Espacio, Stefanía Bárcenas Padilla.

Aunado a este problema, el personal de salud considera que puede decidir bajo sus creencias si las mujeres y niñas acceden o no a un servicio de salud, incluso, en algunos estados se desconoce la vigencia de la Norma, el contenido de ésta, o no se tienen protocolos para su aplicación, como resultado, la vida de las niñas y adolescentes se pone en riesgo al someterlas a procesos largos, donde son más violentadas.

Las defensoras resaltaron que es necesario visibilizar que la mayoría de los embarazos en niñas menores de 14 años son resultado de la violencia sexual que es ejercida principalmente por personas conocidas, así como de los matrimonios infantiles forzados. Un embarazo a esa edad, añadieron, limita el desarrollo académico y profesional de las niñas y tiene complicaciones 4 veces más altasque en mujeres de 20 a 30 años.

“Los recién nacidos tienen más riesgo de morir en las primeras semanas y registrar bajo peso al nacer.No se comparan con los recién nacidos de mujeres de 20 a 30 años. Se sabe que entre más joven es la mujer hay un mayor riesgo de salud”, afirmó Karla Berdichevsky.

Las especialistas destacaron que la llegada de la pandemia dificultó aún más que en los casos de violación se pudiera acceder a la interrupción del embarazo, y que el incremento de la violencia sexual y familiar en los hogares permitió que las instituciones de salud privadas o públicas escudaran sus decisiones para negar este servicio bajo el pretexto de que eran centros de Covid-19 o no había medicamento ni aparatos adecuados para ello.

En ese sentido, explicaron que las instituciones de salud están obligadas a garantizar este servicio, aún en la pandemia, porque ellos no pueden ser objetores de conciencia, es decir negarse de brindar el servicio al que calificaron como urgente, ya que el tiempo pone en riesgo la vida de las niñas y adolescentes. Estas acciones, añadieron, ayudan a que los agresores queden impunes y los delitos de abuso sexual no sean denunciados.

En el estado de Oaxaca, agregó la defensora de Derechos Humanos, Guillermina Edith Juárez Leyva, a un año de haberse despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se siguen negando las solicitudes de interrupción del embarazo. Ejemplo de ello, dijo, es que sólo hay 8 casos registrados durante todo el 2020.

“Esto es alarmante porque nuestro estado cuenta con 570 municipios y 8 regiones geográficas y estos 8 casos sólo se realizaron en un hospital, de estos 3 fueron violación. No existe información desagregada que registre cuántos casos de ILE sucedieron por regiones. No hay documentos que hablen sobre protocolos de actuación en estos casos. No hay presupuestos destinados para estos servicios”, agregó.

En ese sentido, la defensora de “Morras Help Morras”, Sofía Regalado, contó el caso de una niña, víctima de violencia sexual, a la que el estado de Aguascalientes le negó la interrupción del embarazo por violación bajo el argumento que en toda la entidad no se contaba con personal médico para ello.

“La niña tuvo que ir a la Ciudad de México a llevar a cabo su interrupción. Se ganó un amparo de los tres que se metieron en Aguascalientes y el Estado reconoció que la menor fue víctima de tortura por parte del mismo Estado, sin embargo, casos así siguen sucediendo”, añadió Regalado.

Por su parte, la académica de la Universidad de Panamá y comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Trotiño, expuso el caso de “Paola vs Ecuador”, una niña que sufrió violencia sexual por parte del director de su escuela y presentó un embarazo producto de esta agresión. Él la llevó a los servicios médicos de la escuela, y ahí fue violentada nuevamente, ahora por el médico que la revisó, por lo que la menor de edad se suicidó.

Ante este contexto, las panelistas llamaron a que las instituciones destinadas a eliminar la violencia contras las mujeres trabajen en conjunto con las instituciones de salud con el fin de que se visibilice la voz de las niñas y adolescentes y además, las autoridades impulsen una educación sexual integral para niñas, niños, adolescentes, padres y personal de salud.

Otras recomendaciones, dijeron, es mejorar y unificar los protocolos de actuación, capacitar al personal médico, difundir información sobre el derecho al aborto en caso de violación, destinar presupuesto para aparatos, medicamentos y la contratación de traductores e intérpretes que faciliten el contenido de las leyes a mujeres indígenas o con alguna discapacidad.