Junto a la familia de Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, denunciaron en un comunicado “la completa negligencia” y “el ocultamiento de la verdad” por parte del gobierno de Honduras.
En el documento, el Copinh manifestó que no es la primera vez que denuncian la falta de acceso a la información, y volvieron a señalar que los fiscales no les han dado la información que solicitaron desde abril 2017.
Según el comunicado, los fiscales argumentan que la información “se encuentra en aparatos electrónicos” y no la han procesado ni analizado todo ello después de 4 órdenes judiciales y el mandato expreso del Tribunal de Sentencia dado el 27 de julio, 2018, y a pesar de que este 23 de agosto se realizó una audiencia de proposición de pruebas.
La defensora Berta Cáceres, era cofundadora y también coordinó el Copinh. Fue víctima de persecución, intimidación y criminalización por su trabajo en defensa del pueblo Lenca, el mayor grupo étnico de Honduras. Defendió territorios indígenas contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualcarque donde, según la cosmovisión Lenca, viven espíritus femeninos.
Por su trabajo en esta campaña, ganó el “Premio Medioambiental Goldman”, también conocido como el “Nobel Verde” por ser el máximo reconocimiento mundial para personas defensoras del medio ambiente. Cáceres dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y culturales, de los pueblos indígenas, del campesinado y de las mujeres.
El 2 de marzo del 2016, fue asesinada en su casa en la Ciudad de Esperanza. Desde entonces, su familia y el Copinh han luchado por obtener la justicia denunciando la negligencia del Estado hondureño. En mayo de este año, también tomaron acciones legales contra el Banco de Desarrollo Holandés, quien había financiado la construcción del polémico proyecto de represa Agua Zarca, contra el que luchaba Cáceres.
El Copinh responsabilizó a las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en ese país, de las irregularidades en este proceso judicial debido a “su apoyo irrestricto” al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional.
“Deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia,” señalaron en el comunicado.
Ante esto, el Copinh exigió al Ministerio Público garantizar todas las condiciones para acceder a la información, y el análisis y extracción de información contenida en aparatos electrónicos aún no procesados, y que reconozca la falta de la debida diligencia,acceso a la información, y al debido proceso del caso.