Durante una conferencia virtual de alto nivel COVID 19 en Clave Feminista, sobre los impactos diferenciados de las mujeres, advirtieron que de no considerar un enfoque de género, se profundizarán las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.
Afirmaron que no se puede permitir un retroceso en los derechos de las mujeres en este confinamiento, si bien las medidas buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, su aplicación ha provocado que los hogares sean los espacios donde todo ocurre: el cuidado; la educación de niñas, niños y adolescentes; la socialización y el trabajo colectivo.
Se ha triplicado el trabajo de las mujeres, se ha exacerbado la crisis de los cuidados, no solo en el hogar, en el sector sanidad, en el trabajo doméstico remunerado y en centros especializados de cuidados, situación que lleva impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres y las expone a un mayor riesgo de contagio.
Globalmente las mujeres son más pobres que los hombres, y ya están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo segmentado por género.
Representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más afectados por las medidas de aislamiento social inciden de manera importante en las mujeres.
Los indicadores dan cuenta de un aumento de la violencia de género, que se recrudece por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia, que no son considerados esenciales, y aunque la mayoría de gobiernos están adecuando las medidas al contexto la emergencia, se requieren disposiciones extraordinarias para una situación que es extraordinaria.
La nueva normalidad
Ante el cuestionamiento ¿Qué va a pasar cuando la vida vuelva a movilizarse? las líderes Janet Camilo, presidenta CIM-OEA y ministra de la Mujer de República Dominicana; Marta Lucia Ramírez, vicepresidenta de Colombia; Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica, y Alejandra Mora, secretaria ejecutiva CIM-OEA, respondieron que lo más importante es que no haya retroceso en los derechos de las mujeres, la nueva normalidad debe ser más humana y responsable, la política debe tener rostro de mujer, que los partidos políticos asuman de verdad la participación de las mujeres y no solo demagógicamente.
Necesitamos una OEA movilizada para que este confinamiento no deje más empobrecidas a las mujeres, dijo Janet Camilo, de Republica Dominicana, quien precisó que esta crisis sorprendió al liderazgo de las mujeres al enfrentarse a la muerte y de cómo comunicar la esperanza, de cómo transmitir que esta crisis se va a terminar y de buena manera.
Ello también la llevo a reflexionar sobre la importancia del liderazgo femenino en la toma de decisiones para que sean efectivas y señalo que la educación es fundamental, enseñar que las niñas pueden ser científicas, todo lo que quieran ser y los hombres deben saber barrer, cocinar, educar las nuevas masculinidades. Hay que cambiar las dinámicas porque los hogares no deberían ser zonas de guerra.
Para Empsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, la nueva normalidad debe ser la de igualdad entre las mujeres y los hombres. Hay que visibilizar las situaciones actuales de las mujeres, la vulneración de los cuidados," la multiplicación de sus trabajos es permanente".
Las mujeres que trabajan fuera del hogar dedican siete horas y al interior de su hogar, cinco horas más, por lo que señaló que hay que priorizar a las mujeres cabezas de familia. En su país se transfirieron recursos durante esta crisis para beneficiar a las mujeres.
A su vez, Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por acciones para reactivar la economía, para que las pérdidas de empleo para las mujeres sean lo menos costoso posible, como fondos de capital, aunque reconoció que en los estratos más bajos esto es más difícil, por lo que también propuso la "Renta básica para personas que están al frente de las familias".
"Qué bueno sería que la huella que quede la pandemia sea una gran cantidad de empresas de mujeres", dijo.
COVID 19 en la vida de las mujeres CIM-OEA
Asimismo, Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la CIM-OEA, señaló que la emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, por lo que se elaboró un documento con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros, basado en el conocimiento generado en emergencias sanitarias anteriores y en la evidencia y análisis disponibles sobre los impactos de género en la emergencia actual.
Las lecciones que han dejado pandemias recientes (ébola, zika, SARS) han demostrado que es indispensable la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia y de no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.
Durante la crisis del ébola en 2014, cualquier respuesta a los desafíos específicos que enfrentaron las mujeres se hizo más difícil debido a la representación insuficiente de ellas en todos los niveles de la respuesta nacional e internacional.
En el documento "Covid 19 en la vida de las mujeres: razones para reconocer los impactos diferenciados", se incluye la información recabada sobre la realidad de la región en las reuniones impulsadas por la CIM en las últimas semanas con las Ministras de la Mujer y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales de la Mujer, con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI), y con organizaciones de la sociedad civil.
La CIM-OEA es el principal foro político de la región para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Desde su creación en 1928, la CIM ha jugado un rol predominante y estratégico en la promoción de los derechos de las mujeres en el hemisferio.
Razones
La región tiene la oportunidad de nuevos pactos, nuevas alianzas y nuevas miradas que compensen las certidumbres que se caen, avanzando con el paradigma de la igualdad, por lo que se hacen diversas propuestas y consideraciones.
La principal es la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ya que algunos de los países que están combatiendo esta crisis de forma eficiente, están liderados por mujeres, lo que es contrario a las percepciones que continúan señalando que el 50 por ciento de la población considera que los hombres son mejores líderes que las mujeres, siendo los primeros más propensos a tener esta visión.
Hay que impulsar medidas aceleradoras y afirmativas que garanticen la presencia igualitaria en el poder, las mujeres siguen subrepresentadas en todas las instituciones del Estado (en promedios regionales: 30,6 por ciento parlamentarias, 28,5 en gabinetes ministeriales, 15,5 alcaldesas y 32,1 en máximo tribunal de justicia).
Entre los Estados Miembros de la OEA, solamente ocho países cuentan con Ministras de Salud, conforman el 70 por ciento de la fuerza laboral en el sector de la salud, pero solo representan el 25 por ciento de los puestos de liderazgo.
La OMS señala que "las mujeres proporcionan la salud y los hombres la lideran" y ha estimado que lograr la igualdad de género en el sector de la salud llevará 202 años.
Medidas de exclusión para el agresor en caso de violencia
Respecto a medidas para evitar la violencia contra las mujeres destaca el contemplar las medidas de exclusión del hogar del agresor, y no solo pensar en albergues para las mujeres y sus familias; así como poner en marcha albergues temporales extraordinarios; y/o habilitar hoteles y otros alojamientos para la recepción de mujeres, niñas y niños, y adultas mayores, los cuales deben contar con presupuesto y protocolos de atención adecuados.
Dado que las infraestructuras de albergues o lugares de refugio para mujeres víctimas de violencia y sus familiares tienen limitaciones de capacidad, sanitarias y presupuestarias. Esta situación se complicará a medida que se intensifica el confinamiento.
Los ataques violentos y el acoso contra el personal sanitario -colectivo integrado por una mayoría de mujeres- en viviendas y en medios de transporte no pueden tolerarse.
En respuesta a este nuevo riesgo, los gobiernos pueden emprender campañas de prevención de esta violencia, proveer medios de transporte seguros para enfermeras y personal sanitario en riesgo de sufrir violencia en espacios públicos, proporcionar apoyo psicológico y mecanismos para denunciar estas formas de abuso.
Los servicios de atención y protección a la violencia contra las mujeres no están diseñados para responder ante la situación derivada de la emergencia COVID-19.
Los servicios también deben adaptarse para asegurar el acceso de las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional, y superar las dificultades para llegar a las zonas rurales, así como adecuarse a las necesidades específicas en cada territorio.
Una medida relevante en este período especial es la extensión automática de medidas judiciales de protección y de medidas cautelares a mujeres víctimas de violencia, que ya han adelantado muchos de los gobiernos de la región.
En relación con los servicios de atención, los gobiernos pueden mejorar la capacidad de acceso a la telefonía inteligente y a la mensajería silenciosa, mencionadas como medidas novedosas.
Es necesario declarar servicios indispensables y esenciales las líneas de atención a la violencia y centros de orientación y atención psicológica, psicosocial y jurídica existentes, y reforzarlos, garantizando su acceso a recursos para afrontar la situación excepcional.
Es indispensable declarar las líneas de atención a la violencia, centros de orientación y atención psicológica, psicosocial y jurídica como servicios indispensables y reforzarlos.
También realizar campañas informativas sobre prevención y atención de casos de violencia, garantizando que las denuncias serán atendidas y que las víctimas no están solas.
Asimismo, los estados deben garantizar la seguridad de las niñas y apoyo adicional para minimizar el aumento de los riesgos de violencia y abandono escolar una vez que termine el confinamiento.
No debe haber retroceso en la participación laboral de las mujeres
La crisis del COVID-19 no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres y, por ello, se debe garantizar su acceso a los derechos económicos.
Las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y se concentran más en sectores vulnerables y de baja productividad.
En la región, la participación laboral de las mujeres es de 50,3 por ciento, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres. La tasa de desempleo en 2017 fue de 10,4 por ciento para las mujeres frente al 7,6 para los hombres.
El 51,84 por ciento de las mujeres en nuestra región están ocupadas en sectores de baja productividad, y de estas 82,2 no están afiliadas o cotizando en un sistema de pensiones.
Informalidad y pobreza
Existe un vínculo fuerte entre la informalidad y la pobreza, por lo que el alto porcentaje de mujeres en el sector informal contribuye a su situación de pobreza. Esto a pesar de la relevancia de la participación laboral de las mujeres para el PIB.
La precariedad laboral de muchas mujeres las pone en mayor riesgo de que en el periodo de recuperación puedan quedarse sin ingresos, para su bienestar y el de su familia; lo cual se agrava para las familias monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres.
Ante la inevitable crisis económica, la única forma de que no se segmente sexualmente la reinserción laboral, es decir, que las mujeres sean asignadas al trabajo no remunerado de la casa y los hombres al trabajo remunerado público, reforzando las desigualdades de género en los hogares y en el mundo laboral, será con medidas afirmativas por sectores productivos y campañas públicas de información de la importancia individual y colectiva de la reinserción laboral de las mujeres.