México: Organizaciones exponen situación de personas LBGT ante CIDH

México, julio (SEMlac).- Por primera vez, organizaciones civiles participan en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación que viven las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) en México.

El pasado jueves 6 de julio, José Luis Gutiérrez Román, de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Fátima Gamboa Estrella, de EQUIS Justicia para las Mujeres; Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans; Laura Hernández, coordinadora del Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales, de Letra S, y Óscar Ramírez Siordia, quien fue privado injustamente cinco años de su libertad por el homicidio de su pareja; participaron en la audiencia 163 del período extraordinario de sesiones de la CIDH, que tuvo lugar en Lima, Perú.

En esta sesión dieron cuenta de la situación de derechos humanos que viven las personas LGBT en México, país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios por prejuicio respecto de la identidad o expresión de género de las personas. Estos crímenes no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios.

Violencia en aumento
De enero de 2014 a diciembre de 2016, 202 personas LGBTI, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México, presuntamente, por la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las víctimas. En promedio, esa cifra significa 67 asesinatos por año y alrededor de seis al mes.

Del total de homicidios señalados, 108 corresponden a mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales), 93 a hombres gays u homosexuales y uno relativo a mujeres lesbianas. De acuerdo con Letra S, 2016 fue el primer año en el que el número de mujeres trans asesinadas fue mayor al de hombres gays.

Respecto a las desapariciones de mujeres trans, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans ha documentado a través de medios locales de comunicación nueve casos: dos en el 2017; cuatro en el 2016; con un caso en 2010, 2013 y 2015, respectivamente.

Solo en dos de estos hechos se reporta que fueron localizados los cuerpos sin vida, aunque hasta la fecha no se tiene información sobre las investigaciones que las instituciones han realizado.

A esto se suma la violencia contra las y los defensores de derechos LGBTI ya que de los crímenes denunciados, solo el dos por ciento son resueltos y del 98 por ciento restante no existe siquiera averiguación previa.

Es importante destacar que a la falta de un registro que contenga datos sobre los crímenes cometidos por prejuicio, se suma la ausencia de un registro general de personas LGBT, el cual permitiría la elaboración de políticas públicas diferenciadas efectivas, pues ello traería la posibilidad de cubrir las necesidades específicas de este grupo.

Acceso a la justicia
Durante la audiencia, Fátima Gamboa, coordinadora del Área Legal de EQUIS Justicia para las Mujeres, señaló que a pesar del incremento de asesinatos de personas LGBTI, las autoridades están fallando en implementar políticas públicas diseñadas para proteger el derecho a la vida de estas.

"Las autoridades sistemáticamente fallan en investigar con perspectiva de género y de diversidad sexual. No desarrollan líneas de investigación necesarias para clarificar delitos y fincar responsabilidades, por lo que la impunidad en estos casos persiste".

Además, dijo, las autoridades están fallando en el otorgamiento y ejecución de medidas de protección a víctimas, ofendidos y testigos, ya que, al emitirlas, no se consideran los contextos específicos que pueden estar viviendo las personas LGBT.

Si bien existe un Protocolo emitido por la Procuraduría General de la República para atender estos casos, este no es vinculante, solo interpela a las autoridades federales, no locales; y no se aplica de manera sistemática. "Emitir Protocolos no es suficiente. Lo que importa es que estas injusticias ya no se cometan y en este sentido es que las autoridades fallan".

Urgente un trabajo conjunto
El comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, relator sobre los derechos de las personas LGBTI, consideró necesario hacer un trabajo intensivo para terminar con ésta violencia.

Explicó que no se trata sólo del trabajo de las autoridades, sino que el Estado debe tomar un rol activo, que debe hacer campañas masivas, realizar esfuerzos en los sectores educativos y en medios de comunicación para fomentar el respeto a la diversidad y a la orientación.

En esta sesión, se solicitó a la CDIH dar seguimiento a la situación de derechos humanos de personas LGBT en México y realizar una visita para examinar las formas en las que se vulneran los derechos humanos de esta población, así como solicitar al Estado mexicano que aporte, en el plazo de un mes, respuesta a las preocupaciones presentadas.

Al Estado mexicano han solicitado, entre otras cuestiones la creación de un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio, el cual permitirá conocer en qué condiciones se dieron los homicidios en contra de personas LGBT y cuál es el estatus jurídico de las investigaciones.

Además, contemplar acciones con presupuesto sobre diversidad sexual en el Plan Nacional de Desarrollo en cumplimiento con la Agenda 2030 y la homologación de los tipos penales en los Códigos de las entidades federativas que son aplicables en casos de homicidios de personas LGBT, atendiendo a los criterios que esta Comisión Interamericana ha emitido.

Igualmente, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario a nivel federal y local.