Oaxaca, México, mayo (SEMlac).- En el Día Naranja, dos mujeres fueron asesinadas en esta entidad mexicana, con lo que suman 60 los feminicidios desde que inició la actual administración gubernamental en diciembre pasado, con un promedio de 2,4 asesinatos contra mujeres por semana, 10 cada mes.
Tanto Ana María Hernández Cárdenas como Rosario Villalobos Rueda concuerdan en que en Oaxaca las mujeres están en permanente riesgo, frente a las fallas de las políticas públicas gubernamentales.
Entrevistadas por separado por SEMlac, Hernández Cárdenas, directiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, como Villalobos Rueda, fiscal especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, sostienen que es urgente la prevención en esta materia, un aspecto no atendido desde 2012 cuando se tipificó el feminicidio en esta entidad.
Hernández Cárdenas dijo que en la reciente reunión la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que presidió el gobernador Alejandro Murat, se hizo la presentación de un "paquete de acciones rezagado, largamente sobado por los políticos".
Se refirió concretamente al anuncio de la creación de fiscalías especializadas y refugios en las regiones, "cuando estamos mirando que el único refugio que hay, desde la oficialidad, se pagó como moneda de cambio de favores políticos", dijo en referencia al comodato que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, hizo con una organización vinculada a un dirigente político, sin que se observara el procedimiento legal y sin transparencia.
Para la activista pro derechos de la mujer, el Ejecutivo local no tiene una posición clara del gobierno, que debería considerar el feminicidio como un tema de alta prioridad, en especial por un déficit inmenso en la procuración e impartición de la justicia.
Mientras las mujeres nos levantamos cada día con una preocupación inmensa, una preocupación acumulada por el asesinato de mujeres, hay una indiferencia política, que provoca que se incremente cada día el número de feminicidios en Oaxaca, y mecanismos como la Alerta de Violencia de Género fue desechada hace varios años, argumentando que no se cumplían los requisitos para ello. Hoy la realidad demuestra lo contrario, añadió Hernández Cárdenas.
A su vez, la Fiscal Especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género dijo que todos los asesinatos violentos de mujeres que ocurren en la entidad se investigan partiendo del feminicidio y que esa instancia conoce cuando los hechos ya sucedieron, lo que no nos exime de ninguna responsabilidad.
Villalobos Rueda reconoció que las políticas públicas de prevención hacia la violencia contra las mujeres no han sido contundentes para detener el riesgo cotidiano en que vivimos las mujeres.
Esa responsabilidad recae en quienes están al frente de la Secretaría General de Gobierno, las instancias de Procuración de Justicia, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que junto con otras instancias, como el Instituto Estatal de Educación Pública y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, iniciaron hace poco más de un mes, el diseño de esas políticas públicas de prevención.
De igual forma, anunció que el próximo 6 de junio se instalarán los Comités técnico e interinstitucional que darán seguimiento a la aplicación y evaluación de los protocolos de atención a los feminicidios, que estarán integrados por instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, por lo que el Tribunal "tendrá que poner sus barbas a remojar". (Soledad Jarquín)
Tanto Ana María Hernández Cárdenas como Rosario Villalobos Rueda concuerdan en que en Oaxaca las mujeres están en permanente riesgo, frente a las fallas de las políticas públicas gubernamentales.
Entrevistadas por separado por SEMlac, Hernández Cárdenas, directiva de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, como Villalobos Rueda, fiscal especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, sostienen que es urgente la prevención en esta materia, un aspecto no atendido desde 2012 cuando se tipificó el feminicidio en esta entidad.
Hernández Cárdenas dijo que en la reciente reunión la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que presidió el gobernador Alejandro Murat, se hizo la presentación de un "paquete de acciones rezagado, largamente sobado por los políticos".
Se refirió concretamente al anuncio de la creación de fiscalías especializadas y refugios en las regiones, "cuando estamos mirando que el único refugio que hay, desde la oficialidad, se pagó como moneda de cambio de favores políticos", dijo en referencia al comodato que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, hizo con una organización vinculada a un dirigente político, sin que se observara el procedimiento legal y sin transparencia.
Para la activista pro derechos de la mujer, el Ejecutivo local no tiene una posición clara del gobierno, que debería considerar el feminicidio como un tema de alta prioridad, en especial por un déficit inmenso en la procuración e impartición de la justicia.
Mientras las mujeres nos levantamos cada día con una preocupación inmensa, una preocupación acumulada por el asesinato de mujeres, hay una indiferencia política, que provoca que se incremente cada día el número de feminicidios en Oaxaca, y mecanismos como la Alerta de Violencia de Género fue desechada hace varios años, argumentando que no se cumplían los requisitos para ello. Hoy la realidad demuestra lo contrario, añadió Hernández Cárdenas.
A su vez, la Fiscal Especial en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género dijo que todos los asesinatos violentos de mujeres que ocurren en la entidad se investigan partiendo del feminicidio y que esa instancia conoce cuando los hechos ya sucedieron, lo que no nos exime de ninguna responsabilidad.
Villalobos Rueda reconoció que las políticas públicas de prevención hacia la violencia contra las mujeres no han sido contundentes para detener el riesgo cotidiano en que vivimos las mujeres.
Esa responsabilidad recae en quienes están al frente de la Secretaría General de Gobierno, las instancias de Procuración de Justicia, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que junto con otras instancias, como el Instituto Estatal de Educación Pública y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, iniciaron hace poco más de un mes, el diseño de esas políticas públicas de prevención.
De igual forma, anunció que el próximo 6 de junio se instalarán los Comités técnico e interinstitucional que darán seguimiento a la aplicación y evaluación de los protocolos de atención a los feminicidios, que estarán integrados por instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil, por lo que el Tribunal "tendrá que poner sus barbas a remojar". (Soledad Jarquín)