México: Familia pide al presidente reconocer la dimensión de la violencia contra las mujeres

México, diciembre (SEMlac).- A 10 años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, quien incansablemente buscó justicia para el feminicidio de su hija, no se han terminado las investigaciones, el expediente está oculto, y este hecho simboliza el estado de indiferencia de los gobiernos para frenar la violencia contra las mujeres.

Se cuentan por miles estos casos durante esta década, hoy simbolizados por el crimen contra Marisela, un caso icónico que debe ser muestra para la lucha continuada de la sociedad y las mujeres, afirmaron en conferencia de prensa a distancia, su hija, sus dos hijos y las organizaciones que han acompañado la demanda.

Así lo dijeron el pasado 16 de diciembre en rueda de prensa virtual, cuatro organizaciones y la familia Fraire Escobedo, desplazada a Estados Unidos, y aseguraron que el caso no está cerrado, como pretendieron difundir; exigieron justicia hasta las últimas consecuencias y retaron al gobierno a cumplir con sus responsabilidades.

Al tiempo de la reunión de prensa, la familia de Escobedo Ortiz, por su madre asesinada hace 10 años a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que reconozca la dimensión y el impacto que tiene la violencia contra las niñas y mujeres y se comprometa seriamente con su prevención, sanción y erradicación, porque ante la inacción de la justicia las madres de las víctimas del feminicidio se tienen que convertir en defensoras, investigadoras y en ello se les va la vida.

La investigación del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz está trunca; su familia desplazada en Estados Unidos; no se ha juzgado al funcionariado de Chihuahua por las omisiones tanto del asesinato de Rubí Fraire Escobedo y la de su madre, que exigía castigo al feminicida, por lo que agotados los recursos en México, el asunto está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, tampoco este gobierno y el de Chihuahua han actuado.

Como homenaje al décimo aniversario del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, y para que el caso emblemático sea referente para todas las mexicanas, entregaron una carta al Consulado mexicano en Texas y que se difundirá en todo el mundo, donde interpelan al gobierno de la 4T para que solicite la extradición de Jaime Barraza -preso en Texas y presunto asesino material de la luchadora por los derechos humanos. Exigen que se investigue a los asesinos intelectuales y continúen las investigaciones detenidas sin razón.

También le dicen al gobierno de la 4T que tiene la oportunidad única de mostrar que una verdadera transformación, es imposible si quedan conculcados los derechos de la mitad de la población.

Previamente, al pie de la placa que recuerda a Marisela Escobedo Ortiz, en la plaza principal de Chihuahua, se colocaron flores y veladoras. Por la noche se desarrolló una vigilia, por ella y todas las mujeres que en distintas rutas del país, piden que cese la impunidad ante el feminicidios de sus hijas y por aquellas víctimas de las violencias feminicidas cotidianas.

Las organizaciones y la familia también le enviaron otro mensaje al Presidente: "no se puede deslindar del presente con el pasado", luego de considerar muy preocupantes las modificaciones al sistema judicial y la disminución de recursos para las instituciones encargadas de atender y solucionar la violencia contra las mujeres.

Informaron que el Estado Mexicano en enero próximo deberá rendir un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, pero, exigieron, que lo haga de manera coherente y clara, porque es urgente un verdadero compromiso, uno que vaya más allá del discurso público, para traducirse en acciones, políticas, programas, medidas concretas.

Insistieron que la violencia contra las mujeres cada día crece, por lo que debería ser una prioridad en la actual administración porque en sus mañaneras es evidente que la información proporcionada no da cuenta de una política pública estructurada, que tienda al fortalecimiento de instituciones que deben actuar en consecuencia (como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres).

En la conferencia de prensa, Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos de las Mujeres, afirmó que se debe actuar con urgencia porque cada día se asesina a 10 u 11 mujeres; porque todos los días se denuncian 149 delitos en el país y 600 mujeres a diario denuncian violencia familiar. Mientras tanto, se pretende disminuir autonomía a las fiscalías, se recorta el presupuesto y se desestima la importancia de la reparación del daño y la no repetición.

En todo ello el Estado Mexicano está en deuda.
Juan Manuel y Alex Freire Escobedo, presentes en la conferencia de prensa, narraron que tuvieron que desplazarse ante amenazas; que se han convertido ellos mismos en defensores de derechos humanos por la inacción de las autoridades y declararon que continuarán hasta las últimas consecuencias.

Marcela Martino Pineda, del Centro de Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, con sede en Costa Rica, consideró que si bien la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, al Estado Mexicano le falta voluntad política para asumir sus compromisos, su deuda histórica.

Ella explicó que en octubre pasado se pidió la intervención de la CIDH, que fue admitida y ahora el gobierno deberá dar una respuesta coherente en enero próximo. Y dijo que el Estado es responsables de no garantizar la vida y los derechos de las mexicanas.

En ese sentido Carlos Spector, defensor de la familia Fraire Escobedo y dirigente de Mexicanos en el Exilio, señaló que no se puede deslindar del presente con el pasado, al explicar cómo el Gobierno Federal debe actuar y pedir la extradición de Jaime Barraza. Además, argumentó que es muy sencillo, el gobierno tiene todos los elementos para actuar. Pero eso, dijo, "es una decisión política".

La familia Fraire Escobedo y las organizaciones relataron que desde hace años, tanto las autoridades locales, del gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado y su fiscal, insistieron en la responsabilidad de César Duarte Jáquez, exgobernador y sus funcionarios y jueces, porque hasta ahora no han dado cuenta del estado del expediente ni de la investigación. Aseguraron que el caso no está cerrado, como se pretendió difundir.

Aquí la carta al presidente Andrés Manuel López Obrador:
Nos dirigimos a usted, en el marco del décimo aniversario del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo.

Como es de su conocimiento, este caso ha llamado la atención de muchas personas en México y en otros países porque refleja la realidad de miles de víctimas que buscan sin éxito la justicia, a partir de hechos tan deleznables como son las violencias de género hacia niñas y mujeres.

Lamentablemente, estas violencias no son nuevas en nuestro país; no obstante, siguen presentes. Según datos oficiales, la cifra de nueve mujeres asesinadas diariamente en nuestro país aumentó a 11 y, en general la violencia de género sigue aumentando de forma alarmante, en un contexto de impunidad casi total. Frente a esta realidad, vemos con preocupación que, dentro de sus prioridades de gobierno, no se encuentra la implementación de una política pública clara e integral de prevención para evitar que casos como el de Rubí y Marisela sigan ocurriendo.

Hoy más que nunca, es urgente e indispensable que el Presidente de México reconozca la dimensión y el impacto que tiene la violencia contra las niñas y mujeres y se comprometa seriamente con su prevención, sanción y erradicación, pues no será posible alcanzar una transformación verdadera de la nación, si la mitad de su población no tiene garantizado sus derechos a la vida libre de violencias, integridad, libertad, seguridad, igualdad y justicia, entre otros, así como el reconocimiento de su dignidad.

Si bien hemos atestiguado que en diferentes conferencias matutinas ha hecho referencia a esta problemática, es evidente que la información proporcionada no da cuenta de una política pública estructurada, que tienda al fortalecimiento de instituciones que deben actuar en consecuencia (como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres).

Un verdadero compromiso debe ir más allá del discurso público y traducirse en acciones, políticas, programas, medidas concretas, que estén diseñadas a partir de diagnósticos, a las que se les asigne el presupuesto suficiente, que sean implementadas por personas que cuenten con el perfil adecuado y que sean susceptibles de ser evaluadas por la sociedad. Asimismo, dado que la violencia de género debe involucrar a las autoridades de los tres niveles de gobierno, es fundamental asegurar una coordinación efectiva y profesional entre las mismas.

En el caso concreto de Marisela Escobedo Ortiz, le pedimos que su gobierno se coordine de manera efectiva con el del estado de Chihuahua, para que se sancione a todas las personas responsables de su asesinato, tal como ha sido demandado por la familia desde el mismo momento en que ocurrió. Esto es fundamental dado que existen elementos para investigar a personas que se encuentran fuera del territorio nacional.

El combate a la impunidad en casos emblemáticos, envía un mensaje claro de que no se tolerará que hechos como esos se repitan, por eso decimos que justicia para Marisela es justicia para todas y todos.