México: Autoridades urgen a evitar el matrimonio infantil

27 de Junio de 2017
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México, junio (SEMlac).- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación (SEGOB) de México, afirmó que "es urgente evitar el matrimonio infantil, estableciendo como la edad mínima para casarse los 18 años cumplidos, desde el Código Civil Federal".

Consideró inadmisible que en ciertas entidades aún se permita el matrimonio entre menores y abordó seis medidas urgentes para armonizar y legislar que la perspectiva de género esté en el marco jurídico de todo el país.

"En ciertas entidades aún se permite el matrimonio entre menores, el cual suele llevar al abandono escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna y la pobreza intergeneracional", dijo.

Durante el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa de las Comisiones para la Igualdad de Género, de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y de los Tribunales Superiores de Justicia en las Entidades Federativas, el titular de la SEGOB expuso que, en materia de feminicidio, en algunas entidades "cuando el agresor es un familiar, aún llega a considerarse como homicidio en razón de parentesco".

"Ante ello es necesario que en todo el territorio el feminicidio se establezca como un delito autónomo", insistió.

También destacó que es "imprescindible completar la publicación de las leyes de igualdad y no discriminación en todo el país, sus respectivos reglamentos".

Es importante contar con estadísticas confiables en los temas de procuración e impartición de justicia, para que los datos se puedan desagregar, sean oportunos y permitan diseñar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por ello, es necesario establecer en la ley la obligación de las autoridades locales de alimentar el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres y homologar los datos estatales para facilitar el intercambio de información.

Osorio Chong llamó al funcionariado a "fortalecer y consolidar los Centro de Justicia para las Mujeres", recordó que el gobierno federal se comprometió "a tener por lo menos uno en cada entidad y en algunos dos o tres", por lo que solicitó a las y los legisladores a trabajar "para que los centros cuenten con suficiencia presupuestal y operativa que les permitan cumplir su misión", además de señalar la urgencia de establecer unidades de género en los congresos estatales.

El titular de la SEGOB consideró como logros la paridad de género en la conformación de los congresos, además que en 2018 el principio de paridad también entrará en vigor para el Senado de la República.



También calificó de éxito "la despolitización de la Alerta por Violencia de Género, con ello se tiene un instrumento útil para que las autoridades locales actúen y hagan frente a este flagelo".




Destacó avances en la armonización estatal con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque admitió que "falta armonizar y legislar para que la perspectiva de género esté en los marcos jurídicos de planeación y en los presupuestos estatales, para que nuestras normas incluyan la paridad y se logre una cultura institucional que promueva la igualdad sustantiva".

Por su parte, Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que desde 2014, cuando se llevó a cabo el primer encuentro nacional se establecieron "las pautas para fortalecer el trabajo de la armonización legislativa, y como resultado, se reformaron, adicionaron o derogaron 198 dispositivos legales para garantizar los derechos humanos de las mujeres en códigos penales y 107 en códigos civiles y familiares".

Informó que Inmujeres estableció una agenda con los mecanismos para el adelanto de las mujeres para continuar con la armonización legislativa, además de monitorear el índice de avance por entidad, en el cual se tomó en cuenta las leyes y reglamentos en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas.

A pesar de los avances alcanzados en la materia, afirmó, aún "nos falta armonizar varias leyes y legislar para que la perspectiva de género esté presente en los marcos normativos estatales de planeación y de presupuesto".

Por ejemplo, detalló, sobre el delito de abuso sexual se ha tipificado en 28 estados, aunque "en tres entidades aún lo denominan atentados al pudor y en otra entidad, abusos deshonestos. Delitos que no reflejan en lo más mínimo el nivel de violencia sexual a la que es sometida la víctima, y en consecuencia los responsables pueden salir bajo fianza o cumplir penas ridículamente bajas".

Cruz Sánchez refirió que, en 2015, el Comité de la CEDAW emitió la Recomendación 33 para instar a los Estados miembros a armonizar una legislación nacional que permita proteger los derechos de las mujeres y garantizar su acceso pleno a la justicia.

Por su parte, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo afirmó que la armonización legislativa significará hablar el mismo lenguaje en materia de género en todos los estados.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República sentenció que "no puede ser normal que una mujer padezca violencia política y se diga 'querías andar en la política, pues este es el precio que tienes que pagar', nosotros no queremos violencia política".

Por ello, confió en que el proceso legislativo culmine y se apruebe la minuta del Senado que sanciona la violencia política y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.



La lista de pendientes legislativos es interminable, afirmó, "siguen pariendo las mujeres en las calles, siguen creyendo que la falta de respeto en el momento del embarazo y al momento de parir es normal, eso es violencia".




A su vez, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, solicitó al coordinador de la Comisión de Igualdad y Género de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) "que las fiscalías en cada entidad federativa no revictimicen a las mujeres, que se impulsen políticas públicas para asegurar a las víctimas de violencia feminicida atención, tanto a las sobrevivientes como a las hijas e hijos huérfanos por este delito", así como el seguimiento, monitoreo y apoyo de mujeres que viven violencia para evitar "sean asesinadas".

Pidió a las titulares de los mecanismos de adelanto para las mujeres "nos ayuden a impulsar la aplicación de la NOM-046 en todo el país, y también la aplicación de la Alerta AMBER y el Protocolo ALBA de manera eficiente, que no nos sigan diciendo que se fueron con el novio o que esperemos 72 horas". (Alicia Mendoza)