En ese sentido Medina Rosas destacó que para enfrentarla seguirá pugnando por implementar en las universidades un mecanismo similar a las Alertas de Violencia Género (AVG) “porque es donde se enseña la discriminación y misoginia y eso produce que todos los egresados la reproduzcan y construyan una impunidad social”.
El mecanismo de AVG se estableció en 2007 en la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) como un conjunto de medidas coordinadas por los tres niveles de gobierno para terminar con la violencia feminicida y con cualquier trato jurídico que impida el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres.
Actualmente este mecanismo sólo se aplica en territorios determinados (municipio o entidad federativa); la AVG está activa en 411 municipios de 18 estados de la República Mexicana.
En el caso de las instituciones de educación superior, lo más cercano a medidas para atender la violencia de género son los protocolos de atención para la violencia de género, que según el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) están implementados en 20 de 40 universidades del país para hacerle frente a las agresiones contra alumnas y trabajadoras.
Pese a la existencia de estos protocolos hacen falta mecanismos de acción que realmente apoyen el proceso de denuncia de las alumnas y trabajadoras víctimas de violencia en las universidades porque “a veces el mayor daño que van viviendo -las víctimas- es el aislamiento y polarización que se da en su entorno social además de la violencia institucional” señaló la abogada Medina Rosas durante su participación en la mesa “Feminicidio. Casos, justicia y derecho”, en la que se señalaron las fallas en el acceso a la justicia en casos de violencia de género. (Carolina Huerta García)