Los militares en comunidades significan violación, abuso sexual y tortura

México, 21 enero (SEMlac).- La presencia militar y policiaca en México ha producido heridas profundas para la vida y los cuerpos de las mujeres. Violación, abuso sexual, tortura, detenciones extrajudiciales, asesinato. La lista de casos documentados es enorme.

Los informes más recientes estiman que ocho de cada 10 mujeres bajo custodia de federales o militares son sexualmente torturadas. Hoy no tendríamos que pensar será distinta, advierten voces feministas y hechos documentados.

Los casos emblemáticos hablan de impunidad, indiferencia y olvido y el silencio lo rodea todo.

Donde hay fuerzas del orden, continúan las violaciones sexuales, desplazamientos forzados y asesinatos. Ahora los militares custodian ductos y estaciones de hidrocarburos, están en comunidades y carreteras. Más de 5.800.

A ellas las rodea el silencio. Hay sistemáticamente, desde 1956, siempre una razón. Un argumento. Se invoca la fuerza del Estado. Se justifica la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, la guerrilla, una situación extraordinaria.

La presencia militar en pueblos y comunidades tiene, además, costos económicos, sociales y ambientales exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática, dice la abogada chiapaneca Martha Figueroa Mier, quien en los últimos 25 años ha representado y litigado el caso de tres niñas tzeltales violadas por militares en Altamirano, Chiapas, en 1994. En las zonas indígenas, agrega "es mucho peor".

¿Casos? Históricos: Loxicha, Montes Azules, Sierra de Tezonapa, Atenco, Castaños, Chiapas, zona Triqui. Recientes, 15 estados: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Responsables: las autoridades castrenses, Sedena y Semar; civiles de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Prodh en el documento "Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado", de noviembre 2018, habla de un patrón sistemático: detención ilegal de las mujeres sin decirles por qué se las arresta.

Luego son trasladadas a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad. Ahí son torturadas sexualmente, violadas, abusadas sexualmente y con tocamientos durante un lapso de 12 horas a tres días.

Amnistía Internacional (AI) denuncia el "habitual" abuso sexual por parte de militares y policías mexicanos a mujeres detenidas. Y agrega que 100 detenidas en cárceles federales denunciaron tortura y malos tratos durante su detención. Los hechos se remontan a distintos años, a partir de 2011, según declaró Madeleine Penman, autora del informe de AI.

Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.

Niñas tzeltales: 25 años esperando justicia
Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., conocedora durante más de dos décadas del significado de la presencia militar en Chiapas, señaló una y otra vez violaciones cometidas por militares.

La periodista Soledad Jarquín, en un ensayo denominado "Construyendo la seguridad humana en un mundo inseguro", presentado en 2009 en un foro convocado por Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ), University of San Diego. EE.UU., afirma que las mujeres indígenas son las principales víctimas de los actos de terrorismo a manos de militares convertidos en policías, como ejemplo está el caso Acteal, donde 21 de las 45 víctimas eran mujeres. Mujeres objeto de torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamiento forzado.

Figueroa Mier, en entrevista, informa que el asunto de las tres niñas Tzeltales, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y suma varias recomendaciones para el gobierno mexicano.

Dijo que un día antes de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, había audiencia, cuando México ya había ofrecido "pedirles perdón y reparar económicamente el daño", pero no se pudo llevar a cabo. Hoy habrá que esperar.

Durante estos años un grupo de periodistas mujeres fueron descubriendo el significado de la presencia militar. Hicieron un recorrido, por el país. Se recogieron historias y detalles sobrecogedores.

Las tres niñas Tzeltales fueron violadas por militares en un retén militar en junio de 1994, cuando el Ejército fue desplegado en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En 2012, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8.502 indígenas fueron encarcelados injustamente, de los cuales, el 10 por ciento correspondió a mujeres.

Señaló que además de la violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servicios como salud o educación, las mujeres indígenas son presas de discriminación, abusos de autoridad y, en muchos casos, de violaciones graves de derechos humanos. Un caso paradigmático ocurrió en junio de 1994, en Altamirano, Chiapas.

Un grupo de militares detuvo en un retén a Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (todas ellas indígenas tzeltales), y con el pretexto de un interrogatorio las mantuvieron privadas de su libertad por dos horas.

En ese lapso de tiempo, las tres hermanas fueron separadas de su madre y fueron golpeadas y violadas.

Las hermanas González, a finales de ese mismo mes y a partir de un examen médico ginecológico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal.

En septiembre de ese mismo año, su expediente fue archivado, bajo el argumento de que "los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso".

En 1996 el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta abril de 2001, que el organismo regional declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por estos hechos.

Han pasado más de 25 años y más de 15 de la resolución de la CIDH, y México ha incumplido con las recomendaciones, publicó Revolución 3.0.

Hoy el grupo NiUnoNiUnaMás dice, en una carta al presidente López Obrador, no a la militarización y recuerdan el paradigmático caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a quienes el gobierno mexicano en 2018 pidió perdón público. También el de Ernestina Ascensio Rosario en la Sierra de Tezonapa, Veracruz.

Señalan que las investigaciones de la periodista Laura Castellanos para su libro "Crónica de un país embozado 1994-2018" encontró colusión del ejército con las bandas delincuenciales en Michoacán, Guerrero y Chihuahua.

Por ello, sostienen nos oponemos a la creación de la guardia nacional anunciada en el Plan de Paz y Seguridad sin fecha límite para la actuación de las Fuerzas Armadas.

Este 15 de enero el presidente de la República reafirmó que el mando de la guardia será militar y la administración civil.

La académica María Guadalupe Huacuz Elías escribió: "en la ley debería estipularse la transición a una guardia civil y una modificación a la ley castrense que permita que se juzgue a quienes torturen, desaparezcan o realicen cualquier tipo de violación a los derechos humanos en especial a mujeres y niñas".

Soledad Jarquín Edgar afirma que un rasgo común en todas las agresiones de militares contra mujeres ha sido la impunidad.

Luego hace un recuento de los hechos ocurridos en México, de los que han sido documentados que se refleja bien en una frase que los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, "Luis Flores García" expuesto en 1982, durante el II Foro Nacional de Denuncia de la Represión y la Violación de los derechos humanos en México:

"El papel que el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como "gavilleros", "robavacas" y "delincuentes".

El resumen de las organizaciones defensoras de los Derechos Humano es: No ha habido justicia, como no la hubo en decenas de casos que seguimos descubriendo.

A lo largo de años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo investigaciones y formuló más de 95 recomendaciones.

En Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 22 quejas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 18 meses, de marzo de 2008 a septiembre de 2009.

Casos históricos, recogidos por la periodista Soledad Jarquín, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo, por el caso de violación a un grupo de mujeres en Castaños, Coahuila, por un grupo de militares en 2006, es autora del siguiente recuento de 19 casos, entre 1956 y 2008.

Triquis 1956
Los habitantes de la etnia Triqui, una de las 18 que hay en el sureño estado de Oaxaca, habitan en la parte más occidental de la entidad en la región de la mixteca, considerada la más pobre y marginada.

Los triquis ocupan una extensión de 500 kilómetros cuadrados y sus comunidades se dispersan en los distritos de Putla, Tlaxiaco y Juxtlahuaca. Originalmente -relatan los historiadores- los triquis pertenecían a los mixtecos, pero se habría separado años atrás.

Las mujeres triquis visten huipiles hechos en telar de cintura, color rojo, elaborados en lana -cuando la lana se producía en la zona-y en algodón.

La forma del traje depende de su estado civil, es decir, si son niñas, solteras, casadas o viudas, una situación que se repite en muchas otras etnias oaxaqueñas.

Desde la época postrevolucionaria, la población triqui ha sido marcada por una permanente violencia generada por grupos políticos que pelean a muerte el poder y en ocasiones han sido los propios funcionarios de los gobiernos en turno quienes han creado la división y los conflictos entre la población.

El número de víctimas que han dejado estas disputas han sido tantas que no son cuantificables ni por las mismas instancias de procuración de justicia.

En 1956 mueren, en el barrio Cruz Chiquita, el teniente Patos y varios integrantes del pelotón que lo acompañan.

Patos fue asesinado por indígenas triquis casados de la extorsión de la que eran objeto. Entonces el gobierno federal ordenó la invasión del barrio Cruz Chiquita por los militares, y estos arrasaron por tierra con todo lo que encontraron a su paso apoyados por la aviación militar.

Todos los que pudieron se refugiaron en la sierra, los que no lograron hacerlo (niños, mujeres y ancianos) fueron fusilados y ahorcados.

Triquis, 1978
María Marcelina Ramírez, se dirige al gobernador del Estado de Oaxaca, en ella explica que el 31 de julio de 1978, llegó a su casa el presidente municipal de San Juan Copala, Antonio Ramírez Flores, y una partida militar, "rodearon mi casa, donde estaba mi esposo al que asesinaron y a mí y a mis hijos también nos balearon (su hija de cuatro años de edad murió días después como resultado de las heridas).

El Rastrojo, 1979
Un grupo de 14 mujeres de Rastrojo denuncian ante el gobernador del Estado que el 19 de enero militares de San Juan Copala se acuartelan en la escuela y golpean a dos niños. El 21 catean los domicilios y roban dinero en efectivo y otros objetos como huipiles y animales.

Se llevan a las señoras atadas a quienes amenazan poniéndoles el cañón del fusil en la boca para hacerlas confesar, pero ellas no hablan castellano, hablan triqui, entonces nadie sabe qué confesaron.

Santa Cruz Chiquita, 1979
El 21 de enero, nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa denuncian ante el procurador agresiones por parte de militares, queman 12 casas y les roban sus propiedades.

El Rastrojo 1979
El 29 de octubre de 1979, María Agustina Josefina Álvarez y Ana María denuncian ante la PGJE que en Rastrojo Pablo Martínez, alcalde de San Juan Copala, y Mateo Francisco, comandante, disfrazados de soldados asesinan a Juan Celestino Vázquez. María Agustina y Ana María señalan que también fueron saqueadas sus casas.

Santa Cruz Tilapa, 1980
Son violadas las señoras María Elena y María Cristina Martínez, en tanto que la niña Francisca Zenaida Martínez, de ocho años fue secuestrada. También destruyen el interior de la casa de las señoras.

Un grupo de seis mujeres y un hombre denuncian los atropellos de Pablo Martínez López, cometidos los días 17 y 18 agosto de 1980. Una de ellas, María Agustina Lorencia, expone que su esposo Emiliano Jesús Flores fue asesinado, el resto relata que son destruidas sus viviendas y robadas sus pertenencias y dinero.

Cuyuche, El Rastrojo y Santa Cruz Chiquita, 1981
El 11 de noviembre llegaron los militares al barrio de Cuyuche, Copala, donde torturan a un integrante del Comité de la escuela y disparan contra las viviendas. En Rastrojo roban pertenencias de las personas. En Santa Cruz Chiquita siguen las balaceras y roban. Se llevan por la fuerza.

En julio de 1982 se denunció el asesinato de María Camila García y de sus hijos Cayetano y Juan Ramírez García, por parte de un grupo de pistoleros que fueron identificados.

San Juan Copala, 1982
El 6 de septiembre de 1982 en el centro de San Juan Copala, el agente municipal Juan García López, Antonio Ramírez Flores y el comandante de la policía amarraron a Celestino Flores Pérez y en su presencia violaron a su esposa Dominga Ramírez. Si denunciaba los hechos, le dijeron, serían asesinados.

El 24 de diciembre Margarita Ita, originaria de Santa Cruz Chiquita, fue atacada cuando se dirigía a Putla con sus hijos, los agresores fueron José Mejía, Ramón Celestino y Vicente, quienes al último la secuestraron.

Los conflictos políticos de la zona Triqui se generan por la disputa del poder entre los grupos antagónicos del MULT, MULTI y UBISORT, quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.

Un recuento hecho por MULT señala que entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años violada por presuntos integrantes del MULTI y cuyos captores y violadores nunca fueron detenidos ni molestados por la autoridades judiciales, en tanto las hermanas Daniela y Virginia Ramírez Ortiz permanecen desaparecidas desde el 5 de julio cuando salieron de Rastrojo para ir a otra población.

El caso nunca fue investigado y el Procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez concluyó la investigación el 18 de enero de 2008.

Antes, en una declaración señaló que no podía arriesgar a los agentes judiciales, pues los triquis son muy conflictivos y podrían asesinarlos.

A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, en octubre de 2007, tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala.

Los hechos ocurrieron mientras ella esperaba a su tía afuera de su casa. La menor presenta hoy una parálisis facial, camina con dificultad e intenta hablar pero no tiene dinero para ser trasladada cada mes a una terapia de rehabilitación.

También el 7 abril de 2008 fueron asesinadas las dos locutoras de Radio, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, quienes trabajaban en la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Radio Copala. Las dos jóvenes fueron asesinadas durante una emboscada en la que se utilizaron armas de alto poder, por lo que el caso fue atraído por la PGR, no hay resultados.

Altamirano, Chiapas 1994
Después del 1 de enero de 1994 cualquier duda en relación con la situación de violación a derechos humanos, en especial de los grupos indígenas en Chiapas, ha quedado totalmente despejada.

En Chiapas, al igual que en el resto del país, las mujeres viven subordinadas a los varones en su grupo familiar o comunitario, por ello aunque no están directamente involucradas en la toma de decisiones referentes al conflicto, son ellas las más vulnerables y por tanto quienes más sufren las consecuencias del conflicto armado y la militarización, apunta el documento Derechos de las Mujeres, discriminación y violencia elaborado con motivo de la visita oficial del relator para los derechos y libertades de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia (González Pérez) y su madre (Delia Pérez) fueron detenidas por un grupo de militares en un retén militar "para interrogarlas", así como ilegalmente privadas de su libertad, violadas y amenazadas, con la complicidad de más de 30 elementos del Ejército de un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas, cerca de la zona conocida como Las Cañadas.

En 2001, el Estado mexicano dijo que "decidió archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a pericias ginecológicas". (Sara Lovera, Cimacnoticias 26 abril 2001).

En julio la SEDENA "rechaza enérgicamente las falsas imputaciones" en un boletín. A 25 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chiapas, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años de edad, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de enero de 1996, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., alegando responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por los hechos sucedidos en 1994, el Estado asegura que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos, que los representes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar y que no se configuró la violación de los derechos humanos.

Las violaciones, se informó el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres. (Gladis Torres, Cimacnoticias 11 de septiembre de 2008).

San Cristobalito, municipio de San Andrés Larrainzar, 1995
El 4 de octubre de 1995, son violadas tres enfermeras de la brigada de vacunación de la Secretaría de Salud y Asistencia, por un grupo de 25 hombres armados y encapuchados.

Lagos de Montebello, 1995
El 26 de octubre de 1995, Cecilia Rodríguez, ciudadana norteamericana y coordinadora de la Comisión Nacional por la Democracia en México, que opera en EE.UU., fue violada por varios hombres fuertemente armados.

Para noviembre de 1995, el grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, organismo no gubernamental con sede en Chiapas, "cuenta con una lista de casos debidamente documentados, ocurridos durante año y medio, es decir, desde que estalló el conflicto armado en esa entidad y que se recrudecieron durante las negociaciones de pacificación entre el EZLN y el gobierno federal. (Archivo de Notas, 2 Nov. 1995).
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, 1997.

El 3 de diciembre de 1997 Delfina Flores, de 28 años de edad, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas de la comunidad Zopilotepec, municipio de Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
Loxicha, Oaxaca, 1997. ([email protected])