Buenos Aires, 10 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina debate este jueves, en una sesión que se espera durará hasta el viernes, el proyecto con el que el Gobierno busca legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, que de ser aprobado deberá ser también sancionado próximamente por el Senado, Cámara que en 2018 tumbó un proyecto similar.
A las puertas del Congreso, miles de personas aguardan con gran expectación la evolución del debate: separados por vallas y en medio de un gran operativo de seguridad, en un lado se manifiestan los grupos identificados con la conocida como "marea verde", a favor de la aprobación, y en otro los grupos celestes, que claman por cuidar "las dos vidas", la de la madre y el bebé.
El proyecto permite acceder al aborto hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, que son los únicos supuestos en los que, según el Código Penal de 1921, se puede interrumpir el embarazo legalmente en la actualidad.
EL SEGUNDO INTENTO EN DOS AÑOS
Hace dos años, el Congreso trató por primera vez una iniciativa de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, pero aunque fue aprobada por Diputados, con 129 votos a favor de 257 totales, no logró los suficientes en el Senado (31 votos por el sí, de 72), cuyos miembros representan a las provincias, algunas de ellas con perfil más conservador.
En esta ocasión, la principal diferencia es que el proyecto no llega redactado por una plataforma civil sino por el Gobierno de Alberto Fernández, que justo hoy cumple un año en el poder y quien ya en campaña prometió bregar por la aprobación del aborto, con la principal motivación de reducir el alto número intervenciones clandestinas que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
"Estamos convencidas y convencidos de que (el proyecto) viene a ofrecer una respuesta concreta a un problema de salud pública que es urgente, estructural, que existe hace muchísimo tiempo. Y que llegó el momento de dejar de mirar para otro lado. Estamos expectantes y sabiendo que estamos dando un paso más en una larga historia", afirmó hoy la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Se estima que el texto volverá a tener el apoyo necesario de los diputados, aunque de nuevo se atisban dudas en la Cámara Alta, ya que aunque el oficialismo tiene mayoría absoluta (41 bancas), el aborto genera diferencias en el seno de los principales grupos políticos, tanto de la coalición gobernante como de la oposición.
"Es realmente increíble que en lugar de discutir cómo vamos a solucionar todos los problemas urgentes y dramáticos que hoy nos apremian, estemos aquí tratando la legalización del aborto", dijo en el pleno la opositora Carmen Polledo, que criticó que, en medio de la pandemia de covid-19 y de la recesión que arrastra Argentina desde 2018, la "prioridad" del Gobierno sea "ofrecerles la legalización del aborto a los colectivos feministas", ya que en su opinión "no es un reclamo" general de las mujeres.
LOS DETALLES
Si el texto es sancionado por las dos Cámaras, toda persona gestante podrá acceder al aborto, en el plazo legal, en el sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento.
En el caso de las menores de edad, las de menos de 13 años podrán hacerlo mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Las que tengan entre 13 y 16, si bien en el proyecto original se las consideraba "con aptitud y madurez suficiente" para solicitar el aborto, en el debate en comisión se decidió que si el procedimiento se hace de forma invasiva, y no mediante un medicamento, de forma que quede comprometida su salud, deberán dar consentimiento con la asistencia de sus padres o tutores.
Mientras, las mayores de 16 tienen "plena capacidad" para pedir la interrupción del embarazo.
Respecto a la objeción de conciencia, tendrán derecho a ejercerla los profesionales de salud que intervengan en el aborto, pero deberán derivar "de buena fe a la paciente" a otro profesional "sin dilaciones".
En comisión, también se decidió que las instituciones médicas pueden acogerse a la objeción de conciencia y no realizar abortos, pero deberán derivar a los pacientes a otros centros.
Además, de forma paralela, el Ejecutivo impulsó otro proyecto que crea el plan "de los 1.000 días", para bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia, promoviendo el desarrollo emocional y físico y la salud de las madres y de sus hijos hasta los 3 años.
POSICIONES A FAVOR
En torno al debate, multitud son los posicionamientos a un lado y al otro, tanto de parte de ciudadanos como de agrupaciones nacionales e internacionales.
"Es una cuestión de salud publica y de derechos humanos, y por ende es urgente, es una deuda con la democracia, y tenemos un compromiso histórico de lucha. Sentimos que vamos a hacer historia", dijo este jueves a Efe Patricia Bustamante, abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
También Amnistía Internacional (AI) consideró que la Cámara de Diputados tiene una "nueva oportunidad histórica" para "garantizar el derecho de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos".
“Los diputados y las diputadas que acompañen con su voto la despenalización y legalización del aborto lo harán amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional", indicó en un comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de AI en Argentina.
POSICIONES EN CONTRA
Por su parte, Milagros Bitti, de la delegación en Mendoza de Frente Joven, integrante de la Unidad Provida, consideró crucial defender "las dos vidas": "hablamos de la persona humana que está en el vientre de la mujer, pero también defendemos y ayudamos a las mujeres que transitan embarazos y que por ahí están en situaciones de vulnerabilidad".
"Queremos buscar una respuesta más superadora, no el aborto. Creemos que las mujeres merecemos soluciones más humanas, necesitamos mujeres que puedan acceder a la salud, tener ingresos, que tengan un derecho a la información en la totalidad", señaló a Efe, convencida de que con el proyecto se quiere "combatir un delito legalizándolo y no combatiéndolo".
Ya el miércoles, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Vicente Ojea, hizo referencia a la "cultura del descarte" de la que ha hablado "reiteradas veces" el también argentino papa Francisco. Una cultura que afirmó se aplica, además de "a los más pobres", a los migrantes, ancianos y discapacitados y al "niño por nacer en su estado de total desprotección".
En un video, el jefe de los obispos pidió a los legisladores que, antes de votar, reflexionen frente a lo que significa el "respeto a la vida".
Los diputados argentinos debaten la ley del aborto rodeados de expectación
10
de Diciembre
de
2020
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