Legalizar prostitución no abona a su erradicación ni protege a las víctimas

La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas Martínez, llamó a la Asamblea Constituyente a no reconocer la “prostitución” como un trabajo asalariado porque ello no abona a la erradicación ni a la protección de las víctimas de explotación sexual.

En la sesión de este martes, la asambleísta presentó un punto de acuerdo para llamar a la Asamblea Constituyente a no aprobar la redacción del artículo 15 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el “trabajo sexual” porque contraviene los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales firmados por México.

En tribuna, Rojas Martínez expuso que en la capital del país operan 13 corredores de explotación sexual con total impunidad en la zona centro de la Ciudad de México; y aseguró que reconocer el “trabajo sexual” promovería la trata para la explotación, expandiría la industria del sexo y no se protegería a niñas y mujeres en “situación de prostitución”.

A decir de la legisladora de Morena, hay que revisar la tendencia mundial encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la “prostitución” con una amplia gama de apoyos a las víctimas, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual.

Desde la perspectiva de la legisladora, el Estado tiene la obligación de contribuir a eliminar cualquier forma de explotación y violencia sexuales, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la “prostitución” y la protección de las víctimas.

Agregó que tratar el fenómeno de la prostitución con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, es “enmascarar el contenido siniestro de la trata y la explotación”, actos criminales que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos.

Entre los tratados signados y ratificados por México mencionó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1951); la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niñas y niños y la Convención contra la Delincuencia Organizada (2003).

Agregó que en este fenómeno no se puede distinguir entre “prostitución libre y prostitución forzada” por lo que los países no pueden reglamentar esta actividad pero destacó que tampoco se puede someter a las mujeres que se dedican al “comercio sexual” a registro o a otros controles; ni usar el consentimiento para defender a los acusados de trata de personas.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea Legislativa para su dictamen. El próximo 10 de diciembre se votará en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente la propuesta para legalizar la prostitución en la Ciudad de México.