Naciones Unidas, 5 oct (EFE).- La prohibición a niñas y mujeres de Afganistán para asistir a las escuelas a partir del ciclo secundario no se está aplicando de forma lineal en todo el país, según reconocieron este miércoles responsables del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) en una presentación sobre la situación del país.
Kanny Wignaraja, la directora de la oficina regional del PNUD para Asia y el Pacífico, no quiso restar gravedad a la medida de los talibanes de cerrar las escuelas para niñas, dictada en la apertura escolar del año pasado, pero matizó que el país "no es monolítico".
"En algunas regiones vemos que siguen abiertas las escuelas secundarias, y hasta terciarias (universidades), mientras que en otras regiones no", dijo Wignaraja, y explicó que tampoco con el profesorado femenino los talibanes han aplicado una política única, ya que hay maestras derivadas al sector privado y otras a las que se les sigue pagando una parte del salario sin asistir a trabajar.
"Lo mismo sucede con las mujeres empresarias: 34.000 pequeñas emprendedoras están trabajando con nosotros", especificó, lo que supone una negativa a acatar la prohibición del empleo femenino impuesta por el gobierno talibán con excepción del sector educativo y sanitario (y siempre para atender a otras mujeres).
Sobre este punto, el representante permanente del PNUD en Afganistán, Abdallah Al Dardari, apuntó que la sociedad afgana está apoyando en general el acceso de las mujeres al mercado laboral impulsado por los programas de la ONU y las ONGs colaboradoras.
"En la mayor parte de lugares no tenemos objeciones serias para dar capacitación a las mujeres, y ellas insisten en venir a nuestros cursos (...) Y las comunidades respaldan claramente la actividad económica de las mujeres", enfatizó.
Pero sí hay un ámbito donde la exclusión de la mujer se aplica, y es en la actividad política y administrativa: antes de los talibanes, la presencia femenina había ido progresivamente en ascenso hasta suponer un cuarto de las parlamentarias y un tercio de las funcionarias. Su exclusión "está siendo devastadora", dijo Wignaraja, quien subrayó que las agencias de la ONU evocan esta cuestión "a diario" con sus interlocutores talibanes.
Por lo demás, los dos responsables del PNUD dibujaron un panorama sombrío de la economía afgana, con una cifra de entre el 95 y el 97 % de la población por debajo del umbral de la pobreza y 22 millones de personas que dependen de uno u otro modo de la asistencia humanitaria.
Subrayaron que el país necesita crear dos millones de empleos para reactivar la economía, que ha sufrido una caída del 25 % en su PIB: según sus cifras, si antes de los talibanes ya era "una pequeña economía" con un PIB de solo 20.000 millones de dólares, en solo un año ha perdido 5.000 millones.
"No se ha visto nada similar en el mundo", concluyó Al Dardari, quien instó a la comunidad internacional a no olvidar al país asiático, garantizando que el dinero que las agencias de la ONU inyectan en Afganistán va directo a las comunidades y los sectores elegidos, sin intervención del gobierno talibán.