La economista y responsable de Investigación del aérea de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Denisse Vélez Martínez, consideró por ejemplo, que la propuesta impulsada por diputadas y diputados no busca redistribuir la riqueza.
La iniciativa, difundida desde abril pasado y presentada el 20 de mayo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHyCP) entregue un apoyo de 3 mil 746 pesos, por un mínimo de tres meses, a todas las personas que hayan perdido sus ingresos por la pandemia.
El primer detalle que salta a la vista, expuso en entrevista la experta, es que la propuesta se basa en criterios macroeconómicos, como el Producto Interno Bruto (PIB), que de acuerdo con la SHyCP en 2020 tendría un crecimiento de -3.9 por ciento, pero la reciente encuesta del Banco de México (Banxico) a especialistas en economía, lo ubicó en -7.1 por ciento, según los datos disponibles hasta abril.
Otro indicador que se usa para sostener la propuesta del Ingreso Único Vital, es la pérdida de empleos formales, pues según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSS) el número de trabajadores permanentes y eventuales asegurados bajó 2.67 por ciento de marzo a abril de 2020, al ubicar 19 millones 640 mil 639 cotizando en el IMSS.
El tercer indicador es la pobreza, pero sólo la pobreza por ingresos. Sin embargo, Vélez Martínez recordó que en México la pobreza se mide de forma multidimensional: por ingreso y carencias sociales (educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación), de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
El Coneval estimó que por el COVID-19 la pobreza por ingresos se incrementará entre seis y 10 millones de personas en 2020.
Para la analista, el elemento que no se está tomando en cuenta es el trabajo informal (donde no se cotiza en el IMSS) y no remunerado que realizan las mujeres, el cual aumenta en una crisis y que, aunque no es visible en el PIB, la evidencia feminista asegura que es un trabajo que sostiene la economía del país porque sin éste simplemente no se podría producir.
“Se está dejando de lado toda la carga de trabajo que tienen las mujeres”, y explicó que una desigualdad más que no se menciona es que las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señalan que muchas mujeres no ganan más de dos salarios mínimos, es decir, ganan los salarios más bajos y en las condiciones más deplorables.
Por otra parte hay una presencia importante de las mujeres en la informalidad. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) al finalizar 2019 la tasa de informalidad laboral de las mujeres era de 57.6.
Ellas también trabajan en el sector comercio y servicios, los sectores más afectados en esta pandemia, debido a que tuvieron que cerrar para cumplir con las medidas para detener la propagación del virus, las cuales se basan en quedarse en casa y mantener distancia física de otras personas. En 2019, las mujeres ocupaban 53.1 por ciento de las ocupaciones en comercio y 37 por ciento de la industria manufacturera.
La motivación del Ingreso Vital Único, dijo Vélez Martínez, es reactivar la economía al otorgar un ingreso para aumentar el consumo, el problema es que en términos económicos se puede comparar como un “seguro de desempleo”, pero no es una medida de largo plazo.
“(Este ingreso) Es una medida necesaria pero insuficiente porque se necesita garantizar servicios básicos como la seguridad social”.
Otorgar este monto, explicó, no es la vía para salir de la pobreza, hay otras condiciones que deben subsanarse como la distribución del gasto público y la redistribución de la carga del trabajo de cuidados. Es por eso que la mejor medida para paliar la pobreza a largo plazo, consideró, es una reforma fiscal.
Ésta, agregó, es una vía más justa para proponer una redistribución de la riqueza que permita incrementar el gasto social y fomentar el ingreso de las mujeres.
Para lograr este fin la reforma debería tener perspectiva de género, considerar que las mujeres pagan impuestos que los hombres no (por ejemplo en las toallas sanitarias) y que ellas ganan menos salarios que ellos. El salario promedio mensual de las mujeres es de 5 mil 536 pesos y el de los hombres de 7 mil 206, según la STyPS.
Incluso, una reforma ambiciosa, dijo Vélez Martínez, debería contemplar el impacto del cambio climático y no continuar con el subsidio de los combustibles fósiles y si se trata de justicia fiscal tendría que ser progresiva para que paguen más lo que tiene más, aunque es un tema complejo porque el gobierno actual no quiere implementar más impuestos y porque los impuestos a la riqueza son impopulares.
Señaló que la crisis sanitaria da la oportunidad de replantear, de pensar qué tipo de economía deseamos. “Desde la economía feminista este tema se ha discutido, en particular en las crisis, donde las consecuencias para la vida y la libertad de las mujeres son graves”.
Hay un punto en el que el Estado debe intervenir a través de una redistribución de la riqueza, pero no se resuelve con repartir dinero sino generando la capacidad para que todas las personas accedan a los servicios básicos y al derecho al tiempo, mencionó.
Sin embargo las y los diputados insisten en que una de las medidas para enfrentar la crisis económica son las transferencias monetarias directas, debido a que es fácil de implementar y efectiva ante la emergencia, especialmente en países como México que no tiene un sistema de seguridad social que por sí sólo garantice a las personas un nivel mínimo de ingreso y salud.
La diputada Laura Rojas también anunció que próximamente se presentará una iniciativa para establecer el Ingreso Mínimo Vital como un derecho de todas las personas, y para que más allá de la emergencia quede plasmado en la Constitución; la propuesta complementará una promovida por Movimiento Ciudadano.