La Habana, diciembre (Especial de SEMlac). ¿Cómo lograr que la opinión de niñas, niños y adolescentes sea relevante y estimada en asuntos relatvios a sus vidas? ¿Qué significa la participación en estas edades y cómo garantizarla? ¿Con qué herramientas se cuenta para promoverla de manera efectiva?
Para la joven jurista María del Mar Otero Bolaños, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, reflexionar en torno a estas interrogantes forma parte de la construcción de "cambio de paradigma" impulsado por la Convención sobre los derechos del niño (CDN) y que "el proceso de reforma legislativa en Cuba ha tratado también de promover".
"El derecho de la participación de niños, niñas, adolescentes es la base de su comprensión como plenos sujetos de derecho. Y eso, a su vez, es un principio cardinal en cualquier sistema de protección de derechos. No podemos hablar de ningún asunto que implique o involucre a niños, niñas, adolescentes y no contar con su participación", explicó Otero Bolaños a SEMlac.
El tema fue eje central del panel "35 años después: infancias, adolescencias y derechos humanos", realizado el 10 de diciembre en la casa de altos estudios capitalina, durante el VII Congreso Internacional Diálogos en torno a los Derechos Humanos.
Pese al consenso público en torno al asunto, para el especialista uruguayo Luis Ernesto Pedernera Reyna, vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, "cuesta trabajo pasar de decir que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, a conseguir que lo sean realmente".
El experto, conferencista especial del panel, valoró como esenciales para estas poblaciones el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, pero también a la salud y la educación, en una región como América Latina, considerada la más desigual del mundo y una de las más violentas.
En ese sentido, instó a incluirlos en las políticas sociales y públicas, pues hay países donde el gasto social ha crecido, pero no se revierte en beneficios concretos para las infancias y las adolescencias, porque muchas veces son invisibles.
"Hacer equilibrios con los números de la economía es complicado, pero debemos pasar de la retórica a la acción", valoró Pedernera Reyna, quien defendió el concepto propuesto por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de que los niños no son el futuro, sino ciudadanos de ahora, con preocupaciones y derechos.
Yuri Pérez Martínez, también profesor de la Universidad de La Habana y coordinador del Comité Organizador de la cita, consideró relevante que en Cuba se abrirá en breve un debate en torno al nuevo Código de la niñez, adolescencias y juventudes, con niñas, niños y adolescentes como participantes de la consulta.
Pérez Martínez destacó que ese proceso coincidirá en 2025 con la celebración de los 35 años de la firma por la nación caribeña de la CDN y su posterior entrada en vigor.
"La participación está consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño como principio rector", detalló la psicóloga argentina Alejandra Trossero, representante de UNICEF en Cuba.
Sin embargo, "no estoy tan segura de que esa idea de que la opinión del niño no cuenta la hayamos erradicado completamente", reflexionó.
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados cuando se toman decisiones que les afectan, a expresarse libremente, a compartir y recibir información y a participar como ciudadanos y gestores de cambio, por lo cual es muy importante que puedan ser parte de las consultas de la legislación que establecerá y protegerá sus derechos, coincidió Trossero.
35 años después, una herramienta que no pierde valor
Cuba firmó la CDN en enero de 1990 y la ratificó, o sea, se comprometió a cumplirla, en 1991. La norma entró en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año, cuando fue publicado su texto íntegramente en la Gaceta Oficial de la República, con una declaración firmada por el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.
De esta manera, los derechos de la niñez y la adolescencia quedaron refrendados en un cuerpo legal. Pero, ¿eso qué significa?
Para Trossero, antes de la convención no quedaba tan claro el concepto del reconocimiento de derechos para una persona que se está desarrollando, que no está estática.
Se trata de comprender, explicó, que niñas, niños y adolescentes son personas con capacidades y potencialidades, que pueden y deben tomar decisiones sobre lo que les afecta y, además, que opinan, se expresan y buscan información.
"La participación, entonces, es justamente la manera que les permite crecer como sujetos de derecho", aseveró la representante de UNICEF.
La Convención lo refleja en varios de sus artículos: el 12 reconoce el derecho de niños y niñas a expresar sus opiniones y que estas se tengan en cuenta, mientras el 13 se refiere a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.
"El derecho a la participación se le reconoce a todos los niños, niñas, adolescentes y no está necesariamente ligado a un criterio etario", explicó Otero Bolaños a SEMlac.
Para la jurista, la clave está en ese principio de autonomía progresiva ya contemplado en el Código de las Familias y que apunta, sobre todo, a "las herramientas, los mecanismos, las vías para que esa participación sea efectiva en función de la madurez de niños, niñas y adolescentes", acotó.
Ejercitar derechos también es educativo
Según Trossero, el marco jurídico de Cuba en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes es muy fuerte, "de avanzada", reconoció.
En su opinión, la Constitución de 2019 incorporó los principios fundamentales en relación con los derechos de la niñez, el concepto de que son personas en desarrollo y sujetos de derecho, algo que luego se retomó en el Código de las Familias.
"También los tendremos en el nuevo código que entra en discusión, el cual incorpora mecanismos de protección", reconoció la funcionaria, quien labora en Cuba desde 2022.
En julio de 2023, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes. Desde entonce se conformó un grupo de trabajo,
presidido por la ministra de Educación, para la elaboración del actual anteproyecto de ley, ya disponible para consultas especializadas y opiniones de la población, explicó Pérez Martínez.
"Poner a disposición de un niño, niña o adolescente este proyecto es precisamente practicar la participación, no solo en sus entornos más inmediatos, sino también en los sociales, culturales, políticos, económicos; como lo tendrán que hacer, cada vez con más incidencia, a medida que vayan creciendo", valoró Otero Bolaños.
"A partir de que logremos tener en cuenta y asimilar sus criterios, más se parecerá ese código a quienes tiene que proteger y defender", agregó.
Trossero, por su parte, consideró que las consultas deben convertirse en un espacio donde niños y niñas puedan realmente expresar sus opiniones. "Debemos estudiar bien cuáles son las herramientas e instrumentos que usaremos para promover esa participación efectiva", precisó.
Hay que considerar también cómo los adultos están pensando ese espacio y el rol de los padres en el acompañamiento a que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos.
"Y tener muy claro lo que significa que son sujetos en desarrollo. A un niño de 10 años no se le puede hacer la misma pregunta que a un adolescente de 14", acotó Trossero.
Tanto ella como Otero Bolaños coincidieron en la necesidad de organizar espacios de consulta que no sean invasivos, pero a la vez sirvan para que niños, niñas y adolescentes puedan emitir su opinión, de acuerdo con su desarrollo progresivo.
"Para que una persona participe en las dinámicas de la comunidad, esta participación debe ser desarrollada", sentenció Trossero.
"Se trata de crear capacidades para la autonomía, no esperar por la transformación que muchas personas creen que llega automáticamente con la mayoría de edad. Participar es parte de un proceso de crecimiento que se forma desde la infancia y, a través de mecanismos como esta consulta, se potencia muchísimo más", aseguró Otero Bolaños.