Tuxtla Gutiérrez, Chis. En diciembre del 2020 en Chiapas se abrieron cinco carpetas de investigación por el delito de feminicidio, lo que significó 66 por ciento más que en diciembre del 2019. La entidad ocupó el décimo lugar con mayor número de casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes durante el último mes del año.
Estas cifras las dio a conocer el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCh), que realiza un análisis mensual sobre la incidencia delictiva con base en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Las cinco víctimas, según el reporte, son de los municipios de Jiquipilas, La Concordia, Benemérito de las Américas, Juárez y Tuzantán.
El Observatorio Ciudadano Chiapas mostró su preocupación por el alza en los indicadores de feminicidio no solo en comparación del mismo mes del 2019, sino de otros meses del mismo 2020.
Consideró que es urgente que se implementen acciones y políticas públicas con perspectiva de género en materia de seguridad y también que se atiendan las demandas que se han realizado de manera reiterada para brindar seguridad y espacios seguros a las mujeres durante la pandemia del COVID-19.
Las organizaciones de la sociedad civil tanto a nivel nacional como local han insistido en que se deben de implementar acciones reales y efectivas para prevenir, castigar y eliminar la violencia en contra de las mujeres durante la contingencia sanitaria.
De los 12 delitos de alto impacto que analiza el Observatorio tres de ellos mostraron números a la alza en comparación del mes de diciembre del 2019: feminicidio, homicidio culposo y extorsión. El resto, homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violencia sexual y violencia familiar, mostraron indicadores menores.
Cabe recordar que Chiapas tiene una Alerta de Violencia de Género declarada en noviembre de 2016 para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Como parte de estas medidas la entidad debió implementar acciones específicas que atiendan la violencia de género contra las mujeres indígenas que viven en la región Altos del estado, resolver los casos de violencia contras las mujeres y de feminicidio; determinar una medida de reparación simbólica para las mujeres por el feminicidio; acatar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre la violencia familiar, sexual contra las mujeres; fortalecer el Centro de Justicia para las mujeres y la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Sedem);generar campañas en contra de la violencia machista; capacitar a las y los servidores públicos y personal de salud; entre otras.
A 4 años de haberse decretado la Alerta, las medidas siguen sin cumplirse y los casos de feminicidio continúan incrementándose.
