La Habana, julio (SEMlac).- La implementación del nuevo Código de las Familias en Cuba ha tenido un impacto significativo en la resolución de problemas legales en el ámbito familiar, pero aún existen desafíos que dificultan su correcta aplicación en la sociedad.
Así trascendió el 19 de julio en los debates previos a al primer periodo ordinario de sesiones de la X legislatura del Parlamento cubano, celebrados en el Palacio de Convenciones de La Habana.
La falta de capacitación y formación continua de los operadores del derecho es un obstáculo importante para la aplicación adecuada de la ley, señaló Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), según informó el medio digital Cubadebate.
Los datos presentados a la Asamblea Nacional del Poder Popular evidencian que, a diez meses de haberse aprobado en referendo popular y de su entrada en vigor, la adecuada aplicación de esta norma demanda que las personas se apropien de sus contenidos, para que los utilicen como una herramienta en función de sus derechos.
Pero la sensibilización y formación de juristas para la correcta implementación de una ley novedosa, compleja, con muchos elementos nuevos en el ámbito jurídico y múltiples salidas para esas instituciones es un reto mayor, reconoció González Ferrer.
Un elemento fundamental es la ética con que los operadores jurídicos ayuden a la implementación del código, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Para nadie es un secreto que este es un código muy debatido, que todos no estaban de acuerdo con algunos de sus contenidos. Dentro de esas personas que no están de acuerdo también hay notarios, fiscales… que no comparten algunos de los elementos del código, por ejemplo, por cuestiones de machismo, refirió Cubadebate.
González Ferrer destacó que la implementación correcta del Código de las Familias requiere romper con los prejuicios existentes y cambiar la mentalidad adultocéntrica que todavía prevalece en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de la protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de desatención, negligencia y violencia, se necesita una actuación urgente y centrada en el interés superior del menor, como demanda la nueva ley, dijo.
En ocasiones, en lugar de pensar en la inmediata protección del niño, estamos pensando en trabajar con los padres, en ver qué más se puede hacer, en darles una oportunidad, cuando el proceso es a la inversa: primero proteger a ese niño, niña o adolescente y luego lo demás, sostuvo la jurista.
Además, existen otros problemas que dificultan la aplicación adecuada del Código, como la lentitud en la respuesta de los tribunales a casos de solicitudes de medidas cautelares, las interpretaciones erróneas de las normas sustantivas y procesales y los prejuicios en sedes judiciales sobre la guarda y el cuidado compartido, lo que confirma la necesidad un cambio de mentalidad, señaló González Ferrer.
La vicepresidenta de la (UNJC) advirtió que no son pocas las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar en el país, las cuales siguen teniendo un tratamiento con poca sensibilidad, según divulgó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Señaló que el tratamiento de estos casos demuestra falta de conocimiento en materias familiar y penal, así como ausencia del uso de un protocolo de atención por parte, incluso, de las unidades policiales.
González Ferrer indicó que se conocen casos de mujeres lesionadas e ingresadas a hospitales, pendientes de operación por los daños sufridos, donde los agresores sólo enfrentan fianzas y quedan en libertad; y muchas veces la Fiscalía no conoce de estos casos de violencia porque no se le informa.
Solicitudes más frecuentes
Lilia María Hernández, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, refirió que son en su mayoría son mujeres quienes están llegando a contratar asuntos como la limitación o suspensión de la responsabilidad parental, reclamar alimentos o a determinar el régimen económico del matrimonio.
De acuerdo con Oscar Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia, las consultas recibidas hasta la fecha se centran mayormente en temas como la delegación voluntaria del ejercicio de la responsabilidad parental, el asentimiento del cónyuge para disponer de la vivienda familiar y otros bienes, la revocación de las donaciones de vivienda y el reconocimiento del parentesco socio afectivo.
Informó que hasta la fecha se han tramitado 4.193 escrituras de asentimiento para disponer de la vivienda familiar, 1.926 escrituras de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida en seres humanos, 203 pactos matrimoniales, 60 de revocación de donaciones, así como 1.068 matrimonios entre personas del mismo género y 75 uniones de hecho afectivas.
La Fiscal General de la República, Yamila Peña, señaló que hasta el momento la intervención del fiscal en procesos civiles y familiares ha aumentado en aquellos derivados del Código de las Familias, lo cual ratifica la pertinencia de la norma.
Sobre la implementación del Código en los tribunales de justicia, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, dijo que entre los procesos que predominan se encuentran los divorcios: 11 702; de ellos, 2854 por mutuo acuerdo. Ello seguido de las pensiones alimenticias: 1940 y la guarda y cuidado, y regulación del régimen de comunicación de los hijos menores de edad: 1102.
Como asuntos novedosos mencionó que se han implementado 244 reconocimientos de unión de hecho afectiva, 238 guarda y cuidado para abuelos, otros parientes o personas afectivamente cercanas, 49 reconocimientos de filiación socioafectiva y se han atendido 146 casos de discrepancias en el ejercicio de la responsabilidad parental.
A juicio de González Ferrer, la evaluación permanente de la implementación de la novedosa norma es indispensable. "Es alentador ver que los ciudadanos están haciendo uso de las distintas figuras que regula el Código, lo que indica que se está generando una mayor conciencia sobre los derechos y responsabilidades en el ámbito familiar", dijo.