En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Celaá informó que además de una propuesta de ley para aplicar medidas contra la violencia de género, se analiza la posibilidad de que el Estado se presente como parte acusatoria en algunos casos de agresión sexual.
La Audiencia Provincial de Navarra (norte de España) decretó la libertad provisional del grupo de cinco acusados de abuso sexual, al descartar riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
La Sección Segunda del tribunal emitió esta medida que implica el pago de una fianza de seis mil euros (6.9 mil dólares), con lo que saldrían de prisión en la que estaban desde julio de 2016 cuando fueron acusados de violación durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, capital navarra.
En abril pasado, la Audiencia les condenó a nueve años de prisión a cada uno por abuso sexual con prevalimento (que se aprovecharon de su superioridad para coartar la libertad de la víctima), pero les absolvió de agresión sexual, lo que generó protestas de grupos feministas.
Celaá precisó que se tomó la resolución con sorpresa, debido a que por lo general una sentencia condenatoria “siempre es peligrosa en el sentido de que es proclive a la fuga”.
“Ha sorprendido a este gobierno el auto de libertad. La regla general es mantener en prisión provisional, sobre todo con una sentencia de nueve años”, precisó.
Aseguró que el gobierno respeta las decisiones judiciales, “pero los hechos probados y condenados son gravísimos, y en este sentido el gobierno se hace eco de la alarma social de España, de las mujeres en particular, a las que se va a proteger”.
Recalcó que el gobierno va a presentar su propuesta en la comisión que realizará el estudio de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal (propuesta en mayo pasado).
Además, se impulsará una iniciativa de ley con medidas para casos de violencia de género, y ahora se debate en el Parlamento la necesidad de mayor formación a jueces y magistrados en cuestión de género.
Por último, agregó que se analiza la posibilidad de que la Abogacía General del Estado se apersone en causas judiciales de agresión sexual en defensa de las víctimas.