Esto expuso en entrevista la consultora en políticas públicas y género y maestra en Estadística, Mónica Orozco Corona, quien consideró que México debe consolidar la estrategia económica y transparentar los programas sociales porque, por ejemplo, los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar no están actualizados desde el año pasado y no se puede saber el monto ni la cantidad de personas (adultas, jóvenes o mujeres) que reciben recursos.
A propósito de la eventual crisis económica generada por la pandemia del COVID -19, organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han llamado a los países a tomar acciones y considerar que si los programas de protección social no contributiva, que se financian con impuestos, apoyan a los más pobres; sería necesario ampliarlos a otras familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza.
En este contexto, el pasado 5 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe y un plan económico en la materia.
En su mensaje mencionó 28 acciones, pero tres llamaron la atención de la también investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias porque son los programas más publicitados del actual gobierno: el “Programa Sembrando Vida”, que, dijo el mandatario, se ampliará para 200 mil campesinos; la “Pensión para Adultos Mayores”; y generar 2 millones de nuevos empleos en 9 meses.
Desigualdad estructural
Orozco Corona, junto con Connie Ruth Sotelo-Olivares, investigó los efectos de los programas sociales y de acuerdo con los hallazgos, resumidos en el artículo “Empleo e ingresos. ¿Qué efectos tienen los programas sociales sobre mujeres y hombres?”, que se publicó en enero de 2019 en la revista Coyuntura Demográfica, para ese entonces había un exceso de programas sociales, con resultados inciertos, dispersión de acciones y efectos diferentes para mujeres y hombres.
En este contexto, la experta y directora de la organización Genders explicó que desde antes de la actual crisis sanitaria, Mexico tenía una red de transferencia de recursos económicos, a través del desaparecido “Prospera”, pero su estrategia de empleo estaba muy corta.
Como resultado, en la actualidad México no ha mejorado las condiciones de empleo, de incorporación a la seguridad social, ni de generación de trabajos de calidad.
En opinión de la especialista, quien laboró para instancias como la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país se ha confiado en políticas parciales confiadas en el microfinanciamiento a pequeña escala y con algunos incentivos que no llegan a acelerar el proceso de formalización laboral.
En este momento, esos antecedentes son una condición estructural que nos impide tener mecanismos de protección y seguridad social para toda la población.
Transferencias a Adultos Mayores
El pasado 20 de marzo López Obrador anunció que se estaba protegiendo a los más pobres. “A partir de hoy empieza la dispersión de cuatro meses de pensión para más de ocho millones de adultos mayores, 40 mil millones de pesos para que reciban los adultos mayores su recurso; y como es la población más vulnerable ante esta epidemia, que ya no tengan que salir, tienen su recurso, se guardan”, dijo.
A decir de Mónica Orozco Corona, una de las principales estrategias tiene que ser, efectivamente, la transferencia a través de esta red, pero el mayor reto es logístico, hacerlo de inmediato; y hoy, no hay cifras que permitan verificar el cumplimiento de estas transferencias.
A esta realidad se suma el tema de cuidados que recae en las mujeres, quienes dedican, en promedio semanal, 46 horas más que sus parejas a labores de cuidado directo e indirecto, lo que equivale a una jornada completa de trabajo remunerado, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2014.
Microcréditos a empresas
Además de programas sociales, el gobierno mexicano tiene una propuesta de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, lo que en opinión de la consultora es muy importante pero debe ser un paso siguiente después de asegurar la red de protección a las personas.
Hoy las familias deben estar confinadas en su casa para evitar la propagación del virus, por lo que muchas empresas han cerrado o limitado sus labores, y por tanto no pueden aprovechar esos créditos, consideró.
El 5 de abril López Obrador dijo que se otorgarían créditos a pequeñas empresas familiares. Para financiar este plan el Gobierno federal argumentó que se usarían los ahorros del Fondo de Estabilización y los recursos de los fideicomisos. Este 8 de abril, amplió la información y dijo que se darán créditos a un millón de pequeñas y medianas empresas de los sectores formal e informal.
“Es una estrategia corta”, porque además se podrían implementar otras como diferir pagos de impuestos u otorgar subsidios a fondo perdido (la gente no tiene que devolver el dinero), un ingreso que no solo requieren micro y pequeñas empresas sino una gran cantidad de población en la informalidad y en autoempleo, es decir, personas que están fuera de los programas de “Adultos Mayores” o “Sembrando Vida”, como las mujeres.
La falta de ingresos y desempleo, señaló la consultora e investigadora, es una dificultad grande y un problema inminente que puede escalar a un problema de bienestar para personas trabajadoras que son quienes se tienen que retirar de sus actividades cotidianas.
¿Cómo ofertar empleo?
Aunque se anunció una estrategia de empleo, no se ha dicho cómo será, cuáles serán las características de estos empleos o qué mecanismos tendrán para llegar a más población, incluyendo a las mujeres.
En este contexto, explicó Orozco Corona, no se toma en cuenta que las familias están enfrentando un incremento, según se calcula, de hasta 70 por ciento en el tiempo de cuidado de niñas y niños pequeños o en edad escolar, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad y una demanda especial de higiene y de cuidados.
Esto, sumado a la dificultad económica y pérdida de empleo y de ingresos, está añadiendo pérdida de bienestar por la cantidad de tiempo de inversión de cuidado físico y emocional. Para la consultora hay que tomar en cuenta estos factores en el diseño de medidas, por ejemplo para empleos en materia de cuidados.
Recalcó que 57 por ciento de las y los trabajadores son informales, hay una fuerza laboral totalmente desprotegida que se concentra en sectores pobres, con ingresos precarios, pero que es de gran dimensión. México tiene que tener una política de empleo con estructura de fondo, que vaya más allá del salario mínimo que está por debajo de todos los países de América Latina, consideró.
El anuncio de generar empleos, parece, expuso, que sería como el programa que desapareció el año pasado de “Empleo Temporal”, una estrategia muy socorrida y que puede ser bastante útil en el proceso de recuperación de una crisis, una vez que la gente pueda salir en sus casos.
Sin embargo, previó que van a transcurrir meses antes de que las personas puedan regresar a realizar una actividad pública que sea pagada por las empresas o por el gobierno. Es decir, ofertar empleo será útil una vez pasada la contingencia.
Eso puede ser útil acompañado de otras medidas, pero la experiencia, recordó, dice que se trata de empleos en zonas rurales con salarios alrededor del salario mínimo que buscan rehabilitación de infraestructura como la limpieza o relacionadas con la recuperación de la crisis sanitaria.
En las zonas urbanas, mencionó, habrá que ver cómo lo plantea el gobierno federal. “Hay un deseo de 2 millones de empleo, no se ha publicado cómo se hará”, o si serán sólo de construcción donde la oferta es prácticamente nula para las mujeres.
En cambio, si se toma en cuenta la desigualad de género y si se restringe todavía más el confinamiento va a haber necesidad de tener una logística y una red para proveer más medicamentos y alimentos, esa puede ser una fuente potencial de trabajo temporal para las mujeres, y esos son temas que se deben considerar en un plan de rescate económico.