Estado mexicano obligado a garantizar seguridad de personal médico que atiende COVID-19

Ciudad de México. Todas las instituciones del Estado mexicano y la sociedad deben implementar campañas, mecanismos de protección y políticas públicas con perspectiva de género que hagan frente a las agresiones y las actuales condiciones de vida que padece el personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19.

Así lo reflexionaron la académica Gloria Ramírez Hernández, la abogada Patricia Olamendi Torres y la periodista Lucía Lagunes Huerta en el programa de radio Análisis Feminista, que puede escucharse todos los miércoles a las 10 de la mañana en Violeta Radio, por el 106.1 de Frecuencia Modulada (FM).

Durante la pandemia que atraviesa nuestro país por el COVID-19, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha registrado 73 quejas por actos de discriminación contra el personal sanitario; a su vez, la prensa ha reportado ataques con clarasol, exclusión de espacios públicos y hasta agresiones físicas contra personas profesionales de la salud que labora durante la emergencia sanitaria, de acuerdo con datos enunciados durante la mesa de análisis.

Al respecto, la doctora en Ciencias Sociales y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, destacó que en todo el mundo se han suscitado casos de agresiones contra el personal médico, incluidos dos de feminicidio.

En el caso de México, dijo, lo que tiene de particular es que no ha habido una respuesta de Estado permanente y no sólo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), contra los discursos discriminatorios.

Esta respuesta debería ser de parte de todas las instituciones y deberían incorporar acciones más contundentes para acompañar a quienes atienden a las personas contagiadas con el nuevo virus.

La académica también dijo que es urgente concientizar sobre la situación de desigualdad y precarización laboral y de condición de vida, en particular de las mujeres enfermeras.

De acuerdo con la también investigadora, el gobierno debe atender los impactos económico, de salud y violencia que vivan las mujeres durante la pandemia, ya que éstos podrían representar retrocesos en el reconocimiento a los derechos que ya se habían conseguido.

Por su parte, la exoordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la ConvenciónInteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” de la Organización de los Estados Americanos, Patricia Olamendi Torres, analizó que el escenario actual de agresiones contra el personal sanitario escala la discriminación, pues se trata ya de un ambiente de hostigamiento y acoso que les afecta en su vida privada.

Olamendi Torres señaló que ante esta realidad se requieren mecanismos de protección dentro y fuera de hospitales o centros de salud, e incluso acompañamiento y transporte para el personal de salud; asimismo, se podrían activar políticas y apoyos que mejoren las condiciones de vida de las mujeres profesionales de la salud, por ejemplo a través de apoyo a las labores de cuidado, viviendas temporales o aumento al sueldo, mientras como sociedad se podría hacer una campaña que les exprese su reconocimiento.

La periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C, Lucía Lagunes Huerta, criticó que las autoridades actuaron con demasiada confianza frente a la pandemia y minimizaron el impacto que traería en la vida de las mujeres.

Concidió con las expertas en que hasta ahora no existe una perspectiva de género real en la política para atender el COVID-19, la cual tendría que garantizar acciones específicas que consideren los impactos de esta pandemia en la vida de las mujeres, especialmente en el ámbito económico, de salud y de violencia, pues hasta ahora –analizaron– las respuestas han sido débiles e insuficientes frente a la realidad de las mexicanas: con trabajos precarios, sin acceso a la salud, con sobrecarga de trabajo en los hogares, sin un sistema de cuidados y con altos niveles de violencia.