Estado colombiano revictimiza a periodista Jineth Bedoya

Ciudad de México. Tras 21 años de esperar justicia, este lunes 15 de marzo la periodista colombiana Jineth Bedoya, amenazada, torturada y violentada sexualmente, fue revictimizada por el Estado colombiano quien se retiró de la audiencia pública que iniciaría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para revisar su caso, informó en un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La audiencia que tendría lugar este lunes en la que se determinaría la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000 no pudo celebrarse debido a que el Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por éste no compareció a rendir su declaración.

El 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso, el primero de una periodista víctima de tortura sexual, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el más alto tribunal de la región.

El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya realizaba un reportaje cuando fue atacada en las inmediaciones de la Cárcel Nacional Modelo, ubicada en Bogotá. Bedoya, quien entonces trabajaba en el periódico “El Espectador”, investigaba el papel de la Fuerza Pública, la Guardia de la Cárcel Nacional Modelo y paramilitares internos en una masacre ocurrida días antes, el 27 de abril, en dicha cárcel.

El expediente de la CIDH reveló que la periodista cubrió la masacre ocurrida el 27 de abril de 2000 en el centro penitenciario, en la que murieron 25 internos. Días después recibió amenazas de los reclusos y el 24 de mayo de ese año recibió una llamada donde un interno le ofreció una entrevista. Ella aceptó y pidió garantías de protección, además, como medida de protección, su medio decidió que fuera acompañada por el editor judicial del periódico, un fotógrafo y un conductor.

El día pactado, Jineth Bedoya se dirigió a la entrada principal del recinto penitenciario, mientras sus compañeros se quedaron a la espera de instrucciones. Un sujeto desconocido la identificó, la jaló, la llevó a la fuerza a una casa cercana al lugar y después, junto con otros hombres, la trasladó en una camioneta a otro lugar. En el trayecto fue torturada y después de aproximadamente 16 horas fue liberada.

Aun cuando salió con vida, la periodista siguió recibiendo amenazas y el 18 de agosto de 2003 fue secuestrada nuevamente, junto con su equipo, pero ahora por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población de Puerto Alvira. Después de 5 días fueron liberados.

Debido a la impunidad en su país y al hostigamiento de autoridades del Estado, el 3 de junio de 2011 Jineth Bedoya y sus presentantes legales de la FLIP presentaron el caso a la Comisión Interamericana. En enero de 2019 la CIDH emitió su informe de fondo, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas, pero ante el incumplimiento de las medidas el caso se envió a la Corte.

Alegan falta de imparcialidad
El Cejil explicó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, encabezada por Camilo Gómez, alegó una presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la CoIDH, por lo que anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales.

“Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima”, afirmó el Cejil.

Los representantes legales de la periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Cejil, señalaron que lo que las y los magistrados que comentaron sobre el caso fueron “dignificantes y oportunos” y escucharon el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a Derechos Humanos, “pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa”.

Explicaron que su facultad como jueces, es la de indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación.

En el caso de la periodista Jineth Bedoya, respondió a las preguntas que se le hicieron y que están relacionadas con su actividad periodística y las investigaciones que realizaba al momento de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación.

De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha.

Cejil explicó en el comunicado, que la periodista señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual.

También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas y mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno.

El Cejil y la FLIP afirmaron que esta actitud del Estado colombiano “demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia.

El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de Derechos Humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte”.

También, señalaron, es una estrategia para deslegitimar a la CoIDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Las organizaciones que representan a Bedoya hicieron un llamado al Estado colombiano a que “en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte.