En aumento, trabajo infantil en la Ciudad de México

Ciudad de México. Ante el fracaso de las políticas públicas que se han implementado en la Ciudad de México para erradicar el trabajo infantil, cientos de niñas y las adolescentes que laboran en el Metro y en la Central de Abastos enfrentan agresiones sexuales y explotación, y carecen de acceso a la educación, la alimentación y la salud.

Así lo dio a conocer este 23 de enero la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, durante la presentación del informe “La situación del trabajo infantil y el trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México”.

El informe contabilizó que en 2017 había 84 mil personas menores de 17 años en situación de trabajo infantil (esto incluye trabajos peligrosos, no adecuados o en edad no permitida) en la capital del país; 48.3 por ciento de esta población eran niñas y adolescentes mujeres.

En el Sistema Colectivo de Transporte Metro ellas representan 41 por ciento de una población de mil 420 personas menores de 17 años; al menos 173 de ellas tenía tan sólo entre 3 y 5 años de edad. La mayoría se desempeña como comerciantes en andenes.

Estas cifras representan casi el doble de lo que se contabilizó en 2015: no más de 850 niñas, niños y adolescentes que trabajaban en el Metro, precisó la ombudsperson.

Aunque no hay cifras similares con respecto a la Central de Abasto, de acuerdo con la presidenta, las niñas realizan prácticamente las mismas actividades que los niños: carga, subasta, traslado y separación de basura o materiales, trabajo como carretilleras y comerciantes.

Pero estas actividades implican riesgos que van desde caídas o golpes por el freno del metro, abusos en operativos, robos o despojo de mercancía, hasta el acoso sexual diario por parte usuarios y policías, y otras personas.

También enfrentan problemas de salud derivados de sus actividades, como enfermedades respiratorias o gastrointestinales, dolores físicos e incluso hernias por cargar pesado, despellejamiento de manos, y hasta estrés o nerviosismo, pero la mayoría no tiene servicio de salud, no lo usa, se automedica o espera a que los malestares pasen.

Además, existe –aunque en bajo porcentaje– el riesgo de rapto o trata con fines de explotación laboral, explicó la Comisionada. De cualquier forma, dijo, también es preocupante la explotación que viven las y los niños por parte de sus núcleos familiares, ya que la mayoría no recibe un peso por su trabajo, sino que todas sus ganancias se transfieren al gasto familiar.

El informe detalla que en el caso de las niñas y adolescentes, las razones para trabajar son principalmente “ayudar a su mamá” o contribuir a la situación económica de sus familias. Y entre sus principales preocupaciones está tener para comer o para comprar ropa y calzado.

Políticas públicas insuficientes
México firmó en 2015 el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el que se comprometió a nivel internacional a erradicar el trabajo infantil y acabar con las peores formas de empleo para las y los adolescentes. Este Convenio ordena poner particular atención en las problemáticas que enfrentan las niñas.

En 2016, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa Centro de apoyo al menor trabajador de la Central de Abastos, y en 2018 se anunció que habría brigadas y vigilancia por medio de las cámaras del C5 para identificar a niñas y niños en condición de explotación laboral.

Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de la CDHDF, el trabajo infantil no sólo no se ha terminado sino que va en aumento, ya que muchos de los programas que se han impulsado tienen reglas de operación que limitan la participación con requisitos como vivir en una cierta alcaldía, hacer visitas domiciliarias, y la corresponsabilidad de la mamá y el papá.

El problema es que, según reveló el informe, la mitad de estas personas trabajadoras no viven en la capital, sino en los municipios colindantes del Estado de México, como Chimalhuacán, Nezahualcoyotl, Chicoloapan, Ecatepec, Chalco, etc.

Ramírez Hernández precisó que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México respalda a las autoridades en caso de que quisieran implementar estrategias que beneficie a la población infantil que trabaja en la capital pero vive en otras entidades.

También explicó que en el caso de la Central de Abasto, el programa educativo (como el de todas las escuelas de la zonas donde se emplean las y los niños) ha sido insuficiente porque no se adecúa a las condiciones de vida de la infancia trabajadora que labora hasta 48 horas semanales y se traslada largas distancias.

Por ello, en general quienes asisten a la escuela después de trabajar presentan bajo rendimiento. Según el informe, la mayoría de las y los niños que se emplean en la Central o el Metro tienen como máximo grado de estudios la secundaria.

Durante su participación en la presentación de este informe, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Soledad Aragón Martínez, anunció la actual administración trabaja en un nuevo diagnóstico sobre trabajo infantil y en un nuevo programa que incorpore condiciones de movilidad para las y los niños que trabajan. Ambos serán presentados de manera oficial este año.