Así lo da a conocer el “Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales de la CNDH en materia de agravios a periodistas” realizado por investigadoras e investigadores de la UNAM, y presentado ayer en la Ciudad de México.
La impunidad imperante en materia de procuración de justicia en los casos de agresiones a periodistas es reflejo de la falta decompromiso de las fiscalías federal y estatales, así como de las autoridades, especialmente municipales, que además muestran sensible retraso y desdén respecto de las respuestasquedeben dar a las Recomendaciones Generales, indicó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez.
Señaló que el estudio destaca que las dependencias del gobierno federal yde los estados responden con más diligenciaque los gobiernos municipales. A la Recomendación General 24, de 2016, 37 por ciento de las instituciones federales y estatales contestaron en los primeros 30 días, y 28 por ciento más en el siguiente mes.
En cambio, de las respuestas municipales ninguna llegó en los primeros 30 días hábiles, 3 por ciento fue recibido en el mes posterior, y 68 por ciento demoró entre uno y seis meses.
Gran parte se limitó a contestaciones rutinarias; 19 por ciento glosan las recomendaciones, y 33 por ciento contiene información que manifiesta alguna forma de seguimiento a casos o recomendaciones específicas.
De las respuestas surgidas de gobiernos municipales, 82 por ciento fue de carácter rutinario y burocrático, aseguró González Pérez.
Asimismo, relató que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene problemas presupuestales por segundo año consecutivo, lo que pone en riesgo la permanencia de las medidas de protección de cientos de periodistas, a pesar de los compromisos que asumió el Ejecutivo Federal el año pasado en ese sentido.
Por eso exhortó a las autoridades de “dejar ese desdén” para atender a las Recomendaciones de la CNDH y mostrar mayor voluntad política respecto a la libertad de expresión.
Para la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas Serna, los funcionarios públicos saben que existen estas recomendaciones, aceptan 94 por ciento de los casos, pero “no hacen nada para cambiar la situación:” Ella culpó al Estado de “no reconocer la libertad de expresión como un problema de Estado”.
“Podemos ver que de 2009 a 2016 los patrones de violencia se van incrementando”, dijo, y preguntó: “¿Como va ser sostenible el Mecanismo de Protección si el número de periodistas agredidos incrementa de manera constante? ¿Cuántas periodistas necesitan ser protegidas en un contexto donde no hay consecuencias para los perpetradores?”
Ruelas Serna calificó el problema como un “atentado directo al Estado”, pero estimó que éste tiene un interés en mantener el silencio. Puso el ejemplo de Tamaulipas, “considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una zona silenciada”, con un gobierno corrupto.
Destacó que la sociedad necesita una prensa libre, que vea a través de la prensa y radio el reflejo de la realidad en la que se encuentra. Rechazó los altos niveles de impunidad en cuanto a agresiones contra periodistas, 99.6 por ciento, e instó a buscar el diálogo con el nuevo gobierno federal para que garantice el ejercicio periodístico.
La directora de Artículo 19 reclamó además que no se podía hablar del tema de protección sin un combate decidido de la impunidad. “Necesitamos que el nuevo gobierno se comprometa con un mecanismo de protección que no solamente tiene el enfoque en salvaguardar la vida de las y los periodistas, sino también en las medidas preventivas que ya están expuestas en las Recomendaciones Generales”, dijo Ruelas Serna.