A través del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” implementado desde 2008 la PGJ y la Clínica acordaron brindar a la atención médica inmediata a estas víctimas y anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
No obstante el servicio no se garantiza en las agencias investigadoras y las dos unidades de la Clínica Especializada Condesa, una ubicada en la delegación Miguel Hidalgo y otra en Iztapalapa, sólo cuentan con cuatro médicos que al año deben atender a más de mil víctimas de violación sexual.
Obligación de estado
El tratamiento para las víctimas de violación, que consiste en la administración de anticonceptivos, la profilaxis y, en caso de ser necesario, el acceso a la interrupción del embarazo, es una obligación del gobierno como lo establece el Artículo 6.4 de la Norma Oficial Mexicana 046, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Sin embargo, en un recorrido que Cimacnoticias realizó por las seis agencias especializadas, el personal de las agencias que atiende las denuncias de violación sexual aseguró no contar con el tratamiento “porque es responsabilidad de la Clínica Especializada Condesa administrarlos” a pesar de que el personal la Clínica informó en entrevista que cada año abastece con suficientes dosis a las unidades.
“Hay un acuerdo con las PGJ, ellos tienen kits e inician el tratamiento de profilaxis con la condición de que deben venir después a la clínica a continuar con el tratamiento porque nosotros no tenemos la atención los fines de semana ni en la noche, pero después nos envían a los pacientes”, aseguró la ginecóloga de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
La ginecóloga, quien forma parte del programa de atención, enfatizó que el tiempo es apremiante para dar los medicamentos a las víctimas de violación, se cuenta con 72 horas, de lo contrario los antirretrovirales y anticonceptivos no tienen afecto para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana y un embarazo.
Tan sólo en 2016 la institución médica atendió a 958 víctimas de violación por primera vez; 91 por ciento eran mujeres con edad promedio de 19 años, el resto hombres de 21 años, según su informe anual.
En 2014, 25 mujeres presentaron un embarazo producto de una violación, el año con el mayor registro de estos casos, indicó la doctora Cabrera; 24 de ellas accedieron a una interrupción legal del embarazo y solo una no pudo hacerlo porque tenía más de seis meses de gestación.
Ante la incidencia de este delito, desde 2015 se inauguró la unidad de la Clínica Condesa en Iztapalapa, una de las delegaciones donde se registra el mayor número de casos violación en la capital, precisó la ginecóloga. El año pasado la unidad atendió a 51 víctimas.
Contratadicciones
De acuerdo con la ginecóloga Teresita Cabrera cada año capacitan al personal de las agencias de delitos sexuales para que brinden información certera a las denunciantes sobre los horarios y la administración de las tres pastillas de antirretrovirales y la pastilla de anticoncepción que conforma el paquete médico.
Pero el personal de las agencias aseguró a Cimacnoticias que no tienen conocimiento de cómo administrarlos por lo que de lunes a viernes canalizan a las víctimas a las clínicas y únicamente los fines de semana, cuando la institución médica no da el servicio, ofrecen el paquete y un folleto de instrucciones.
Las víctimas son las únicas afectadas por estas contradicciones. Ejemplo de ello es Itzel, la menor de 15 años de edad fue violada el 1 de junio cerca del metro Tasqueña. Aunque ella denunció no le dieron el kit de emergencia en ninguna de las tres agencias especializadas a las que tuvo que ir.
Al no encontrar atención médica la familia de Itzel tuvo que costear los anticonceptivos y trasladarse, después de las 42 horas que duró el trámite de la denuncia, a la Clínica Condesa para solicitar los antirretrovirales. De no recibir o acudir a la clínica por ellos, las víctimas de violación tendrían que pagar de sus bolsillos entre 5 y 10 mil pesos por este medicamento, indicó la doctora.
Cabrera López afirmó que al menos en el último año no se han efectuado los cursos de capacitación para actualizar al personal de las agencias. “Se nos ha complicado porque cambian las personas con las que debemos hablar, pero no han venido a capacitación recientemente, aunque saben que lo tienen que hacer cada año”.
Víctimas de violación a su suerte
A esta situación se suma el desconocimiento de cuántas de las víctimas que denunciaron una violación acuden a la Clínica Condesa. Las agencias de la Procuraduría las canalizan y la clínica sólo tiene el conteo de aquellas que atienden. De 2009 hasta 2016, se dio tratamiento médico a 7 mil 397 víctimas.
La ginecóloga señaló la nula comunicación entre las instancias, “No tenemos el control de cuántas denuncian y cuántas vienen, en las agencias emiten los oficios, pero no nos sentamos ni hablamos con ellos, es un trabajo interinstitucional por acuerdos de años previos”.
Además, los cuatro médicos distribuidos en las dos clínicas, tres en la unidad de Miguel Hidalgo y uno más en Iztapalapa, atienden también a los pacientes de los otros seis programas con los que cuentan, como el de atención y detección de VIH en mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, transgénero y el de salud mental.
La sobrecarga de trabajo y la falta de personal tanto médico como de trabajo social en la clínica impide corroborar que las víctimas de violación cumplan con su tratamiento: ir cada tres meses -hasta cumplir nueve- para corroborar que no tienen alguna infección, VIH o un embarazo.
“No tenemos esa capacidad, atendemos muchísimos programas, no nos damos abasto, no es un trabajo viable, no podríamos hacerlo”, concluyó la ginecóloga.
Una parte de las víctimas de violación sexual que no se refleja en las estadísticas son las niñas menores de 12 años de edad. Ellas, indicó la doctora Cabrera, tienen afectaciones específicas que necesitan ser tratadas por especialistas por ello es necesario conocer el panorama que esta población en el país. (Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada)