Varias personas, incluyendo la recién liberada periodista Lucía Pineda Ubau, viajaron a Colombia para expresar su preocupación y exigir el regreso de organismos de Derechos Humanos al país, así como una posición más firme y contundente de la OEA frente al presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Pineda habló de la persecución a su medio, “100% noticias” en entrevista con el canal NTN24. Relató que a pesar de su excarcelación el 11 de junio, su juicio “sigue vivo”, y que “todavía no nos han devuelto las instalaciones del canal, donde están todos nuestros instrumentos de trabajo.”
De la misma manera, seguirían confiscadas las instalaciones del periódico “Confidencial”. La periodista advirtió que corre el riesgo de ser encarcelada nuevamente, porque según la Ley de Amnistía aprobada en la Asamblea Legislativa de su país, “si ‘repetimos’ supuestamente los crímenes, según Daniel Ortega, los crímenes de informar, entonces nos van a volver a meter a la cárcel.”
En el marco del evento paralelo a la Asamblea General sobre Nicaragua denominado “¿Hacia dónde va Nicaragua?”, la defensora Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), opinó que “hay un cambio hacia mayor represión, en una etapa más difícil. Vivimos a diario el acoso, la vigilancia permanente, la falta de privacidad.”
La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil), Claudia Paz y Paz, destacó que “lo que sucede en Nicaragua no es normal porque las 326 muertes violentas continúan en la más absoluta impunidad. Cada día se cierran más los espacios democráticos.”
La Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, reconoció que se sigue deteniendo personas de manera arbitraria y que los tipos penales están mutando hacia delitos comunes, lo que representa una preocupación seria para el desarrollo de la crisis.
Una fuerte indignación entre personas defensoras produjo el pronunciamiento del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, en la apertura de la Asamblea General, donde afirmó que “Ortega gobierna Nicaragua, Maduro reprime Venezuela”. A cambio del presidente venezolano, dijo, “Ortega trata de resolver el tema de salud, el tema de educación, sigue tratando de resolver los temas sociales de su país.”
Esta postura, opinó la feminista Azahalea Solís Román, delegada de la organización nicaragüense Alianza Cívica en Medellín, “demuestra que no está conociendo la situación de Nicaragua. Es perverso que se está comparando lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua tiene muchísima menos población y sin embargo, la cantidad de presos políticos es mayor en términos absolutos que la de Venezuela.”
Solís destacó que de las personas excarceladas en su país, pocas recibieron sus documentos, y no fueron liberadas porque siguen sus juicios, por lo tanto, seguirían siendo perseguidas e intimidadas por el régimen de Ortega.
La opositora nicaragüense Irlanda Jeréz, rechazó las declaraciones de Almagro en una entrevista en redes sociales: “Daniel Ortega no gobierna, como él dice. Daniel Ortega asesina, reprime, encarcela, secuestra, desaparece, tortura a los hermanos nicaragüenses. Así que pedimos a Luis Almagro que no continúe su apoyo a un dictador”, reclamó.
El conjunto Alianza Cívica publicó el 27 de junio una nueva lista de presas y presos políticos que permanecen en la cárcel: 27 personas, además de aproximadamente 64 personas que fueron “secuestradas en cárceles desde el 31 de marzo al 25 de junio 2019.” La organización destacó que durante el último cuatrimestre se registró “un promedio de 10 secuestros por día.”
Alianza Cívica exigió el reingreso de organismos internacionales de Derechos Humanos como la CIDH al país, así como elecciones anticipadas, libres y transparentes para solucionar la crisis. Sin embargo, los planes de la OEA por el momento únicamente prevén una resolución que propone crear una Comisión Especial que se encargue de “gestiones diplomáticas” ante el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estos planes fueron criticados por opositoras y opositores nicaragüenses por el plazo que está previsto para que la Comisión entregue su informe y se ejerzan consecuencias. Inicialmente se habían previsto 90 días, actualmente se está hablando de 75 días. El resultado final se dará a conocer en el transcurso del día, pero varias delegaciones como la de Estados Unidos consideraron este tiempo demasiado largo, al igual que la oposición nicaragüense.
"No estamos de acuerdo con un plazo de tres meses porque no tiene sentido seguir prolongando la grave situación de Nicaragua. Ortega no cumple y, por el contrario, sigue reprimiendo y está mejorando su sistema de paramilitares, expuso Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco al periódico “El Confidencial”. (Sonia Gerth)