Este fue un debate que se desató, y no se profundizó, durante el 70 periodo de sesiones del Comité CEDAW, que se realizó en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 2 al 20 de julio, donde algunas organizaciones civiles abogaron por mantener excepciones a la edad para contraer matrimonio mientras que otras aseguraron que esto violaría los derechos de niñas y adolescentes.
Si bien el tema no fue el foco de la evaluación del Noveno informe periódico de México, que se realizó el viernes 6 de julio, en reuniones a puerta cerrada las expertas preguntaron sobre éste, a lo cual respondieron la maestra en Estudios de Género por El Colegio de México, Cynthia Galicia Mendoza y la abogada e integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Rebeca Lorea. Ambas con perspectivas distintas.
En el informe que el Estado mexicano presentó ante el organismo internacional se explica que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, estipula la obligación de establecer 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Además, actualmente 29 entidades federativas han armonizado sus legislaciones, sin ningún tipo de dispensa a esta norma.
Actualmente, según informó la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Eternod a las expertas, sólo Baja California, Querétaro y Sonora mantienen dispensas a esta disposición.
En este contexto las organizaciones GIRE, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Internacional Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region y Data Cívica presentaron un informe alterno donde expusieron que la prohibición absoluta del matrimonio adolescente no aborda los problemas que se buscan resolver y coloca a esta población en una situación peor que si les permitiera casarse.
Para estas agrupaciones, según la información pública que presentaron, si bien es positivo que los Códigos Civiles estatales establezcan los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, la posibilidad de excepciones debe ser reconocida y mantenida (en los estados donde todavía se consideran), con el fin de garantizar los derechos de las adolescentes.
Las organizaciones a favor de las dispensas consideran que el sistema “prohibicionista” se basa en argumentos falaces como el que las mujeres jóvenes se casan con hombres mucho mayores, lo que constituye una forma de violencia que debe ser evitada; que estos matrimonios causan aumentos significativos en las tasas de deserción escolar y que existe una relación entre el matrimonio y las tasas crecientes de embarazo adolescente.
Estas agrupaciones sostienen que el matrimonio entre menores de edad en México es un fenómeno poco común que disminuye cada año, y las diferencias de edad entre los cónyuges cuando uno de ellos es menor de edad no son tan grandes. En 2015, por ejemplo, aseguraron que las mujeres menores de edad que se casaron, en su mayoría tenían 17 años y se unieron con hombres de 20 años.
En segundo lugar, señalaron que no hay relación entre el embarazo adolescente y las tasas de deserción escolar porque en México la principal causa de abandonar la escuela es la falta de recursos económicos. También expusieron que restringir el matrimonio ignora la autonomía progresiva y obstaculiza el acceso derechos como seguridad social, inmigración y asuntos relacionados con impuestos, entre otros.
Cabe decir que desde 2016 existe una Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (22/2016), recurso interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, quien impugnó la reforma que aumentó la edad para casarse por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años de edad.
Por su parte, la Catedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó un informe al Comité CEDAW donde expuso que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015 se registraron 400 mil 954 personas entre los 12 y 17 años en alguna situación conyugal: casada, unión libre, divorciada, viuda, etcétera, 81 por ciento eran niñas y mujeres adolescentes y 19 por ciento niños y hombres adolescentes.
A decir de esta agrupación, las niñas y adolescentes no se casan con sus pares sino con hombres mayores y además aún se autorizan matrimonios de menores de edad ya sea por desconocimiento de las leyes, por corrupción o por la costumbre y por conceptos discriminatorios contra las mujeres.
Al mantener las dispensas, expuso la Cátedra en su documento, se deja sin protección a las niñas de cualquier edad para ser forzadas a contraer matrimonio e incluso, para esta organización, estas uniones sí se encuentran directamente relacionadas con el embarazo adolescente, la violencia sexual y el embarazo a edades tempranas.
Con estas consideraciones, esta organización pidió al Comité de expertas recomendar que se eliminen las dispensas o cualquier previsión legal en las entidades federativas que permiten contraer matrimonio entre y con niñas, niños y adolescentes y fortalecer las leyes que castigan los abusos sexuales, entre otras medidas.
Durante la evaluación del 6 de julio, la experta de Mauricio e integrante del Comité CEDAW, Aruna Devi Narain, preguntó a la comitiva mexicana cómo estaban las normas sobre matrimonio y qué hacia México para cambiar la cultura del matrimonio infantil y evitar que las niñas fueran forzadas a casarse con su secuestrador o violador.
A esta interrogante respondió la coordinadora de Operación del Secretariado del SistemaNacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, quien dijo que las tres entidades que aún mantienen dispensas tuvieron elecciones locales en este año por lo que esperan que con los nuevos cambios se reinicien las gestiones de armonización legislativa.
Por su parte la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que en breve habría una resolución sobre la Acción de Inconstitucionalidad y el debate de excepciones a la norma que estableció la Ley General que protege a la niñez.
En este contexto, en las Observaciones finales del Noveno informe periódico de México, las expertas dijeron que preocupa la implementación efectiva de esta disposición sobre edad mínima para casarse a nivel estatal y los informes sobre casos de matrimonio forzado, particularmente en comunidades indígenas.
Por ello el Comité recomendó al Estado garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio, de 18 años para niñas y niños, se refleje en las leyes de todos los estados y se aplique efectivamente en todo el país y que se realicen campañas integrales de sensibilización para desafiar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz. Asimismo pidieron mecanismos para registrar todos los matrimonios, especialmente en las zonas rurales, remotas e indígenas.(Anayeli García Martínez)