La mañana de este 1 de septiembre López Obrador omitió –como ha hecho en todos sus informes– rendir cuentas sobre los avances en derechos de las mujeres, pero afirmó que en casi todos los delitos hay una disminución en comparación con noviembre de 2018 y que actualmente hay menos feminicidio.
No obstante, la afirmación del Presidente no corresponde con las cifras oficiales. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las carpetas de investigación iniciadas por feminicidio han crecido desde 2018, como se muestra a continuación:
| Periodo | Carpetas de investigación por feminicidio | Víctimas de feminicidio* |
| De enero a julio de 2020 | 549 | 566 |
| De enero a julio de 2019 | 519 | 537 |
| De enero a julio de 2018 | 500 | 516 |
Mujeres, la mitad del país pero invisibles para el Presidente
Al respecto, la directora de la Red Nacional de Refugios e integrante de la plataforma Nosotras Tenemos Otros Datos, Wendy Figueroa Morales, dijo en entrevista con Cimacnoticias que de forma lamentable, pero no sorprendente, el presidente mantiene un discurso donde no menciona a las mujeres y cuando se refiere a incidencia delictiva sólo afirma que disminuyó el feminicidio.
Figueroa Morales, quien ha confrontado los dichos de López Obrador con información de instituciones públicas, explicó que los datos oficiales evidencian que este 2020 hay más asesinatos de mujeres que en otros años.
El informe “De los discursos a los hechos”, elaborado por la Red Nacional de Refugios y presentado la última semana de agosto, refleja que más de 2 mil mujeres han sido asesinadas, incluyendo víctimas de feminicidio y homicidios dolosos, de acuerdo con datos del SESNSP. Además, la ONU asegura que cada dos horas y media una mujer es asesinada en México.
La información de la Red amplia lo que dijo López Obrador sobre incidencia delictiva: En siete meses, se iniciaron 123 mil 927 carpetas de investigación por violencia familiar, pero tan sólo en el mes de julio aumentaron las denuncias en un 3.7 por ciento con respecto a las registradas en junio. Por su parte, los servicios de atención a mujeres sobrevivientes de violencias, como los refugios, se han visto rebasados ante el incremento de la demanda.
Wendy Figueroa consideró que no tomar en cuenta estos datos es una forma de invisibilizar, en los discursos y en las acciones, lo que sucede con las mujeres. Por otro lado, agregó que a diario ocurren otro tipo de delitos, por ejemplo, asesinatos disfrazados de suicidios o crímenes sexuales que no se investigan o se indagan sin un debido proceso.
La defensora dijo que desconocer la realidad provoca carencia de políticas integrales que garanticen el derecho a vivir una vida libre de violencia. “Es lamentable que a dos años de gobierno sigamos con un presidente que no mira y que no escucha a la gente que está a su alrededor”.
Expuso además que en vez de ser parte de un Estado omiso, el presidente pudo reconocer en su segundo Informe de Gobierno las áreas de oportunidad, porque eso reflejaría que tiene claras las necesidades de la ciudadanía y reconoce la situación de emergencia para avanzar en estrategias de atención.
Con esta percepción coincide la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Luz Estrada, quien consideró que el presidente quedó a deber en esta rendición de cuentas porque no dijo qué sucede en acceso a la justicia. “La violencia contra las mujeres no ha bajado”, expresó.
Luz Estrada incluso recordó que el Secretario de Seguridad, Alfonzo Durazo, reconoció que el feminicidio está a la alza. En julio pasado el funcionario aseguró durante la conferencia presidencial matutina que este delito aumentó porque en mayo se registraron 73 casos y en julio 99. Se trataba entonces de la cifra mensual más elevada desde noviembre de 2018, cuando se registraron 100 casos.
Estrada argumentó que a este ritmo México va a llegar a 4 mil mujeres asesinadas al año. Sin embargo, dijo que las cifras no revelan todo el problema. A la defensora le preocupa que estos crímenes no se investiguen y que en las Fiscalías no haya personal para dar seguimiento a estas denuncias.
La defensora criticó que aunque López Obrador afirme que se mantienen las becas para estudiantes y las pensiones para adultos mayores o que 7 de cada 10 familias reciben recursos públicos mediante algún programa de gobierno, éstos no enfrentan otros problemas de discriminación como la violencia de género.
A esto se suma que, de acuerdo con diversas respuestas de transparencia obtenidas por esta agencia de noticias, ninguna dependencia federal, incluyendo Presidencia, conocen el fundamento de esta declaración que López Obrador hizo por primera vez el pasado 5 de abril.
Luz Estrada consideró que hasta el segundo año de gobierno sigue la falta de una estrategia para las mujeres. Como muestra destacó que no hay un plan para prevenir y atender la violencia contra las mujeres ni un plan nacional en materia de Derechos Humanos, a pesar de que es una obligación diseñar y publicar esta hoja de ruta al inicio de cada sexenio.
Además, hasta agosto el Gobierno de la República no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2020-2024, cuyo objetivo es “atender las principales problemáticas que impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en condiciones de igualdad con los hombres”.
Aunque el gobierno federal asegura que diseñó una Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, las Niñas y las Adolescentes, y un Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, ninguna de estas dos políticas ha sido publicada oficialmente. El presidente tampoco señaló en su informe el avance de estas acciones.
Las defensoras de los derechos de las mujeres también criticaron que el titular del Ejecutivo no se pronunció por robustecer el presupuesto paar la igualdad y no mencionó acciones a favor de las mujeres indígenas, más allá de asegurar que una indígena va a presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo sin presidenta desde junio pasado.