Continuidad y retos frente a la adolescencia y juventud indígena

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente (ENAPEA) es una política pública considerada de alta prioridad que fue presentada en el mes de febrero de 2015 por el Ejecutivo federal mexicano.

Su objetivo principal es la reducción del 50 por ciento del número de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y la erradicación del embarazo en niñas de 10 a 14 años al 2030.

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) ha dado seguimiento desde el año 2016 a la instalación de los Grupos Estatales para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. Hemos documentado los procesos de los grupos estatales para la construcción de un plan de trabajo o estrategia estatal y cuáles han sido sus principales dificultades, aprendizajes y buenas prácticas.

Los propios ejes de la ENAPEA: interinstitucionalidad, intersectoralidad, transversalidad y, sobre todo, la convergencia de recursos ―ante la ausencia total de un presupuesto específico― han significado retos importantes en las entidades para las instituciones ante una escasa cultura de colaboración entre ellas.

Frente a la transición gubernamental, y ante una necesaria revisión de esta política pública, ha habido pronunciamientos y llamados por parte de la sociedad civil, a favor de la continuidad de la ENAPEA por la relevancia del problema que atiende y por lo urgente que es tener avances en esa materia. Sin embargo, también hay una demanda de revisar y mejorar la implementación de esta política en los estados, principalmente por la sociedad civil participante en los GEPEA.

A partir de los hallazgos que tenemos en el OMM, desde el monitoreo de 2016 y de la participación y acompañamiento que realizamos en 2017 y 2018 a los GEPEA de Chiapas y Oaxaca, consideramos que la ENAPEA debe tener continuidad pero atendiendo la experiencia y aprendizajes de los grupos estatales, quienes han asumido los retos de la operatividad de una política que sólo resulta consistente y adecuada en el papel.

En Chiapas, por ejemplo, la participación de las instituciones mandatadas por la ENAPEA es inexistente. Es decir, no participan en el GEPEA ni la contraparte estatal del Instituto Nacional de las Mujeres, denominada Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), ni la contraparte estatal del Consejo Nacional de Población, denominada Consejo Estatal de Población (COESPO) de Chiapas, cuyo titular es quien también encabeza el Instituto de Población y Ciudades Rurales. Ambas instancias tienen el mandato de desempeñarse, una como Secretaria Ejecutiva (SEDEM) y la segunda como Secretaria Operativa (COESPO Chiapas).

Los avances de los GEPEA son desiguales, mientras que Chiapas aún no cuenta con su plan de trabajo, coexisten GEPEA como el de Oaxaca que avanza de manera participativa y coordinada, que ha sorteado, sin desarticularse, los cambios de gobierno estatal y la alternancia de partidos. Por lo tanto, a tres años del arranque de la ENAPEA, con grupos estatales sin plan de trabajo, sin metas ni indicadores, no hay condiciones para poder evaluar sus resultados a nivel estatal.

Desde el OMM recomendamos impulsar los GEPEA en estados donde se requiere una adecuación de los programas e intervenciones para las y los adolescentes del medio indígena. La ENAPEA tiene pocos enunciados al respecto y deja la tarea de construcción de estrategias diferenciadas para segmentos de población específicos a los grupos estatales. El segmento de población indígena adolescente no es menor, como nos muestran los datos demográficos más recientes de la Encuesta Intercensal 2015.

La pirámide de población indígena, con datos de la citada encuesta, nos indica que es mayoritariamente joven: 58.3 por ciento es menor de 30 años, cinco puntos porcentuales por encima de la población no indígena.

Este escenario se repite en Chiapas, donde la edad promedio de la población total es de 23 años y 36.1 por ciento de los 5 millones 217 mil 908 habitantes se autoadscribe como indígena. De ese 36.1 por ciento población contabilizada como indígena, 48.6 por ciento se encuentra entre los 10 y los 19 años, es decir, cerca de la mitad de la población indígena de Chiapas está en el rango que la OMS caracteriza como adolescencia

Para la prevención de embarazos en adolescentes indígenas, ya sea en el área rural, en sus asentamientos históricos o en contextos urbanos o semiurbanos de migración, proponemos una serie de criterios de pertinencia cultural que pueden orientar las estrategias y acciones que se emprendan con este fin.

- Contar con acciones diferenciadas para población adolescente unida y no unida, así como para población adolescente escolarizada y no escolarizada. Estas variables implican una diferencia tanto en la información que reciben las y los adolescentes como en el medio en el que se les hace llegar. La experiencia en campo nos dice que la población no unida y no escolarizada es la que menos recibe consejería anticonceptiva en las regiones indígenas.

- Identificar las lenguas y sus variantes, así como las características sociolingüísticas de la población objetivo para adecuar lingüísticamente las intervenciones.

- Identificar, investigar y analizar las desigualdades de género y otras barreras que encontramos en los contextos indígenas. Es necesario y deseable que quienes implementan las acciones y estrategias destinadas a la prevención de embarazo en adolescentes que se desarrollan en contextos indígenas tengan un adecuado conocimiento de las barreras y limitantes que pueden encontrarse y establecer por anticipado las posibles maneras de mitigarlas o reducirlas.