La Habana, diciembre (SEMlac).- La formación y certificación del personal involucrado en la prevención y atención a las violencias de género fue una urgencia reiterada durante un taller de trabajo el 17 de diciembre, que valoró los resultados fundamentales de varias consultas realizadas con actores y profesionales que intervienen en esa ruta de atención.
Convocado por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), el espacio permitió socializar y enriquecer las propuestas derivadas de consultas a operadores del Derecho, personal de la salud, integrantes y equipos colaboradores de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y especialistas de otras disciplinas.
"Nos concentramos en la capacitación, que ciertamente hace mucha falta, pero también debemos avanzar con fuerza en la certificación y en acciones formativas para la atención a las violencias de una manera innovadora, como práctica de entrenamiento", sostuvo la socióloga Magela Romero Almodóvar, profesora de la Universidad de La Habana.
Al ampliar esa idea, la psicóloga Bárbara Zas, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, dijo que se trata de un campo del conocimiento y la práctica en el que no se puede improvisar; de una capacitación certificada y dedicada a la asistencia, que debe contar con una supervisión del proceso, como garantía de calidad y porque se trata de una labor con repercusiones emocionales que deben ser atendidas.
Para la también psicóloga Carla Padrón Suárez, del Centro Nacional de Educación Sexual, deben tenerse en cuenta, igualmente, las buenas prácticas de intervención y protección al personal especializado que interviene en los casos, de cara incluso a reacciones adversas de los agresores contra esos equipos profesionales.
La psicóloga Beatriz Torres, especialista de OAR, presentó los principales resultados de las consultas hechas al personal de la salud, que reconoce la falta de articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de ese sector, así como la escasa capacitación del personal de los centros comunitarios de salud mental, donde son insuficientes o no están completos los equipos multidisciplinarios.
Se constató, además, que faltan recursos materiales y humanos en la mayoría de estos centros, a veces no hay espacios con suficiente privacidad para recibir a las víctimas y hablar del problema, así como que es realmente complicado incorporar los temas de violencia y género en las instancias de la comunidad, señaló Torres.
Las personas consultadas abogaron por diseñar programas de rehabilitación y seguimiento, sistematizar la recogida de información, evitar la revictimización, fortalecer las sinergias y el trabajo con las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC, trabajar en la desnaturalización de las violencias y crear grupos de ayuda a víctimas, así como servicios para trabajar con los victimarios.
Destacaron, igualmente, la importancia de las consejerías especializadas como una opción que puede ser efectiva y rápida, el valor del autocuidado del personal que las integra y la necesidad de homogeneizar el reporte de los casos, entre otras consideraciones.
En tanto, juristas y operadores del Derecho reconocieron que se ha producido un cambio favorable en el campo teórico, el nuevo escenario jurídico en general y la normativa penal en particular, a la par que señalaron la necesidad de actualizar los instrumentos jurídicos cubanos respecto a los internacionales, expuso Tania de Armas, profesora de Derecho de la Universidad de La Habana.
El desconocimiento es una de las limitaciones recurrentes, lo que mella el proceso de acompañamiento jurídico a las víctimas y su acceso a la justicia, agregó la experta, quien señaló también la necesidad de propiciar la interseccionalidad desde las distintas esferas del Derecho, así como la formación en materia de derechos humanos.
Junto a la atención, se necesita poner énfasis en la prevención, pues la mayor parte de las veces los casos de violencia llegan al ámbito jurídico cuando ya se han producido, con consecuencias fatales incluso, y solo queda la opción de aplicar sanciones, sostuvo la profesora.
La consulta con activistas de la FMC en las comunidades apuntó hacia el trabajo de los equipos propios y de colaboradores de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, la necesidad de capacitarlos en técnicas de prevención y manejo de situaciones de crisis y garantizar un trabajo sostenible.
Las sugerencias apuntan, además, a la sensibilización continua como objetivo esencial; no solo para el personal que trabaja directamente con la víctima, sino también para los directivos y otras personas que trabajan y colaboran en esos espacios, valoró María Victoria Castaneda, de la dirección de la FMC en La Habana.
Elaborada ya la propuesta de una guía para la respuesta integral e integrada a la violencia de género, toca ahora trabajar en su implementación, comentó la socióloga Iyamira Hernández Pita, integrante del grupo asesor de la FMC para estos temas.
"El objetivo es poder brindar una atención que sea no solamente oportuna, sino que sea inmediata y que abarque desde el apoyo, la información, la orientación, la protección y el acompañamiento, hasta la recuperación ante episodios violentos", sostuvo.
Estamos frente a una problemática en la cual los elementos de la subjetividad, la cultura y la educación que se necesita transformar tienen un peso extraordinario, pero no son los únicos, reflexionó María del Carmen Zabala, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
En tal sentido, se refirió a la carencia de viviendas o espacios seguros para las víctimas, que a veces deben continuar conviviendo con sus victimarios durante determinados períodos de tiempo, sin que exista otra alternativa, y también aludió a la necesidad de modificar situaciones estructurales que limitan el empleo laboral y la autonomía económica de las mujeres.
Desde una mirada interseccional, Zabala abogó por tener en cuenta las diversas dimensiones que también forman parte de los sistemas de dominación y que están marcando las vulnerabilidades y discriminaciones incluso extremas, como es el caso de la condición económica, el color de la piel y la residencia en zonas rurales, entre otras que refuerzan la discriminación y las violencias.
Mayra Díaz, coordinadora nacional de las Consejerías de la FMC, habló sobre la importancia de dar seguimiento a los casos, lograr que más instituciones y personas se identifiquen, articulen e incorporen a esa atención en el espacio local y llamó a ampliar la mirada más allá de las familias y grupos vulnerables. La violencia de género está presente en cualquier parte y ahora se ha visibilizado más, pero debemos seguir trabajarlo en entenderla y atenderla, señaló.
Otras ideas expresadas durante el taller apuntan al reto que representa el trabajo con hombres; la necesidad de obtener datos y reportes estadísticos uniformes y acordes a los parámetros internacionales; así como contemplar entre las violencias de género y su atención las que viven mujeres trans, lesbianas, bisexuales y personas intersexuales, junto a otros desafíos.
Este taller, resumen de varias consultas, es una de las acciones impulsadas desde el proyecto "Hacia una vida libre de violencias para las mujeres y niñas en Cuba", coordinado por la organización sueca Diakonia, en alianza con OAR y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, que cuenta con fondos de la Unión Europea y la participación de otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y la academia.